Luego de la octava audiencia de control de acusación previo al juicio al exlegislador nacionalista Gustavo Penadés, imputado por múltiples delitos sexuales, su familia publicó un comunicado titulado "Cuando todas las respuestas son no", por el que expresó su indignación e impotencia frente a las decisiones adoptadas por la justicia y reiteró que se quebrantan las garantías del debido proceso.
“Hay momentos en los que la indignación deja lugar a algo mucho más profundo: la impotencia. Lo ocurrido en la audiencia de ayer (por el jueves) es de una gravedad que no podemos dejar pasar”, comienza señalando la comunicación familiar.
El foco del reclamo apunta directamente a la admisión de testimonios en la causa. Los familiares calificaron de "particularmente alarmante" que la sede diera cabida a una declaración vinculada a presuntos hechos ocurridos cuando Penadés era menor de edad. "¿Con qué fundamento y con qué rigor se pretende utilizar supuestos episodios de esa infancia para comenzar a construir una personalidad y un perfil sobre él?", cuestionaron.
La jueza de garantías Marcela Vargas admitió la declaración de F en calidad de testigo en el juicio, luego de que la fiscal de Delitos Sexuales Isabel Ithurralde argumentara en la audiencia que ese testimonio expone un patrón de conducta y abuso de poder continuado en el tiempo. Ithurralde precisó que en 1980 Penadés rondaba los 15 años y el testigo tenía alrededor de 9 o 10 años, configurando una clara asimetría de edad punible. Agregó que el análisis de la personalidad por la vía testimonial se tornó necesario luego de que Penadés se negara en su momento a ser evaluado por los peritos del Instituto Técnico Forense (ITF).
La familia cuestiona también la validez del testimonio del policía Federico Rodríguez, también aceptado por la jueza en la última audiencia. Según apuntaron, la jueza catalogó como “horrible administrativamente” el procedimiento por el cual la anterior fiscal Alicia Ghione le facilitó discos con información de los celulares incautados a Penadés y a Sebastián Mauvezín de manera previa a su declaración formal. No obstante admitió que su declaración ingrese al jucio.
“¿Quién nos da la tranquilidad de que su declaración no está viciada? ¿Quién nos da la certeza de que este testigo no compartió el contenido con el resto de los testigos? ¿Dónde quedan las garantías?”, reprocharon.
Para el entorno del exsenador, la tónica del proceso viene marcada por una constante desestimación de sus recursos: “Llevamos demasiado tiempo viendo cómo nuestros planteos, nuestras preocupaciones y nuestros cuestionamientos parecen no encontrar respuesta. La sensación es devastadora: hagamos lo que hagamos, planteemos lo que planteemos, la respuesta parece ser siempre NO”.
Y concluyeron: “No vamos a resignarnos al silencio. Cuando todas las respuestas son no, lo que queda en juego ya no es solamente un proceso judicial, es la confianza en la Justicia”.
La advertencia de Juan Fagúndez sobre los límites a la defensa y el peso del "secreto"
El abogado penalista Juan Fagúndez analizó el escenario jurídico y coincidió en que existen restricciones desmedidas hacia la defensa de los imputados. En declaraciones al canal Fix, el profesional consideró que en esta causa "hay una exageración en las limitaciones a la defensa sobre la actividad, decisiones y realidades de lo que han manifestado las víctimas".
Fagúndez graficó las dificultades operativas que impone la reserva absoluta de identidades: "Estás siendo acusado por alguien que no sabés el nombre, la edad; dice que te conoció en tal lado, a ese lado nunca fuiste y no sabés si hay algo atrás de eso".
El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, Juan Fagúndez
Inés Guimaraens
En esa línea, lanzó una dura interrogante sobre el desarrollo del litigio: "Vos querés ganar el juicio, entonces limitás los derechos. ¿De qué depende que te condenen? ¿De llegar a la verdad o de que la verdad se construya en base a secretos?".
Aunque aclaró que no forma parte de la defensa técnica del expediente, el especialista reparó en aspectos temporales y materiales del proceso. Señaló que no le convence que "se traigan a esta era cosas que, cuando sucedieron los hechos, no eran perseguibles" y recordó que "ya fue sobreseído sobre una víctima en la que se pudo demostrar las inconsistencias. La pregunta es: ¿habrá más inconsistencias?".
Finalmente, Fagúndez aludió al componente reparatorio que contempla la legislación actual en estos procesos como un factor distorsivo: "Estos juicios tienen un cuartito económico importante que puede ser una motivación. Doce sueldos o doce salarios mínimos que, en esta era, pueden llevar a exagerar las cosas o a falsearlas totalmente", concluyó.
