Cuando la oposición puso sobre la mesa la discusión sobre el monto de las multas, el Poder Ejecutivo aprovechó el momento para hablar de otro asunto vinculado y que está generando un dolor de cabeza tanto para el gobierno nacional como para las intendencias: la adulteración de matrículas de forma intencionada para que no sean captadas por los radares de fiscalización u otros dispositivos electrónicos.
El proyecto presentado por tres diputados opositores y aprobado en la cámara baja con el respaldo de casi todos los partidos recogió el guante y avanzó con algunas aristas del tema: aumenta el monto de la multa (pasó de $ 7.688 a $ 28.830) y le da potestades a la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte para aplicar multas a vehículos que circulen con matrícula adulterada en jurisdicción nacional.
Pero mientras espera que el Senado avance con esa iniciativa, el gobierno quiere dar otro paso en este tema y aprovechó la Rendición de Cuentas para introducir un artículo que modifica el Código Penal. El pasaje, incluido dentro del inciso Ministerio del Interior, tipifica como una falta la circulación en un vehículo que no tenga “chapas matrícula”, las tenga “adulteradas, alteradas, ilegibles o colocadas de forma que dificulten total o parcialmente su identificación” o sean de otro vehículo. La falta podrá ser sancionada con entre 7 y 30 días de trabajo comunitario.
“La experiencia operativa y preventiva de los organismos de control ha demostrado que dichas conductas exceden el mero incumplimiento administrativo, configurando maniobras deliberadas orientadas a impedir la identificación vehicular y a eludir los mecanismos de fiscalización y control estatal”, dice el diagnóstico que el gobierno incluyó con el proyecto de la Rendición de Cuentas.
El documento agrega que la adulteración de matrículas está asociada a “evasión de sistemas automáticos de fiscalización de tránsito, el incumplimiento del pago de peajes y tributos vinculados a la circulación vehicular, la obstaculización de tareas de prevención, investigación y persecución del delito, la afectación de los sistemas de videovigilancia y reconocimiento automático de matrículas y la generación de condiciones de impunidad para la comisión de ilícitos”.
El gobierno asegura que la conducta presenta “un claro componente intencional y un relevante impacto sobre la seguridad pública, la seguridad vial y la eficacia de los mecanismos de control estatal” y espera que al tipificar la responsabilidad penal exista un “mayor cumplimiento” de la normativa y eso permitirá la “prevención de delitos, así como la posibilidad de establecer una correcta trazabilidad de los mismos”.
Un proyecto presentado por el diputado blanco Pedro Jisdonian, que está a estudio de la comisión de Legislación y Códigos de la cámara baja, aborda el mismo tema pero hasta ahora no ha tenido avances. La Rendición de Cuentas tiene plazos para ser aprobada.
Tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Transporte ya habían planteado el tema como un problema y desde la Dirección Nacional de Vialidad presentaron números que evidencian la magnitud del fenómeno: más de la mitad de las infracciones que detectan los radares en rutas nacionales no pueden aplicarlas porque “no se puede identificar el vehículo”.
En 2025, dijo el director de Vialidad, Federico Magnone, en el Parlamento, se detectaron 684.375 incidentes sancionables. Esos incidentes luego son depurados –se eliminan, por ejemplo, las ambulancias en emergencias o los patrulleros en operativos– y a partir de esos números el Ministerio de Transporte aplicó unas 113 mil multas a vehículos nacionales y más de 105 mil a extranjeros.
Sin embargo, en 2025 hubo 330 mil multas que no se pudieron aplicar porque la matrícula estaba adulterada, tapada o no existía. Es decir, seis de cada diez incidentes sancionables no se pueden multar por ese motivo.
El Ministerio de Transporte solo tiene datos desde 2024 porque antes no había radares en rutas nacionales pero en las intendencias también tienen detectado el problema. Desde el gobierno de la capital reconocieron el problema y aseguraron que lo tienen cuantificado pero se negaron a dar datos.
Ante la negativa, El Observador realizó a principios de abril una solicitud de acceso a la información pública para conocer cuántas infracciones son detectadas por los radares en Montevideo pero no se pueden aplicar porque no es posible identificar la matrícula. Pese a que ya se vencieron todos los plazos legales, la Intendencia de Montevideo incumplió la normativa y no respondió a la solicitud.
