La justicia imputó a Jairo Larrarte, exdirector del Grupo Larrarte, por los delitos de estafa, apropiación indebida y cheque sin fondo y decretó que cumpla 120 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación sobre lavado o autolavado y mientras se indaga a otros colaboradores de Larrarte que tuvieron participación en las maniobras.
La jueza Marcela Vargas afirmó que la "contundencia" de la investigación contra de Larrarte es "aplastante", ya que se comprobó que "no hay ganado" ni "contabilidad" de la empresa, y dijo que si bien hasta ahora ha comparecido cuando se lo citó, la situación cambió, a favor de la petición de la Fiscalía de Delitos Económicos encabezada por Alejandro Machado, que no estuvo presente en la audiencia.
Leonardo Rosas, fiscal adjunto de Delitos Económicos, aclaró en la argumentación de las medidas cautelares que si bien la prisión preventiva no se estila para este tipo de delitos, les parecía una excepción adecuada para una caso que generó una afectación "severa" a los 172 inversores que lo han denunciado penalmente como a la "confianza pública" del sector ganadero y a la "imagen país".
Además, detalló que existe un riesgo de fuga ya que el imputado vive en un predio rural de Rivera, cerca de la frontera con Brasil, algo que le podía dar facilidad para escapar incluso con prisión domiciliaria y tobillera. Esta situación también fue postulada por los abogados Juan Pablo Decia y Santiago Alonso, representantes de numerosas víctimas.
Decia incluso afirmó que, como Larrarte siguió buscando inversores hasta diciembre de 2024, existe el riesgo de que "en el interior profundo pueda haber un desprevenido que pueda caer" en las manos de Larrarte.
Rosas también marcó que existen distintas personas que podrían estar implicadas en la operativa de Larrarte y que Fiscalía aún no tiene identificadas, y si no está en prisión Jairo podría contactarse con ellos, lo que afectaría la investigación.
El fiscal Machado ya le había anticipado a la defensa del empresario que iba a pedir prisión para el imputado dada la gravedad de la estafa, por lo que el abogado de Larrarte, Enrique Moller, intentó negociar una medida alternativa a la prisión efectiva para su defendido.
En la audiencia, el defensor descartó el riesgo de fuga argumentando que Larrarte vive en el campo, que desde el 25 de setiembre tiene medidas cautelares y "ha comparecido cada vez que se lo ha citado". Incluso, remarcó que el síndico del concurso de Grupo Larrarte habla con su defendido todos los días a las 5:00.
Moller remarcó que Jairo ha colaborado con la investigación, y recordó que este martes el empresario firmó un acuerdo para que sus bienes personales pasen al concurso.
Por todo esto, el abogado pidió que su cliente fuera recluido en prisión domiciliaria con tobillera electrónica en el campo de Rivera, lugar idóneo para que pueda seguir ocupándose del campo junto al síndico. Si no se aceptaba esa locación, ofreció cumplir prisión domiciliaria en un apartamento de Montevideo.
Luego de escuchar los argumentos de todas las partes, la jueza Vargas se dirigió a Larrarte y le reconoció su colaboración, pero enfatizó que "los argumentos son contundentes para los riesgos" procesales. "Si usted va a Rivera con tobillera usted se puede ir", le espetó.
Incluso, Vargas le indicó que "es de suponer que los US$ 12 millones" faltantes de la empresa no están en Uruguay, y si él va a prisión domiciliaria "los puede movilizar". "Además hay otras personas (otros indagados) que están actuando en la vida social que usted puede torcerle su declaración", continuó.
"Sabiendo que el dinero compra a la personas, que usted es una persona audaz para los negocios el evento que razonablemente (sucederá) a mí juicio es que usted se va a sacar la tobillera electrónica y se va a ir", le dijo la magistrada a Jairo.
Camilo Silvera, abogado de damnificados de Conexión Ganadera, dijo a El Observador tras el cierre de la audiencia dijo que la formalización de Larrarte "va a traer más personas al proceso", y cree que sentará un precedente para los responsables de República y Conexión Ganadera.
El defensor indicó que por las similitudes operativas de las tres empresas, y por existir riesgos similares para sus responsables, los otros casos se acelerarán tras este precedente. Incluso, agregó que Larrarte era la empresa con menos inversores y menos ganado de las tres, lo que resalta la posibilidad de un destino similar de prisión preventiva para los demás directores.
Los argumentos de Fiscalía para pedir la formalización de Jairo Larrarte
Ante la presencia de varios abogados de los damnificados de la empresa, el también fiscal adscripto de Delitos Económicos Franco López explicó que Larrarte generó una "estrategia" y transmitió una "realidad falsa de negocio exitoso" ocultando "su intención de lucro" para inducir en errores "de todo tipo" a las víctimas, lo que consuma el delito.
Para la Fiscalía, Grupo Larrarte nunca tuvo la "intención de llevar adelante una actividad productiva organizada", solo generar la "apariencia" de ello", y criticó que Larrarte incluso llevaba a los inversores a los campos para "mantener" esa imagen.
López también argumentó que Jairo "se apropió de dinero que le fue entregado usándolo para provecho para si mismo", y recordó que utilizó US$ 250.000 de la empresa para la ejecución del laboratorio Virtin, dedicado a estudiar la mejora genética de ganado. Para el adscripto, ese dinero fue "sustraído del patrimonio de la empresa" para un "beneficio económico a si mismo".
Además, desde Delitos Económicos detallaron que el dinero de los inversores ingresaba a la cuenta de Larrarte y solo el y su pareja tenían acceso, y desde allí el empresario "lo transfería a su cuenta personal".
La Fiscalía también recordó especialmente el informe del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) del Ministerio de Ganadería, que constató una desorganización generalizada de animales y predios del Grupo Larrarte. Agregaron que en su momento máximo llegó a tener "9.000 cabezas de ganado" cuando "debió tener más de 16.000".
El fiscal mencionó varios ejemplos de inversores damnificados como el caso de un cliente que invirtió US$ 460 mil y cuando fue al SNIG tenía tres vacas, o el de otra mujer que tras haber invertido US$ 130 mil, se encontró con que tenía una sola vaca a su nombre, ambos eran representados por el penalista Jorge Barrera.
Por otra parte, el fiscal López marcó que todavía falta la declaración de la pareja de Larrarte.
La falta de ganado y la decisión de continuar captando inversores
Según lo que decía el propio fiscal Machado en la audiencia en la que interrogó a Larrarte, la fiscalía recibió casi 100 denuncias, que refieren a más de 160 inversores víctimas, en lo cual surge que desde los años 2020-2021 y 2024, se firmaron contratos de administración y rentabilidad por más de US$ 12 millones, los cuales involucraban a más de 16.000 cabezas de ganado.
Pero, del informe del Ministerio de Ganadería, luego de las inspecciones que se realizaron en los campos, se encontraron 3.551 cabezas de ganado. Larrarte dijo que “no se logró comprar el 100% de las cabezas de ganado que estarían firmadas por contrato… La empresa nunca tuvo esa cantidad de cabezas de ganado”. Afirmo que “se llegó a tener unas 8.500, 9.000 cabezas de ganado aproximadamente”.
En las audiencias, Larrarte también admitió que en 2023 su empresa decidió seguir captando inversiones a pesar de que en esas fechas ya habían comenzado los problemas económicos, con "la intención de poder solucionar el problema".
