18 de noviembre de 2026 8:49 hs
  1. La segunda jornada del juicio oral contra el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior y exsenador Charles Carrera estuvo marcada por un desfile de exjerarcas y abogados de la cartera que dijeron cosas que tanto la fiscalía como la defensa querían escuchar.

Al declarar ante el juez Alejandro Asteggiante, responder a las preguntas de la fiscal Sandra Fleitas y su equipo, y a las repreguntas de la defensa liderada por Juan Manuel González, los testimonios también mostraron contradicciones en puntos clave: desde quién autorizó los beneficios que recibió Hernández, quién se los comunicó, las ideas que se manejaron, hasta la filiación política del hombre baleado y las motivaciones de la denuncia penal.

El juicio investiga las presuntas irregularidades administrativas y el uso indebido de recursos públicos tras autorizar que el civil Hernández —quien quedó paralítico al recibir un disparo en 2012 frente a la comisaría de La Paloma— fuera internado de forma excepcional durante 1.250 días en el Hospital Policial (un centro exclusivo para funcionarios policiales y sus familiares) y percibiera una partida mensual de $ 20.000 en tickets alimentación proveniente de los fondos destinados a las canastas navideñas del personal de menores ingresos.

¿Quién dio la orden? El dedo apuntando a Carrera

El origen de las prestaciones fue foco de tensión entre las partes en los interrogatorios. La exdirectora de Asuntos Internos durante la gestión de Eduardo Bonomi, Stella González, declaró que recién en 2022, con la comisión investigadora parlamentaria, supo de las órdenes para entregarle los ticket a Hernández firmadas por Carrera.

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Esa afirmación fue respaldada luego por el exministro Luis Alberto Heber y por la directora del Departamento Contencioso del Ministerio del Interior, Silvia Carbajal. Heber aseguró que la directora de Tesorería exigía una orden expresa todos los meses "para cubrirse en función de que estaba mal hecho" y que las órdenes a las que accedió y vio llevaban la firma de Carrera.

Carbajal añadió que los tickets provenían de una partida destinada a las canastas navideñas de los funcionarios de menores ingresos, cuyo tope máximo era de $ 10.000, la mitad de lo que percibía Hernández, lo cual había llamado mucho la atención.

Lo que no quedó claro es quién dio la orden de la atención en el Policial. La defensa le preguntó a González si podía haber sido Bonomi, ya que maneja esa teoría como línea de su investigación. Sostuvo que no sabía si Bonomi estaba al tanto de la situación ni si le había encargado a algún funcionario darle dinero a la víctima, aclarando que el exministro "nunca me dijo nada" al respecto.

La fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas junto a las fiscales adscriptas Valeria García, Romina Cabrera y la fiscal de Litigación Valeria Bovio (de espaldas); al fondo el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante

La fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas junto a las fiscales adscriptas Valeria García, Romina Cabrera y la fiscal de Litigación Valeria Bovio (de espaldas); al fondo el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante

Cuando González le mostró que ella habia declarado en el juzgado de Rocha que “la resolución la tomó el ministro”, ella aclaró no saber si se había referido a que siguieran atendiéndolo o a la orden inicial. Luego dijo que el ministro "era el responsable así que supongo que sí" estaba al tanto.

El testimonio de Heber y el intento de la defensa de demostrar la intencionalidad política

El testimonio de Heber aportó el costado más político de la jornada y generó cruces directos con los abogados defensores. El exministro relató que en enero de 2022, durante una recorrida por comisarías de Rocha, el entonces alcalde de La Paloma (del MPP) le pidió una audiencia para presentarle a Hernández.

Contó que el encuentro se produjo "abajo de un árbol" y allí Hernández le contó que era militante del MPP pero que estaba muy enojado por su situación, que había estado internado tres años y medio en el Hospital Policial cobrando una partida mensual. En relación a la filiación política de Hernández, a su turno González había dicho que no la conocía pero que la madre había sido casera de Carlos Julio Pereyra (el líder blanco del Movimiento Nacional de Rocha).

Cuando el defensor de Carrera le leyó el chat en el que Heber le comunicaba haber encontrado "una punta interesante" sobre el caso y le pedía tiempo, el exministro admitió que le había dado su número de celular personal y mantuvo algunos intercambios por chat con él, donde el hombre le reclamaba respuestas porque su demanda civil contra el Estado estaba por perderse.

"No éramos socios de tapar nada", se defendió Heber, argumentando que la internación y los pagos irregulares eran "una punta, un hilo" que demostraba una presunta responsabilidad política detrás del caso.

La defensa cuestionó con varias preguntas que, ante el reclamo de una víctima por una investigación policial deficiente en 2012, la respuesta del ministro había sido radicar una denuncia penal contra Carrera en julio de 2022 —sin siquiera esperar a que terminara la investigación administrativa en 2023—.

A continuación el codefensor Eduardo Decia insistió: "¿No consideró reabrir esa causa y hacer una nueva investigación? O sea que lo único que hizo para ayudar a Víctor fue esta denuncia?" (contra Carrera).

Del otro lado la fiscal Fleitas miraba al juez señalando que le habían hecho la misma pregunta tres veces.

Heber insistió en que hizo lo que Jurídica le recomendó y señaló al informe de las abogadas Carbajal y Rivero, quienes recomendaron en 2022 hacer una investigación administrativa más profunda y radicar denuncia en Fiscalía.

