“Lo inconveniente es que una ley no debería poner contenidos a la ANEP, que constitucionalmente tiene rango de autonomía", explicó el futuro ministro
El ministro designado de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, se mostró a favor de restringir el uso de celulares en las escuelas, aunque considera que la medida debe aplicarse desde la educación y no mediante una ley.
El futuro secretario de Estado fue consultado el pasado martes sobre la propuesta del legislador colorado Maximiliano Campo, que plantea prohibir el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos con fines no pedagógicos en escuelas y liceos.
Mahía expresó su desacuerdo con la iniciativa, señalando que una ley no debería imponer contenidos a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ya que esta cuenta con una autonomía técnica establecida en la Constitución.
“Lo inconveniente es que una ley no debería poner contenidos a la ANEP, que constitucionalmente tiene rango de autonomía técnica muy profunda”, argumentó.
En ese sentido, sostuvo que la normativa no debería interferir en decisiones que corresponden exclusivamente al organismo educativo, expresó su respaldo a la prohibición del uso de celulares, pero cuestionó que la medida se implemente a través de una ley.
El diputado del Partido Colorado Maximiliano Campo presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos portátiles durante las clases, el recreo y los intervalos.
La modificación busca que la medida sea para todas las instituciones de educación inicial, primaria y media dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
El documento propone también que sea la ANEP la que promueva campañas de sensibilización dirigidas a estudiantes, familias y docentes sobre los efectos “del uso excesivo de pantallas y el impacto en la salud mental, física y psíquica” de los estudiantes.
En los motivos, Campo argumentó que existen estudios que han comprobado que la “sobreexposición a pantallas puede afectar la capacidad de atención, alterar los patrones de sueño y generar dependencia digital”.
A su vez, el legislador entiende que no se puede evitar “el contacto cara a cara” dado que es la clave del “proceso educativo”.
“Si no regulamos adecuadamente el uso de dispositivos en el aula, corremos el riesgo de perder estos espacios de interacción que son esenciales para la formación integral de los estudiantes”, añade el documento.
Campo puso como ejemplo que países como Reino Unido, Francia, China o Italia han “optado por establecer mecanismos de regulación durante las horas de clases”. A su vez, mencionó a Brasil y Argentina, que también dispusieron normas en este sentido.
“Otro factor a tener en cuenta es la creciente problemática relacionada con la ludopatía digital, el ciberacoso y la violencia digital, por lo que resulta menester la adopción de medidas urgentes de políticas públicas, destinadas al abordaje de manera efectiva sobre el uso de dispositivos digitales”, sostiene Campo sobre el final del proyecto.
