Que si sólo pueden atenderse en el Hospital Policial policías y sus familias, que cuál es la norma que lo determina, que si existen autorizaciones especiales y quién las autoriza, que si en base a estas se permitió que otros civiles se atendieran, que si la Red Integrada de Efectores Públicos (Rieps) permitía a Víctor Hernández atenderse allí por provenir de ASSE ya que había estado en el Hospital de Clínicas, que si existía discrecionalidad del director de Sanidad Policial para conceder esta atención…
Sobre esos temas versó el tercer día de juicio oral contra el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, acusado por los delitos de fraude y uso indebido de información privilegiada por los que la fiscalía le pide 4 años de prisión. Se lo señala por ser el responsable de la decisión de internar a Hernández —quien quedó paralítico al recibir un disparo en 2012 frente a la comisaría de La Paloma— durante tres años y medio en el Policial y entregarle 36 tickets mensuales de $ 20.000 con lo que se generó un daño patrominial al Estado.
Este jueves prestaron testimonio ante el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante como testigos de la fiscalía el exdirector nacional de Sanidad Policial Julio Rappa y la subdirectora técnica Dahiana Farto, quien en 2013 fue directora del Departamento de Enfermería. Ambos fueron los encargados de elaborar el informe sobre los costos generados por la atención a Hernández, solicitado por el exministro del Interior Luis Alberto Heber en mayo de 2022.
También declararon la psiquiatra Dina Cáceres, que evaluó una vez a Hernández, en 2014, a pedido del médico internista que lo atendía, y el perito informático de Policía Científica Agustín Alfaro. El técnico corroboró la integridad y trazabilidad del pendrive remitido por Asuntos Internos que contenía el listado de medicación suministrada a Hernández.
El cruce con la defensa por la atención a civiles incluido el hermano de la jerarca
Rappa y Farto ratificaron el reporte que detallaba las prestaciones dadas a Víctor Hernández y a su hermano acompañante, que incluyeron la internación entre 2013 y 2017, la hotelería, los traslados a Rocha algunos fines de semana y a fin de año, interconsultas, cirugías oftalmológicas y fármacos le generaron un gasto a la administración de $ 5,2 millones de la época, que ajustados por IPC al valor de mayo de 2022 trepaba a $ 9,4 millones ($ 453.323 actualizados en medicación).
Las preguntas de la fiscalía a sus testigos se enfocaron en demostrar que la atención del Policial se circunscribe a policías en actividad o retirados y familiares directos. Farto indicó que también existen convenios de venta de servicios con prestadores como el BSE, BPS o mutualistas.
Audiencia por el juicio oral y público a Charles Carrera
Armando Sartorotti /FocoUy
La licenciada en enfermería, con experiencia en gestión de salud y recursos humanos, explicó que el Policial es un "hospital de agudos" donde los pacientes ingresan por una patología o dolencia concreta. En el caso de Hernández, dijo, no tenía un cuadro agudo, por lo que no requería control médico ni de enfermería diario (los médicos internistas entendían que no tenía lógica verlo todos los días) y su indicación era únicamente bajar dos veces al día a fisiatría para rehabilitación.
En el caso de las autorizaciones especiales dijo que se otorgan para situaciones particulares de personas que son funcionarias o tienen vínculo con alguien que les genera el derecho (por ejemplo, un hijo que cumple 22 años días antes de una consulta, o policías del interior que se atienden en FEMI pero requieren una medicación de alto costo u operación compleja que su mutualista no cubre). Afirmó que la potestad de firmarlas corresponde al director o subdirector nacional, que desconocía si existía una normativa escrita previa y que el de Hernández fue el único caso del que tuvo constancia en que se atendiera a alguien que no era usuario.
Sin embargo, la defensa buscó demostrar que el elenco de beneficiarios sin vínculo policial era mucho más amplio. Sorprendió a la propia Farto al sacarle a relucir el nombre de su hermano, quien fue operado en el Hospital Policial con un día de internación. Ella aclaró que el procedimiento se canalizó a través del Casmu (su prestador privado) bajo la modalidad de venta de servicios debido a que debía realizarse con cierta urgencia y que la mutualista no tenía fecha disponible en ese momento, mientras que el Policial sí tenía. Indicó que la autorización especial fue otorgada por el exdirector Leonardo Anzalone.
