La fiscal de Delitos Económicos Silvia Porteiro interrogó al senador Charles Carrera en la causa por la que el Ministerio del Interior denunció presuntas irregularidades en la atención de la expareja del senador frenteamplista en el Hospital Policial, entre 2010 y 2012, mientras Carrera se desempeñaba como director general de Secretaría en esa cartera.
Según confirmó El Observador con fuentes de Fiscalía, Carrera declaró antes de la feria judicial menor que se extiende entre el 1 y el 15 de julio. Si bien el senador tiene fueros concurrió voluntariamente a declarar por esta causa que se inició en marzo de 2023 ante una denuncia presentada por el Ministerio del Interior.
La fiscal Porteiro que trabaja este caso con la asistencia de Asuntos Internos del Ministerio del Interior como auxiliar, ya cuenta también con varias pericias que solicitó sobre el uso del Hospital Policial por parte de la expareja de Carrera y de otras personas que no son funcionarios policiales. También interrogó en calidad de testigo a varias personas, dijeron las fuentes.
La denuncia del Ministerio del Interior por abuso de funciones
El entonces ministro del Interior Luis Alberto Heber decidió presentar la denuncia luego de realizada una investigación administrativa que concluyó que existieron hechos con apariencia delictiva. Esa investigación se había iniciado en agosto de 2022, luego de que se conoció que Carrera le brindó apoyo a un vecino de La Paloma que recibió un disparo que lo dejó parapléjico mientras transcurría una fiesta en la casa de quien entonces era subcomisario de esa localidad. Ese vecino es Víctor Hernández y fue uno de los que declaró como testigo ante Porteiro.
La denuncia del Ministerio del Interior se enmarca en un caso de abuso de funciones. Además la cartera había ordenado en aquel momento iniciar acciones civiles para ir contra el patrimonio del legislador por los gastos de atención de la víctima, que estimó en US$ 260 mil, había informado El País.
La investigación administrativa constató que la expareja de Carrera había hecho uso de servicios del hospital 42 veces. El Ministerio del Interior entiende que el servicio de Sanidad Policial solamente lo pueden utilizar los funcionarios policiales en actividad y en retiro y familiares de estos, acorde a lo que establece el artículo 140 del Decreto Ley 14.416, de 1974. De hecho, dos funcionarios del actual gobierno que lo utilizaron se vieron obligados a renunciar, uno fue el exdirector de Secretaría Luis Calabria -que hizo una consulta a un médico- y el otro fue el exdirector de Convivencia, Santiago González, por atenderse y sacar medicamentos.
También hay otra interpretación del tema en virtud de que la Ley 13.640, de 1967, determina que “atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario, así como también a los jubilados y pensionistas policiales y familiares a su cargo”.
Carrera había respondido a esa denuncia señalando que formaba “parte de una campaña de enchastre perpetrada con fines extorsivos”. “Mi enfrentamiento con Heber viene porque soy uno de los denunciantes de la entrega del Puerto a Katoen Natie, así como de otros notorios hechos de corrupción de este gobierno. No me van a callar la boca y no voy a ceder ante las extorsiones”, expresó el senador a La Diaria. Agregó que “se hicieron las cosas bien”.
Carrera pidió a Fiscalía que se archive la denuncia
En febrero de este año el senador Carrera había pedido a Fiscalía el archivo de la investigación en su contra. Según consignó El País, Carrera se basó en la defensa que hizo la propia cartera en el juicio reparatorio que inició Hernández al Estado. Planteó que es “insólitamente contradictorio que se alegue buena fe y justicia, como elementos principales de la respuesta que dio el Ministerio del Interior a quien fuera víctima de un accionar irresponsable de un funcionario policial”. “Luego —casualmente tras nuestra denuncia por la entrega del puerto de Montevideo— se nos persigue penalmente invocando razones contrarias a aquellos argumentos esgrimidos oportunamente”, acotó.
El senador acusó al Ministerio de incurrir en “fraude procesal” por hacer “uso abusivo del poder por parte del actual Ministerio del Interior, denunciando a sabiendas, hechos y conductas que, además de no tener ninguna relevancia jurídico penal, fueron calificadas como garantistas y humanitarias”.
