La empresa PGA, más conocida como Grupo Larrarte, se presenta en las redes sociales como "Líderes en Inversiones Ganaderas" y ofrece una ganancia fija anual ("ofrecemos a nuestros clientes métodos de diversificación de sus capitales", dice el anuncio). Al día de hoy el aviso sigue apareciendo en lnstagram aunque desde hace meses sus responsables no pueden ser ubicados por los inversores que dejaron de recibir la rentabilidad anual y tampoco pudieron cobrar lo que estipulaba el contrato al vencerse los plazos acordados.
Desde fines de julio nadie atiende en la oficina del Grupo Larrarte SAS en Punta Carretas, en la calle Francisco García Cortinas 2412. Tampoco atienden el teléfono ni responden los mails y eso motivó que un grupo de inversores averiguara ante el Ministerio de Ganadería por la ubicación del ganado que figuraba en los contratos.
Ante esa consulta, el Ministerio de Ganadería les informó que nunca se compró ganado a nombre de los Dicose (registro donde aparece el ganado numerado) que la empresa le entregó a los inversores, lo que motivó que se presentara la denuncia penal primero por los delitos de apropiación indebida y abigeato y luego se amplió al delito de estafa.
La denuncia patrocinada por el abogado Juan Pablo Decia fue presentada en la seccional 10a y en Fiscalía, donde la oficina distribuidora de turnos está en la tarea de asignarla. Pero ya hay otra denuncia presentada por el abogado Santiago Alonso que fue asignada a la fiscal Sabrina Flores.
Según supo El Observador en base a fuentes del sector, desde hace meses corrían rumores y sospechas sobre el futuro de las inversiones dado los "altos retornos" que se ofrecían.
El Observador consultó al Banco Central del Uruguay sobre si estaba al tanto de las denuncias y si tienen potestades para tomar alguna medida. Desde el Área de comunicación, el BCU respondió que "no ha recibido denuncias formales" y recordó a la ciudadanía que "las empresas que ofrecen productos o inversiones orientadas a invertir y ahorrar en ganado o en productos agropecuarios no se encuentran inscriptas en sus registros y consecuentemente no están sujetas a su regulación y control”.
Los contratos y la "tamaña sorpresa"
Según explicó Decia, representante de dos de los denunciantes, los contratos se firmaban por dos años y pasado ese tiempo se podía retirar el total de la inversión. Mientras, los inversores iban cobrando los intereses estipulados en los contratos en una rentabilidad anual del 11,3 % del valor total del ganado en administración.
Decia dijo que a los dos inversores que representa se suman otros cinco que son asesorados por otro abogado. En total los siete invirtieron unos US$ 650.000 en cabezas de ganado.
En el caso de los dos denunciantes representados por Decia invirtieron U$S 100.000 y U$S 50.000 en un contrato firmado el 22 de junio de 2022, y luego U$S 120.000, en otro contrato firmado con fecha 26 de setiembre de 2023.
Decia señaló que durante el primer año pagaron los intereses de la inversión pero en el segundo semestre del segundo año dejaron de pagar. A partir de ese momento, los inversores se empezaron a preocupar y pidieron acceder al ganado para llevarlo a otro predio.
El 1° de agosto pasado se intimó mediante telegrama colacionado al Grupo Larrarte y "con plazo de tres días bajo apercibimiento de denuncia penal, el pago del capital adeudado y su rentabilidad, más ilíquidos". Se comunicó que respecto al contrato de setiembre de 2023 se rescindía unilateralmente y se comunicaba la "voluntad expresa de venta" del ganado y pedía que se indicara en forma precisa la ubicación. Asismismo pedía que se fijara día y hora "para inspeccionar ocularmente la existencia y condiciones del mismo".
El contrato establecía que devolverían los U$S 100.000, y los U$S 50.000 en "una partida sola por medio de transferencia bancaria al finalizar este documento en un plazo de dos años", que se venció el 22 de junio pasado.
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Instagram Grupo Larrarte
Al no responder a la intimación, ni responder los representantes de la empresa, Jairo Larrarte y Lorena Olivera, a ninguna de las comunicaciones recurrieron al Ministerio de Ganadería y Pesca (MGAP).
"Nos encontramos obligados a concurrir al MGAP para averiguar – a través de los respectivos números de Dicose la existencia y ubicación de nuestro ganado. Tamaña sorpresa nos llevamos al constatar que para nuestros Dicose no se arrojan “existencias”, lo que determinaría la inexistencia de ganado de nuestra propiedad, tal como se consignaba en los respectivos contratos".
Según se establecía en el contraro el ganado estaba ubicado en el paraje la Calera, quinta sección del departamento de Rivera. Sin embargo, constataron que el ganado que creían tener no existía.
La rescisión del contrato y la transferencia falsa
En el caso de la denuncia presentada por Alonso hay dos familias afectadas por la estafa, por US$ 50.000 y US$ 35.000, que habían firmado contratos a tres años con una renta anual de 10,3%.
Quienes invirtieron los US$ 35.000 cobraron el primer año una rentabilidad de US$ 3.000 y pico pero al segundo año, ante los rumores de que la empresa tecleaba, pidieron conocer la ubicación del ganado y al enterarse de que no tenían ganado se presentaron en la oficina a reclamar que les devolvieran lo invertido.
Ante esa situación en Larrarte les hicieron firmar un acuerdo transaccional. En ese momento les transfirieron US$ 35 000 a su cuenta de un banco privado pero la constancia resultó ser falsa y no pudieron recuperar nada.
