Romper con la burocracia y hacer que el Estado sea más ágil y eficiente es una de las obsesiones del ministro de Economía, Gabriel Oddone. El jerarca señala cada vez que puede que ese es uno de los objetivos de su gestión y que el proyecto de competitividad –a estudio del Parlamento– es un primer paso relevante en este sentido.

Si bien le reconocen la voluntad, en el empresariado nacional suelen señalar que la propuesta es insuficiente y que les gustaría que el Poder Ejecutivo pise el acelerador en otras áreas.

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Una de ellas es la del registro de alimentos, cosméticos, productos de limpieza o médicos, cuyas gestiones recaen en las intendencias y los ministerios de Salud Pública y Ganadería, Agricultura y Pesca.

Todas estas oficinas tienen demoras que en algunos casos superan los nueve meses, pese a que hace dos años las intendencias unificaron su sistema para que los productos dejen de tener que registrarse por separado en los departamentos.

El vicepresidente del Congreso de Intendentes, Francisco Legnani, señaló que desde su puesta en funcionamiento, el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev) gestionó 38.048 trámites. Los productos representaron el mayor volumen con 18.000 solicitudes, seguidos por empresas (12.022), vehículos (4.957) y locales (3.069).

Sin embargo, detrás de esas aprobaciones se acumulan miles de pedidos que aún no han salido por distintas razones.

La Intendencia de Montevideo concentra el 74% de todos los trámites de registro de productos ingresados al Runaev y tenía en su bandeja 1.672 pendientes en abril de este año, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por la Asociación de Profesionales de Asuntos Regulatorios del Uruguay (Aparu) a la que accedió El Observador.

Canelones, el otro departamento que concentra la mayoría de los registros –entre los dos acumulan el 85%–, informó que el plazo promedio de las evaluaciones era de 287 días.

Para que un producto sea aprobado, debe pasar por tres evaluadores y la firma bromatológica.

Los datos de Montevideo muestran una relación desproporcionada entre la cantidad que se aprueba por mes y los pedidos que se realizan. A modo de ejemplo, en febrero de 2026 ingresaron 500 trámites y se aprobaron 69. En 17 meses relevados, solo en enero de 2026 la cantidad aprobada superó lo ingresado. Fue un mes anómalo ya que se firmaron 530 autorizaciones, cuando lo máximo anterior eran 166 en agosto de 2025 –ese mes entraron 422–.

En Canelones se da una situación similar. En febrero de este año ingresaron 177 pedidos y se aprobaron 50. En enero entraron 153 y se aprobaron 88. Los meses anteriores habían tenido la misma sintonía.

Representantes técnicos que se dedican al registro de productos dijeron a El Observador que las demoras –en los ministerios, principalmente el MSP– se deben a “exigencias exageradas” ya que muchas veces se piden más requisitos que los que tuvo el autorizador de origen.

En el caso de Salud Pública, señalaron que es “discrecional” para pedir información y que en algunas oportunidades hace solicitudes que están por fuera de la normativa. A modo de ejemplo, mencionaron que para registrar productos de China se les solicitaba un formulario de una autoridad nacional, pero esa autoridad ya había dicho que no daba más esas autorizaciones y correspondían a los municipios.

A su vez, dijeron que hay “cambios de criterios” en el medio del proceso que son arbitrarios y cuestionaron que no se puedan aprobar nuevos aditivos –como la alulosa– porque no está en una lista positiva que se elaboró tiempo atrás.

En el caso del registro de los productos veganos, señalaron que la nueva normativa está por salir hace años y plantearon que el Ministerio de Ganadería también demora unos tres meses en aprobar los productos orgánicos, con el problema de que si estás más de seis meses sin importar tenés que volver a hacer el trámite.

“Los plazos desaniman a cualquier inversor”, resumieron.

La presidenta de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), Magdalena Lorenzo, planteó semanas atrás en el semanario Búsqueda que los tiempos de demora “son excesivos” y consideró que “realmente es un problema” porque implica pérdidas económicas para las firmas que esperan la aprobación del registro para lanzar un producto y pierden la “oportunidad de mercado” debido a la demora del trámite.

Un relevamiento de la Ciali sobre el funcionamiento del Runaev en Montevideo y Canelones encontró “dificultades recurrentes vinculadas a tiempos de tramitación, criterios de evaluación y etapas del proceso”.

De acuerdo al sondeo, los tiempos de aprobación de nuevos registros sanitarios demoran entre ocho y nueve meses para acceder a la primera evaluación técnica, en promedio.

Pequeños pasos

La ley de competitividad que está a estudio del Parlamento busca agilizar algunos trámites. El asesor del ministro Oddone, Álvaro Lalanne, reconoció en la comisión de hacienda de Diputados que para importar cualquier producto sanitario “hay que tener el depósito o la planta ya habilitado, lo que lleva muchos meses, y recién ahí se puede iniciar el trámite de registro”.

“Esta ley desvincula ambas cosas. Obviamente, para operar hay que tener ambos permisos, el de registro y el de la habilitación de planta o depósito, pero no necesariamente de manera secuencial”, anunció.

En el Parlamento, el asesor de la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén (AIMA), Martín Montoro, también habló de demoras de entre ocho y 12 meses para obtener el registro de un producto.

“Es un problema que antecede al Runaev y, lamentablemente, con su creación no se ha podido solucionar adecuadamente. Algunas empresas tardan un año para tener un producto disponible en el mercado. Eso complica la competitividad y los costos”, dijo y pidió “unificaran los registros” con los ministerios y el Latu.

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