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Ante la repregunta de la Fiscalía sobre quién cubrió los costos, señaló que el trámite se hizo a través del Casmu y que supone que la mutualista pagó por el servicio.
Cuando Decia le preguntó en qué año había ocurrido la operación, la testigo respondió que se trató de un tema puntual y no recordó la fecha exacta, aunque aclaró que mientras ella se desempeñó como directora de Servicios el Casmu no le compraba servicios al Policial.
Consultada sobre la atención de otros civiles que se atendieron en Sanidad Policial, Farto sólo recordó al ministro Eduardo Bonomi, una vez que llegó a la emergencia porque se había "descompensado". Rappa en tanto mencionó a la esposa de Bonomi, Susana Pereyra y al exdirector de Secretaría de Jorge Larrañaga, Luis Calabria, quién renunció luego que trascendió que se atendió allí.
Rappa y Farto no supieron citar una norma en la que se establecen las autorizaciones especiales aunque recordaron que en 2020 cuando compartían la dirección técnica del hospital decidieron protocolizarlas. Esa explicación le sirvió a la defensa que viene sosteniendo que en 2013 cuando se decidió internar a Hernández la decisión era discrecional y la determinaba el director de Sanidad Policial, que en esa époa era Leonardo Anzalone.
Los abogados cuestionaron también que al calcular los costos en el informe de 2022 no se hubiera tenido en cuenta que Hernández era usuario de ASSE derivado desde el Hospital de Clínicas, ni los mecanismos de complementariedad de servicios de la Rieps. Asimismo, remarcaron que figuraba en los registros como "no usuario", por lo que nunca se lo hizo pasar por policía como ha dicho la fiscalía.
Farto afirmó que aunque es cierto que existe esa complementariedad de servicios (Rieps), en la práctica no funciona como tal en el caso de ASSE porque el organismo estatal no paga lo que debe, y sostuvo que ante un usuario de ASSE corresponde derivarlo a su prestador o trasladar los costos previamente para ver si acepta cubrirlos.
Psiquiatra: "Hernández había hecho de la sala del Policial su casa"
La psiquiatrá Cáceres relató que fue convocada por el médico internista debido a la internación prolongada del joven de 29 años, quien llevaba alrededor de un año residiendo allí sin antecedentes previos. Opinó que no le parecía positivo para un hombre joven permanecer tanto tiempo internado sin adaptarse a la vida fuera del hospital. Evaluó que el paciente experimentaba una "sobre adaptación", obteniendo "beneficios secundarios" que lo compensaban y dificultaban su externación. Por ello, recomendó apoyo psicológico.
Cáceres describió que Hernández "había hecho de la sala su casa", dándole características de confort propias de alguien que habita un lugar hace tiempo. Enumeró que tenía una bandera de un cuadro de fútbol en la cabecera de la cama, una bandeja con frutas y un equipo de audio. Agregó que convivía allí con su hermano, que ambos salían del hospital y traían comida (contaba con autorización médica para salir), y que el paciente no quería irse.
En ese sentido relató que Hernández tampoco tenía las características de un paciente internado habitual con padecimiento y que no permanecía en su habitación, sino que deambulaba por el piso. Explicó que esa situación les generaba preocupación y les parecía "de cuidado", especialmente porque en el sector había una paciente joven internada tras un accidente de moto.
Ante preguntas de la defensa, Cáceres admitió que era vox populi y conocido por todos que Hernández no era funcionario policial. Sin embargo, explicó que eso no le llamó la atención porque los médicos no suelen preguntar los motivos administrativos de ingreso y porque en el Policial el 50% de los pacientes no son policías sino civiles dado que se atiende a los cónyuges, exes, concubinas, hijos.
Por qué no se transmite el juicio de Carrera por streaming de APU
Al comienzo de la audiencia el juez Asteggiante le pidió a las partes que dieran su opinión sobre el planteo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) de transmitir por streaming las audiencias del juicio. La fiscalía y la defensa coincidieron en que no es recomendable que los testigos escuchen los testimonios de otros testigos porque eso puede entorpecer la etapa probatoria y puede tener consecuencia en la tramitación del juicio.
El juez Asteggiante decretó entonces una reserva parcial que implica que periodistas puedan presenciar la audiencia pero no podrá ser transmitida en su totalidad. Aclaró que sí permitirá que APU transmita audiencias en las que se leerán documentos.