La pareja de Jairo Larrarte, Marcos Ledesma, llegó a un acuerdo con la fiscalía de Delitos Económicos, por el que aceptó la condena por un delito continuado de apropiación indebida a la pena de 24 meses de prisión. La jueza suplente Naama Coccaro convocó a las partes para que asisten este miércoles a la audiencia de imputación y condena, según informaron a El Observador fuentes del caso.
El acuerdo implica que cumplirá diez meses de prisión efectiva, luego serán 14 meses de libertad a prueba en los que deberá estar cuatro meses con arresto domiciliario nocturno y cuatro meses de trabajos comunitarios.
La negociación con los defensores de Ledesma, Enrique Moller y Silvia Cuello, la llevó a cabo el fiscal de Delitos Económicos de Tercer Turno, Gilberto Rodríguez, quien viene subrogando esa fiscalía, junto al fiscal adscripto Franco López que lleva el caso en 1er Turno.
Jairo Larrarte fue condenado en setiembre de 2025 a tres años y ocho meses de prisión por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo.
Al condenarlo la fiscalía señaló que era responsable de una estafa piramidal y que “creó una estratagema dedicada al engaño” con un “montaje” de un negocio ganadero que “se nutría del dinero de los inversores”, con una estrategia de marketing que mostraba “pujanza” y que erradicaba “dudas” hasta de los inversores “más experimentados”. Además, alegó que prometía "rentabilidad alta y los retornos iniciales realizados".
Antes de obtener la condena de Larrarte, la fiscalía había solicitado medidas cautelares para Ledesma y argumentó que la pareja de Larrarte "estaba en conocimiento de toda la actividad" y era parte de la operativa de la empresa.
El entonces fiscal del caso Alejandro Machado dijo que la indagatoria comprobó que "muchos de los manejos de dinero de cuentas bancarias" de Grupo Larrarte "se realizaban a través de Ledesma". Además Ledesma era presidente de Virtin, empresa vinculada al grupo creada para trabajos de genética y venta de ganado de alta calidad.
El abogado de víctimas Juan Pablo Decia dijo a El Observador que le llamó la atención que no se enteraron por la Fiscalía del acuerdo al que se llegó con el indagado. Se enteraron por la convocatoria del juez suplente a la audiencia.
Decia señaló que la falta de comunicación hacia las víctimas, que no son parte del proceso pero tienen el derecho de coadyuvar a la fiscalía, "deja en evidencia que para algunas fiscalías, lo que diga u opine la víctima del delito no importa". A su juicio ello "implica ir en contra de unos de los nuevos paradigmas del código del proceso penal".
En el concurso también se lo responsabilizó
La justicia concursal declaró el concurso de la empresa como “culpable” tras evaluar que la conducta de Jairo Larrate provocó la insolvencia del deudor, que actuó con dolo al llevar una contabilidad irregular, ocultar bienes. Además calificó a su pareja, Marcos Ledesma, como cómplice de sus maniobras.
Como había informado El Observador, la jueza María Constanza Farfalla, tomó un informe del síndico Alfredo Ciavattone y consideró que Larrarte fue responsable de la “infracapitalización, la salida indebida de bienes del patrimonio” de la empresa, así como por incumplir "el deber de solicitar el concurso y de la obligación de preparar en tiempo y forma los estados contables anuales", pese a estar obligado legalmente a hacerlo.
La calificación de la jueza implica que Larrarte sea condenado a cubrir con su capital la deuda que asciende a US$ 12 millones además de que lo inhabilitó a administrar bienes ajenos por 12 años asi como a representar a cualquier persona.
Asimismo establece que su pareja fue cómplice de esa conducta, por lo que se lo condenó a reintegrar los bienes a la masa activa asi como a indemnizar los daños y praerjuicios causados, cuya cuantía se determinará en el período de ejecución de sentencia.
El síndo Ciavattone presentó ante la jueza el proyecto de distribución de activos, del cual resultan recuperos de entre 0,30 y 3% por inversor, montos que dan cuenta de la magnitud del esquema ponzi y la escasez de bienes para repartir entre todos los damnificados, había dicho a El Observador la abogada de damnificados Graciana Abelenda.