Neltume Ports (accionista mayoritario de Montecon) anunció días atrás una inversión de US$ 900 millones para la construcción de una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. La noticia no fue celebrada por las autoridades aunque la inversión privada es uno de los pilares que menciona habitualmente el Ministerio de Economía para apuntalar el crecimiento de la economía. El problema es que si el proyecto avanza crisparía nuevamente la relación con Katoen Natie, remediada en 2021 con la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata.
La compañía chilena anunció el miércoles 9 de este mes el proyecto Montevideo Container Terminal (MCT) que previamente había presentado en Presidencia. La iniciativa privada prevé la construcción de una terminal especializada de contenedores con capacidad de movilizar hasta 1.150.000 TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) al año.
Días atrás, el gobierno había anunciado que Neltume Ports había retirado de manera irrevocable un arbitraje presentado contra el Estado uruguayo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
El litigio fue iniciado en mayo de 2024 bajo el argumento que el contrato de extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata firmado entre el gobierno y la belga Katoen Natie (propietaria mayoritaria de la terminal) violaba el Acuerdo de Inversiones entre Uruguay y Chile.
El tiempo pasó, la empresa presentó varios pedidos de aplazamiento para el comienzo del arbitraje y el 19 de agosto informó al Ciadi su intención de no continuar con el juicio internacional.
Días después, el viernes 4 de setiembre, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo en conferencia de prensa que el acuerdo con el grupo chileno era un “triunfo para Uruguay” y agregó que el gobierno no debía compensar, de ninguna forma, a Neltume Ports o Montecon.
Montecon en el puerto de Montevideo
Diego Battiste
Sin embargo, luego del anuncio de inversión de US$ 900 millones casi ni se escucharon voces oficiales. Una de las pocas fue la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry. La jerarca señaló que se enteró del proyecto a través de la prensa y añadió que “en todo caso se estudiará como corresponde hacerlo con cualquier iniciativa privada”.
La poca repercusión sobre el tema contrasta con la intención manifiesta del Poder Ejecutivo de captar inversiones. El más enfático al respecto ha sido el ministro de Economía, Gabriel Oddone. “Estamos contentos porque los indicadores de empleo, de ingresos de los hogares y de reducción de la pobreza son buenos. Venimos bien, pero tenemos que esforzarnos un poco más para mejorar el crecimiento de la economía”, dijo hace semanas en Florida.
La necesidad de mejorar la actividad económica quedó evidenciada este martes con los datos de Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre. En ese período, la economía cayó 0,8% en términos desestacionalizados -en comparación con el primer trimestre del año- y 0,5% en la comparación interanual.
“Tenemos que crecer a un ritmo mayor, para lo que se requiere más inversión. Debemos esforzarnos para terminar de convencer al sector privado que hay una gran cantidad de oportunidades interesantes”, había agregado Oddone días atrás.
Pero lo cierto es que si la inversión de Neltume Ports avanza, en vez de ser una buena señal puede convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno.
La iniciativa privada debe salir de Presidencia y pasar a la órbita del Ministerio de Transporte. Después tiene que llegar a la Administración Nacional de Puertos (ANP) donde se debe tomar una decisión.
La controversia con Katoen Natie
En Bélgica entienden que la extensión de TCP firmada en 2021 protege a Katoen Natie ante la posibilidad próxima de una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo.
Un punto en el que la empresa sustenta esa convicción es la cláusula de estabilidad jurídica. Ese capítulo expresa que “los derechos y obligaciones de Katoen Natie Group bajo el contrato de gestión y el presente acuerdo no deberán verse afectados de manera adversa como consecuencia de cambios normativos posteriores a la suscripción del acuerdo”.
A modo de ejemplo, una resolución de la Administración Nacional de Puertos (ANP) autorizando la iniciativa privada de Neltume Ports sería un cambio normativo que afectaría adversamente el contenido del contrato.
La compañía resalta además que el acuerdo es único e indivisible y por tanto cualquier modificación administrativa parcial o total configuraría una violación. La empresa también incluye en el carácter indivisible el punto que señala que “no se otorgarán nuevas concesiones, permisos ni autorizaciones para instalar ni explotar otra terminal de contenedores especializada” salvo que la operativa en TCP supere el 85% de su capacidad anual durante dos años consecutivos.
Esa cláusula fue anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en febrero de este año, en una misma resolución que validó el resto del contrato.
La extensión de la concesión - que dejó atrás un arbitraje que Katoen Natie había iniciado en el 2019 en el Ciadi por US$ 1.500 millones- fue rubricada bajo el marco del Acuerdo de Inversión entre Uruguay y el Reino de Bélgica. Ese tratado indica que “todo diferendo relativo a las inversiones, entre un inversor y la otra parte será objeto de una notificación escrita acompañada de un memorándum suficientemente detallado, realizado por la parte más diligente”. Añade que en caso de no surgir solución se deberá avanzar en un litigio internacional en el Ciadi.
A su vez, el convenio entre Uruguay y Katoen Natie incluye una cláusula de incumplimientos donde establece que “el incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas en el acuerdo dará derecho a recurrir a las vías que pudieran corresponder, inclusive para Katoen Natie Group las previstas en el tratado (de inversiones con el Reino de Bélgica)”.
