El Estado uruguayo obtuvo una victoria definitiva en los tribunales franceses en el marco del litigio por el frustrado proyecto megaminero Aratirí —el reclamo económico más grande en la historia del país, valuado en US$ 3.536 millones—. En una sentencia dictada el martes 27, el Tribunal de Apelación de París rechazó la solicitud de anulación presentada por los herederos del grupo inversor y dejó firme el laudo arbitral de 2020 que había absuelto a Uruguay, según informó este jueves el semanario Búsqueda.
Tras conocerse el pronunciamiento de la justicia internacional, Presidencia comunicó que el prosecretario Jorge Díaz —quien estuvo al frente de la estrategia jurídica del gobierno en esta etapa— brindará una rueda de prensa hoy a la hora 11 para referirse a los alcances de la resolución.
La sentencia del tribunal parisino no solo ratifica la vigencia y el carácter de "cosa juzgada" del laudo original dictado hace seis años por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, sino que además despeja el camino para que el Estado uruguayo avance en Francia en el cobro de US$ 4.097.149 que los demandantes le adeudan por concepto de costas de aquel proceso arbitral. A esa cifra se suma ahora una nueva condena contra los inversores para que abonen 300.000 euros adicionales por los gastos judiciales generados durante esta instancia de anulación.
En su fallo del martes, el Tribunal de Apelación de París concluyó que los demandantes pretendían que el juez encargado de controlar "la regularidad del laudo" de 2020 revisara el fondo del asunto, algo que "no entra dentro de sus competencias".
Un litigio de nueve años y el giro en París
La batalla legal se remonta a 2017, cuando tres integrantes de la familia del fallecido magnate indio Pramod Agarwal (Vinita Agarwal, Prenay Agarwal y Ritika Mehta) iniciaron un arbitraje internacional contra Uruguay tras el naufragio del proyecto de extracción de hierro en la zona de Valentines, impulsado por la empresa Aratirí (subsidiaria de Zamin Ferrous).
Los herederos reclamaban una indemnización de US$ 3.536 millones —cifra que en distintas etapas del litigio se redondeó en torno a los US$ 4.000 millones—, alegando que entre 2012 y 2017 el Estado uruguayo había llevado adelante "mediante diversas acciones y omisiones, un proceso progresivo de expropiación ilícita", incumpliendo el tratado bilateral de protección de inversiones firmado con el Reino Unido en 1997.
El derrotero judicial atravesó cuatro etapas clave en los últimos seis años:
La ingeniería en Islas Caimán y la "esperanza" que no era inversión
El corazón de la disputa jurídica que acaba de cerrarse en París nunca llegó a tratar la cuestión de fondo —es decir, si el gobierno de José Mujica cambió o no las reglas de juego con la ley de minería de gran porte de 2013 o las idas y vueltas por el puerto de aguas profundas en Rocha—, sino que se dirimió en una batalla procesal sobre la jurisdicción (ratione temporis).
La demanda había sido iniciada por tres integrantes de la familia del magnate indio Pramod Agarwal (sus hijos Vinita y Prenay Agarwal, y Ritika Mehta), titular del grupo Zamin Ferrous. Para demandar al país, los herederos invocaron el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado entre Uruguay y el Reino Unido en 1997.
Sin embargo, la defensa uruguaya —diseñada inicialmente por el entonces secretario de la Presidencia de Tabaré Vázquez, Miguel Ángel Toma, junto al abogado Paul Reichler del estudio estadounidense Foley Hoag— plantó una "objeción de jurisdicción" que resultó letal para las pretensiones empresariales: demostró que la ingeniería financiera del proyecto se había montado en las Islas Caimán a través de un "fideicomiso discrecional".
Bajo esa figura, el fundador Pramod Agarwal había nombrado a sus hijos como beneficiarios pero reservándose el poder de revocar las decisiones, agregar o quitar herederos. Recién en 2016 —cuando el proyecto minero ya había naufragado y el conflicto con el Estado estaba desatado— modificaron el fideicomiso para convertirse en beneficiarios plenos.
En agosto de 2020, tras las audiencias en Washington, el tribunal arbitral presidido por el español Andrés Rigo Sureda (junto al francés Pierre Mayer, elegido por Uruguay, y O. Thomas Johnson, designado por la minera) le dio la razón al Estado. Los árbitros concluyeron que, al momento de los presuntos incumplimientos entre 2012 y 2015, los hijos de Agarwal no poseían ningún derecho ni activo protegido, sino apenas "la esperanza de beneficiarse", comparable a "la expectativa de recibir una herencia". Para el tribunal, "una esperanza no es un bien" sino un beneficio condicional, por lo que carecían de legitimación para demandar a Uruguay.
