El diputado colorado Felipe Schipani informó que este jueves se presentará nuevamente en el Parlamento el proyecto de ley de eutanasia, el cual había sido aprobado por la Cámara de Diputados en el período anterior, pero que no logró avanzar en el Senado. La propuesta cuenta con el respaldo de legisladores de distintos partidos y plantea la posibilidad de que personas con enfermedades terminales, incurables e irreversibles puedan optar por una muerte asistida bajo estrictos controles médicos.
Un proyecto con apoyo transversal
La iniciativa es impulsada por los diputados colorados de Unir para Crecer, varios legisladores del Frente Amplio, Alejo Umpiérrez (Partido Nacional) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente). El texto del proyecto establece que los pacientes que deseen acceder a la eutanasia deberán expresar su consentimiento de manera clara y reiterada, asegurando que la decisión sea plenamente consciente y voluntaria.
Desde Unir para Crecer reafirmaron su compromiso con la causa y expresaron que la aprobación de esta ley significaría un avance en materia de derechos humanos y libertad individual. “Confiamos en que este proyecto contribuirá a una sociedad más justa y respetuosa de las decisiones personales en momentos críticos de la existencia”, señaló el diputado.
Controles y garantías médicas
El proyecto establece un marco normativo con protocolos estrictos para garantizar que la aplicación de la eutanasia se realice con seguridad y ética médica. Entre los controles se incluyen evaluaciones médicas rigurosas, asesoramiento a los pacientes y la intervención de comités especializados que supervisarán cada caso.
¿Qué establece el proyecto de ley?
El articulado de la iniciativa detalla un procedimiento con múltiples controles para garantizar que la decisión del paciente sea libre, informada y reiterada:
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Requisitos: Podrán acceder a la eutanasia personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan una enfermedad o condición de salud crónica, incurable e irreversible que cause un sufrimiento insoportable.
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Solicitud formal: El paciente deberá realizar el pedido por escrito y ratificarlo en varias instancias.
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Evaluaciones médicas: Dos médicos independientes deben certificar que el paciente cumple con los requisitos establecidos en la ley. En caso de discrepancia, se solicitará un tercer dictamen.
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Plazos y control estatal: Se establece un período de espera entre cada etapa del proceso para evitar decisiones impulsivas. Además, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Fiscalía General de la Nación tendrán facultades de control.
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Objeción de conciencia: Se reconoce el derecho de los médicos y equipos asistenciales a negarse a practicar la eutanasia, pero se garantiza que las instituciones de salud brinden el servicio mediante otros profesionales.
Marco legal y antecedentes
El proyecto se inscribe dentro de los principios de derechos humanos reconocidos por tratados internacionales y la Constitución uruguaya. En su exposición de motivos, los legisladores citan la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 7 de la Constitución, que establece la protección de la vida, el honor y la libertad de los ciudadanos.
Además, destacan que varios países han avanzado en la regulación de la eutanasia en las últimas décadas. Entre ellos, Holanda y Bélgica (2002), Luxemburgo (2009), Canadá (2016), España (2021) y varios estados de EE.UU., como Oregón, Washington y Nueva Jersey. En América Latina, Colombia ha sido pionero en la despenalización de la eutanasia desde 1997.
Posiciones encontradas y debate político
El tema de la eutanasia genera posturas divididas en el ámbito político y social. Mientras que algunos sectores defienden la iniciativa como un avance en la libertad individual y el derecho a morir con dignidad, otros advierten sobre posibles riesgos éticos y legales.
