Está corriendo el plazo de 20 días que tiene el fiscal de Conexión Ganadera, Enrique Rodríguez, para llevar a la justicia los acuerdos que concretó con los tomadores de ganado para que sean condenados por apropiación indebida. Ellos son los titulares de MCA Agro, Agenau, Larregui y El Alfalfar, los que admitieron ante la Fiscalía de Lavado que mientras los contratos referían a determinada cantidad de animales, en sus establecimientos había mucho menos y no pudieron explicar que sucedió con ese ganado por fuera de la explicación de que Basso los engañó y por su forma de ser no podían contradecirlo.
El Observador accedió al audio tomado de la declaración de unos de ellos que declaró en fiscalía el 15 de agosto. El ingeniero agrónomo Martín Mutoni, titular de MCO Agro y uno de los principales "tomadores de ganado" que trabajaba bajo la órbita de la firma de contratos comandada por Gustavo Basso reconstruyó cómo se convirtió en tomador y como se alimentó una "bola" de contratos inflados que no tenian ningún sustento real en los campos donde supuestamente estaba al ganado.
Mutoni dijo que se relacionó con Basso en 2018 y empezó a trabajar como tomador de ganado en 2020.
La llamada del MGAP y los 12.000 animales "fantasma"
Mutoni, que es defendido por los penalistas Homero Guerrero y Laura Robatto, contó que en 2023 concurrió a la regional del MGAP en Treinta y Tresa a retirar los frascos para la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa con su heladera portátil, calculando el insumo para el rodeo real que mantenía en su establecimiento.
Poco después, recibió una llamada directa del entonces director de Sanidad Animal del Ministerio, Martín Altuna, quien le advirtió que la cantidad solicitada era drásticamente insuficiente y que debía retirar dosis para 12.000 animales más.
—Mire, doctor, yo no tengo 12.000 animales más. Yo levanté la vacuna para los animales que tengo en mi declaración jurada y en mi recuento físico—, replicó el productor rural ante las autoridades sanitarias, según su relato en fiscalía.
Ante la discrepancia en los números, que levantó la sospecha sobre la trazabilidad ganadera, el MGAP ordenó un recuento de campo urgente. Mutoni contó que inspectores de la Regional de Dicose fueron a los campos de MCO Agro para constatar la carga real. Luego de supervisar los animales constataron que las cabezas de gandao coincidían con la declaración jurada física de Mutoni, pero no con la información cargada en el Sistema de Información Ganadera (SNIG) donde figuraban cargadas miles de caravanas y dispositivos que jamás habían estado allí.
Ante la pregunta de sus defensores de qué sucedió luego de que las autoridades constataron la faltante de ganado, Mutoni dijo que "simplemente elaboraron un acta. A ellos no tuvimos ni idea, si los multaron".
El productor afirmó que su sospecha es que desde las oficinas de Conexión Ganadera se realizaban "traslados truchos o nacimientos truchos" mediante el acceso al portal del SNIG, cuyo control técnico y administrativo estaba delegado por los inversores en la empresa.
La brecha entre los contratos y el pastoreo
El episodio de la inspección del MGAP es el reflejo de un patrón de funcionamiento estructural que la Fiscalía busca desentrañar: la enorme distancia entre la cantidad de animales prometidos a los inversores a través de contratos de "bono ganadero" y el ganado efectivamente ingresado a los establecimientos.
En el caso de Mutoni como tomador de ganado había firmado 169 contratos que referían a 11.428 animales que deberían estar en sus campos. La inconsistencia resultaba insostenible para la superficie que gestionaba el productor —que llegó a reducirse a unas 2.957 hectáreas en 2024 en el campo La Querida—. Para la sindicatura y las autoridades en el recuento que le pasaron a Fiscalía, el faltante total ronda los 8.605 vacunos en su categoría, equivalentes a más de US$ 8 millones.
Interrogado sobre por qué continuaba estampando su firma en compromisos por miles de cabezas que sabía que no iban a ingresar al predio, el productor adujo un esquema de "asfixia económica" y presiones comerciales por parte de Basso.
Entre esas presiones argumentó que Conexión Ganadera retenía los liquidaciones y los adelantos de capitalización, dejando al tomador sin margen para funcionar. Los adelantos de capitalización eran dinero que Basso le daba en calidad de prestamista para que pudieran afrontar sus costos operativos directos: el pago de salarios a sus empleados (llegó a tener entre 7 y 10 trabajadores) y las deudas con proveedores veterinarios u otros servicios del campo pero según dijo Mutoni les cobraba un 9% de comisión por esos adelantos.
Según su versión, los contratos los firmaba en las oficinas de Conexión en la calle Pereira de la Luz y eran tomados como "intenciones de disponibilidad" o renovaciones donde se duplicaban firmas sobre ganados que ya se habían vendido o cuyo número real había descendido a cifras marginales. Dijo que en algunos momentos pasaba meses sin venir y cuando venía firmaba varios juntos.
El fiscal inisistió en saber qué actitud tomaba cuando se daba cuenta de que la realidad no coincidía con los contratos que firmaba.
—Fui engañado por Basso. Yo me preocupaba por el stock físico de mi declaración jurada. Él me decía: 'Vos preocupate por el físico, hay una cuenta macro'… Nunca imaginé que iba a llegar a una situación de esta magnitud. Hay que ir al Martín Mutoni del 2021 cuando Conexión Ganadera (Basso) era Roberto Carlos y las paquitas, explicó el productor.
Mutoni justificó que en el medio rural el negocio se movía fuertemente por confianza y que Basso era considerado un "caballero" y una garantía en el sector. Por ello, pensó que el sistema terminaría regularizándose sin imaginar el desenlace.
Agregó que en contrapartida, Basso se encargaba de "sofocarlo financieramente" y hablar mal de él en el circuito comercial para que solo pudiera operar comercialmente con Conexión Ganadera, obligándolo a depender de su estructura. Describió a Basso como una persona muy difícil, agresiva e impredecible cuando se le intentaba reclamar ("gritaba, perdía el control").
Ante las reiteradas preguntas del fiscal, que le dijo que no estaba respondiendo a sus preguntas (aunque le aclaró que podía hacerlo) sobre las inconstitencias en los contratos, el productor afirmó que en algunos casos ingresaban lotes de terneros para engorde rápido que permanecían apenas unos tres meses en el campo y luego salían. Sin embargo, los contratos asociados a esas operaciones seguían figurando como activos en los registros de la empresa.