El revés de 2023 en París y el giro con la Corte de Casación
Aunque el laudo de 2020 parecía definitivo, en el acuerdo inicial de 2018 ambas partes habían fijado a París como sede judicial en caso de recursos de nulidad. Dos meses después de perder el arbitraje, en octubre de 2020, la familia Agarwal pidió la anulación en Francia.
En febrero de 2023, la primera integración de la Corte de Apelaciones de París (conformada por los jueces Daniel Barlow, Fabienne Schaller y Laure Aldebert) le dio un duro revés a Uruguay, cuya defensa estaba entonces encabezada por el prosecretario de la Presidencia de Luis Lacalle Pou, Rodrigo Ferrés, y el estudio Foley Hoag. Aquel tribunal francés anuló el laudo de 2020 y condenó a Uruguay a pagar 150.000 euros en costas, al interpretar que el tratado con el Reino Unido no exigía que la inversión fuera previa al origen de la disputa ni que se hubiera realizado "activamente", habilitando incluso las inversiones indirectas adquiridas tras el cambio del fideicomiso en 2016.
Aquel fallo reabrió la amenaza de un segundo arbitraje por los US$ 3.536 millones. "Lamentablemente, si no tenemos más remedio, iremos por otro arbitraje. Tenemos un caso fuerte", declaró en marzo de 2023 Pramod Agarwal a El Observador, insistiendo en que el proyecto de Valentines aún podía hacerse "más acotado y en etapas".
Frente a ese escenario crítico, el Estado uruguayo recurrió ante la Corte de Casación de Francia (el máximo tribunal judicial de ese país). El 2 de abril de 2025, la primera sala civil de Casación —presidida por Carole Champalaune— dictó una sentencia clave a favor de Uruguay: determinó que el Tribunal de Apelaciones había violado el artículo 1520 del Código de Procedimiento Civil francés al evaluar el requisito temporal de la inversión como una norma sustantiva y no como una condición para el consentimiento del Estado al arbitraje, excediéndose en sus funciones al revisar el fondo del laudo.
Casación anuló "en todos sus términos" el fallo de 2023, condenó a los empresarios a pagar 5.000 euros, dejó en suspenso el intento de los Agarwal de activar un segundo reclamo arbitral y devolvió el expediente al Tribunal de Apelación de París para que lo analizara nuevamente con una "composición diferente".
El blindaje final del gobierno de Orsi
Para afrontar esta última y decisiva etapa ante el tribunal reconstituido en París, la actual administración de Yamandú Orsi y el prosecretario Jorge Díaz reformularon la estrategia procesal: además de sumar a Miguel Ángel Toma como asesor honorario de Presidencia por su conocimiento histórico de la causa, el gobierno fortaleció el equipo de defensa incorporando a dos estudios internacionales especializados en litigios ante la justicia francesa: Asafo & Co. y Gaillard Banifatemi Shelbaya.
El pasado 29 de junio se celebró en París la audiencia de alegatos finales ante la nueva integración de la cámara de apelaciones, instancia en la que participaron el director general de Presidencia, Diego Pastorín, y el embajador uruguayo en Francia, Enrique Loedel. Cuatro meses después, la sentencia de este martes 27 terminó de alinear al Tribunal de Apelación con el criterio de la Corte de Casación, rechazando la anulación y blindando el laudo de 2020.
El ocaso de la mayor promesa megaminera
El cierre definitivo del expediente judicial le pone punto final a una historia que comenzó en 2011, cuando Aratirí propuso invertir US$ 3.000 millones para extraer mineral de hierro en un área de 11.500 hectáreas entre Cerro Chato y Valentines (en la intersección de Florida, Durazno y Treinta y Tres), transportarlo a través de un "mineraloducto" de casi 200 kilómetros hacia la costa atlántica y embarcarlo en un puerto de aguas profundas en Rocha.
Aquel proyecto —que impulsó al gobierno de Mujica a aprobar en 2013 una ley de minería de gran porte en medio de protestas ambientalistas y rurales, y a proyectar la terminal portuaria primero en El Palenque y luego discutir su traslado a La Angostura— terminó naufragando entre el desplome internacional del precio del hierro (que cayó de US$ 187 a US$ 70 la tonelada entre 2011 y 2015) y la falta de acuerdo sobre las garantías financieras y el contrato de concesión.