Sin embargo, ante el interrogatorio de la defensa, Carbajal precisó que ella nunca le dijo textualmente a Heber "haga la denuncia", sino que advirtió sobre la existencia de "presuntas irregularidades que ameritaban el inicio de una investigación administrativa" y añadió que, "de sentirse [el jerarca] suficientemente instruido", podía poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

La testigo agregó que tener autonomía técnica es distinto a tener independencia ya que responde a las órdenes de sus jerarcas por eso señaló que cada vez que le pedían que ampliara la denuncia (el ministro o el subscretario Guillemo Maciel) "pedía la orden por escrito".

Los testigos esperan para declarar: el exministro del Interior Luis Alberto Heber y la directora de Jurídica Silvia Carbajal

Los testigos esperan para declarar: el exministro del Interior Luis Alberto Heber y la directora de Jurídica Silvia Carbajal

Esa contradicción llevó a la defensa de Carrera a pedir un careo entre ambos pero el juez Asteggiante le dijo a González que no estaba previsto en el auto de apertura por lo que de momento no lo consideraba.

Otros civiles que se atendieron en el Policial a los que se les reclamó

Heber dijo que cuando se hizo la investigadora parlamentaria por este tema se le pidió como ministro un informe de los civiles que se habían atendido con anterioridad. "Ahí surgió lo de Santiago González (director de Convivencia de la época de Heber que debio renunciar), la señor de Bonomi, Carrera, la señora de Carrera, se instruye que personas hagan devolución de lo que implicó el costo y muchos de ellos pagaron, no sé si todos".

Por su parte, Carbajal explicó que se llegó a transacciones con varios de los civiles que usaron en Policial y no les correspondía, entre ellas el propio Carrera "que pagó $18.000, con (la vuida de Bonomi, Susana) Pereira se llegó a transacción por cien mil pesos y pico, con Fernando Gil (exdirector de Comunicación del MI) la demanda era por $500 mil y ofreció pagar $100 mil".

Consultada sobre las autorizaciones especiales que se otorgan en el Policial dijo que atienden a cuatro hipótesis y ninguna era la de Hernández: un menor a cargo de un policía en proceso de tenencia o adopción; mayor de 21 años que esté en tratamiento médico; el padre o madre de un funcionario que gane menos de un salario mínimo nacional; o en caso de que falleciera el funcionario fuera destituido y el hijo o cónyuge estuviera en tratamiento. Además hay dos casos que no se sabe por qué se otorgaron porque no hay registro que tuviera vínculo con un policía.

El apartamento prometido y las visitas al Policial

El relato de la exdirectora de Asuntos Internos chocó con el brindado en la jornada anterior por Daniel Hernández, hermano de la víctima, quien había asegurado que el día que les dieron el alta en el Hospital de Clínicas, Stella González les propuso ir al Hospital Policial en forma provisoria para que Víctor continuara su rehabilitación en Montevideo, mientras le prometió conseguirle un apartamento.

González dijo que nunca concurrió al Hospital Policial a ver a Víctor Hernández y aseguró que recién se enteró de su internación allí dos meses después por boca de la madre. Si bien admitió haber tenido una "conversación informal" sobre la posibilidad de conseguir un alojamiento para tratamientos ambulatorios, negó haber hecho gestiones o promesas, y aseguró que tal vez pensó en derivarlo a una asociación de víctimas (Asfavide), pese a que la defensa le remarcó que dicha entidad solo atiende casos de Montevideo.

González también trastabilló respecto a sus contactos con la familia y las reuniones con el exministro Bonomi. Aunque inicialmente dijo no saber si el ministro se había reunido con los familiares, la defensa le exhibió una declaración previa donde admitía que Bonomi sí había mantenido encuentros con la madre de Hernández.

Exdirectora de Asuntos Internos Stella González

Exdirectora de Asuntos Internos Stella González

Ante una pregunta de fiscalía declaró sobre la reunión entre Carrera, el abogado del ministerio Florio con la madre y Daniel Hernández que este grabó —grabación que fue rechazada como prueba en el juicio—. Como González participó de la reunión, el juez le permitió que hablara sobre ese encuentro al que dijo que llegó cuando ya estaba empezado y los ánimos estaban "soliviantados" por roces entre la familia y los funcionarios del Hospital Policial.

Sobre el hecho policial, González dijo el subcomisario había cometido irregularidades porque no había asistido a la víctima, no había cruzado la calle. Por otra parte, lamentó que no pudieron concluir el origen del disparo, que "por los indicios había salido de la casa del comisario" pero la pericia balística no "había sido hecha con la debida diligencia" e indicaba que "la bala había salido de la parte alta de un pino", lo cual era "casi imposible". Relató que cuando le pidieron el sumario al policía pidió el retiro.

La paradoja de la defensa del Estado

El cierre de la jornada con los abogados del Ministerio del Interior, Silvia Carbajal y Marcelo Pereira, confirmó una contradicción institucional que ha planteado la defensa de Carrera. Mientras las autoridades políticas denunciaban el hecho como un delito, los abogados de la cartera debieron defender al Estado en el juicio civil iniciado por Hernández en 2016 bajo el argumento de que la asistencia y los tickets se habían otorgado por "razones humanitarias" y de buena fe.

Pereira, quien llevó adelante la defensa del ministerio ante la demanda de Hernández, reconoció que cuando se enteró de la internación de Hernández y del pago de los ticket, en 2016, elevó una nota pidiendo el cese inmediato de esas prestaciones en el entendido de que no correspondían a un civil y debilitaban la defensa del Estado frente a la "teoría del acto propio", por la que la víctima alegaba que el otorgamiento de esas prestaciones implicaba un reconocimiento del daño causado por policías.

Sin embargo, admitió que usó el argumento humanitario en el expediente judicial para evitar una condena millonaria, juicio que finalmente el Estado ganó al no probarse que la bala hubiera salido de la casa del comisario.

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