Junto con la pérdida de confianza en el sector, se fueron sucediendo las denuncia penales y se iniciaron los concursos que terminaron siendo en todos los casos concursos necesarios, con apartamiento de los directores de las sociedades. A dos años de iniciados los procesos judiciales que engloban a 6.200 damnificados por US$ 500 millones, El Observador realizó un repaso por todos los casos.
El entonces fiscal adscripto de Delitos Económicos, Leonardo Rosas, calificó la actuación de Larrarte como una estafa piramidal y dijo que Larrarte “creó una estratagema dedicada al engaño” con un “montaje” de un negocio ganadero que “se nutría del dinero de los inversores”, con una estrategia de marketing que mostraba “pujanza” y que erradicaba “dudas” hasta de los inversores “más experimentados”. Además, alegó que prometía "rentabilidad alta y los retornos iniciales realizados".
La justicia también dispuso medidas cautelares contra Marcos Ledesma (pareja de Jairo Larrarte), y contra Rafael Vinzia (contador de la empresa) que se han ido renovando pero la fiscalía aún no se ha pronunciado sobre su responsabilidad. El caso está en la Fiscalía de Delitos Económicos de 1 Turno, que se encuentra vacante desde que Alejandro Machado fue trasladado en julio a la nueva fiscalía de Cibercrimen. Desde entonces la fiscalía es subrogada por Gilberto Rodríguez, el fiscal de Delitos Económicos de 3er Turno.
En sede concursal, el síndo Alfredo Ciavattone presentó el proyecto de distribución de activos, del cual resultan recuperos de entre 0,30 y 3% por inversor, montos que dan cuenta de la magnitud del esquema ponzi y la escasez de bienes para repartir entre todos los damnificados, informó a El Observador la abogada de damnificados Graciana Abelenda.
República Ganadera
Es la causa que ha avanzado más lento tanto en penal como en concursal.
Los exdirectores Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, entre otras personas que son indagadas por estafa, apropiación indebida y lavado, permanecen en libertad y sin haber sido formalmente imputados. La justicia dispuso medidas cautelares contra Jasidakis y Mussio, quienes continúan con prohibición de salir del país, ahora hasta el 13 de octubre.
Maurio Mussio y Nicolás Jasidakis en Fiscalía (diciembre) junto a uno de sus defensores Eduardo Sasson
Dante Fernández/ FocoUy
También está radicada en la fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno y según dijeron fuentes del caso, se sigue a la espera de un informe de la Secretaría Antilavado sobre los exdirectores de República Ganadera que consideraba fundamental para determinar si incluía entre el elenco de delitos el de lavado de activos. Esa resolución la tomará el fiscal que asuma la titularidad, se supone que a fines de agosto.
En cuanto al expediente concursal, hace algunos días los representantes legales de República Ganadera solicitaron la disolución y liquidación de la sociedad, luego de no lograr alcanzar las mayorías necesarias para aprobar un convenio que habían propuesto y que la sindica Zamira Ayul había calificado de "inviable".
En consecuencia, la sindicatura presentó el proyecto de liquidación de activos, definiendo la venta extrajudicial de la casa en la calle Couture de Carrasco, donde funciona la oficina últimamente (registra una hipoteca, garantizando un préstamo de Scotiabank), un inmueble en Artigas y semovientes. Una vez que los bienes se vendan, Ayul presentará el proyecto de distribución, instancia donde se podrán dimensionar los eventuales recuperos primarios, explicó la abogada Abelenda.
Conexión Ganadera
Sus fundadores y exsocios están imputados desde julio de 2025 por estafa. La fiscalía tiene plazo hasta julio de 2027 para presentar la acusación. En el caso de Pablo Carrasco también se lo imputó por lavado de activos y está en prisión desde entonces en la cárcel de Punta de Rieles. En octubre se le tipificó el mismo delito a su esposa Ana Iewdiukow y pasó a estar recluida en la cárcel de Florida. En tanto, Daniela Cabral sigue imputada solo por estafa cumpliendo prisión domiciliaria en su apartamento del edificio Imperiale en Punta del Este.
Foto: Armando Sartorott / FocoUy
En la última audiencia del 5 de agosto, el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez, informó que está indagando a Cabral por nuevos hechos, por lo que es probable que en las próximas semanas o meses, pida una ampliación de la imputación.
Es el caso de mayor magnitud por la cantidad de damnificados y por el monto de la estafa.
También continúa la indagatoria sobre tomadores de ganado, que figuraban en los contratos como depositarios de ganado que desapareció. Hasta el momento el único de ellos imputado es el titular de Pasfer, Maximiliano Rodríguez, quien había firmado 69 por unos US$ 5 millones a solicitud de Basso. En su caso está en prisión
Actualmente indaga a otros cinco tomadores de ganado: MCO Agro, Agenau, Larregui, El Alfalfar y Don Coraje (Daniela Cabral).
En relación al concurso, hace algunos días el sindico Alfredo Ciavattone presentó el listado de acreedores, inventario de activos y proyecto de distribución. Actualmente está corriendo el plazo que se llama "de manifiesto" en el que los abogados pueden presentar impugnaciones.
El síndico relevó un pasivo total de US$ 387 millones correspondiente a unos 4.300 damnificados, frente a unos activos identificados de US$ 115 millones, la mayoría de ellos incobrables.
Previamente, más de 3.700 personas (representativas de un porcentaje superior al 85% de los créditos totales) suscribieron acuerdos transaccionales con la sindicatura, por lo cual en el corto plazo recibirán entre un 5% y 33% de sus créditos, como recupero primario que surge de la venta del ganado que se pudo recuperar.
Quienes no hayan firmado estos acuerdos, continúan en el proceso concursal, supeditados a lo que resuelva la justicia sobre a quien corresponde el ganado (es decir, si son exclusivamente de sus titulares registrales o de todos los inversores con prescindencia del tipo de contrato que tenían).
Luego de ello, se abrirá el plazo para definir la calificación del concurso. Abelenda dijo que en esa instancia los abogados procurarán que los responsables de la sociedad sean responsabilizados, lo que implica que el concurso se declare culpable y deban responder con su patrimonio.
Portfolio Capital
A nivel penal, la causa también registra pocos avances. Los únicos indagados que son Alejandro Berrutti y su esposa y socia María Jose Argenti permanecen en libertad y con medidas limitativas (prohibición de salir del país, retención de documento de viaje y obligación de presentarse en la comisaría semanalmente).
La fiscalía de Delitos Económicos de 3er Turno designó un equipo multidisciplinario que trabaja en identificar bienes y cuentas tanto en el país como en el exterior.
A nivel concursal, se decretó la disolución y liquidación de sus tres razones sociales: Berrutti y Argenti S.A., Reina Vaca S.A. y Oro Rojo S.A., ya que tampoco obtuvieron las adhesiones necesarias para avanzar sobre una propuesta de convenio que se había presentado. La sindica que es la abogada Stella Borja, tendrá ahora la tarea de poner a la venta los activos de las distintas sociedades.
Según informó Abelenda, se decretó la apertura del incidente de calificación, y comparecerán "a denunciar hechos relevantes para procurar responsabilizar a las personas vinculadas al caso". También buscarán que se declare un concurso culpable.
