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1 de marzo 2023 - 5:00hs

Uruguay perdió la última instancia del juicio contra la minera Aratirí que luego de que el proyecto de extracción de hierro fuera desestimado por el gobierno de José Mujica inició un laudo arbitral.

Ahora la Corte de Apelaciones de París dio la razón a la familia Agarwal—Ritika Mehta (née Agarwal), Prenay Agarwal y Vinita Agarwal—al fallar que el tribunal que intervino en el arbitraje en Estados Unidos se equivocó cuando declinó jurisdicción sobre sus reclamos. La Corte de París anuló el laudo y ahora vuelve a estar sobre la mesa la posibilidad de que los empresarios indios inicien otro arbitraje internacional sobre el fondo del asunto, que no fue analizado. 

El empresario indio Pramod Agarwal declaró a El Observador este martes: "Lamentablemente, si no tenemos más remedio, iremos por otro arbitraje". "Tenemos un caso fuerte. Afortunadamente la Corte de París anuló la decisión del tribunal arbitral así que, corregido esto, esperamos que se haga justicia". 

Además de darle la razón a la familia Agarwal en todos sus planteos, la corte condenó a Uruguay a pagar los costos del proceso por 150.000 euros.  

El gobierno podrá apelar la sentencia ante la Corte de Casación francesa (equivalente a la Suprema Corte en la justicia uruguaya). Francia fue la jurisdicción para plantear el reclamo porque en 2018 –cuando se inició la demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya– ambas partes establecieron que París fuera la sede en caso de apelaciones. 

Los argumentos de la Corte de de Apelaciones francesa

Los jueces franceses Daniel Barlow (presidente), Fabienne Schaller y Laure Aldebert determinaron que el tribunal arbitral se equivocó porque entendió que el Tratado pedía requisitos que en realidad no existían en el texto.

Según el fallo al que accedió El Observador, la Corte de Apelaciones de París entendió que de acuerdo con el Tratado de inversiones, el arbitraje no procedía solamente para proyectos que fueran anteriores al origen de la disputa, sino también para las posteriores, como la que adquirieron los demandantes a partir del 2016 cuando cambió la forma del fideicomiso. Tanto en el arbitraje como en el proceso de nulidad en París, Uruguay sostuvo que los demandantes no eran inversores en el momento relevante y que habían cometido un abuso cuando modificaron el fideicomiso en 2016. Los jueces parisinos decidieron que esa alegación no tenía sentido.

Además, el Estado argumentó que los Agarwal no tenían una inversión protegida porque solamente obtuvieron activos de sus padres a través del fideicomiso, y el Tratado requiere que se “realice” activamente una inversión. Los jueces reconocieron que algunos tratados exigen este requisito pero que no es el caso del Tratado entre el Reino Unido y Uruguay.

Otro argumento que la Corte de Apelaciones de París desestimó es que fuera necesario, según el tratado, que los inversores fueran de nacionalidad británica al momento de la inversión. Uruguay alegó que uno de los demandantes no lo era y que lo fue después. Los jueces entendieron que esto era irrelevante y que no constituía abuso.

La Corte de París entendió que el tratado sí aplica a inversiones “indirectas”, aunque Uruguay sostuvo que las inversiones no estaban localizadas en el país sino en las Islas Caimán y tampoco calificaban para protección de la norma.

Por último, rechazaron el argumento de Uruguay de que los demandantes debían haber recurrido a los tribunales uruguayos antes que al arbitraje de inversión, y que los Agarwal no cumplieron con esta condición.

“ Sin embargo, las disposiciones antes mencionadas no se relacionan con el consentimiento de Uruguay, que ha consentido en el sometimiento de este tipo de controversias a arbitraje, sino que solo se refieren a las condiciones procesales para la implementación de su consentimiento, siendo la remisión de la controversia a los tribunales estatales solo un requisito previo para la remisión de la disputa al tribunal arbitral”, sentenció la corte.

“Por todas las razones anteriores, el reclamo será desestimado en su totalidad”, afirmó la sentencia.

“Ninguna de las razones aducidas por Uruguay impide que el tribunal arbitral tenga jurisdicción. Por lo tanto, debe concederse la solicitud de anulación del laudo arbitral por el cual el Tribunal declinó la jurisdicción”, concluyeron los jueces franceses.

En el nuevo arbitraje que se inicie, en caso de concretarse, podrá intervenir el mismo tribunal arbitral aunque es probable que se le asigne a otro equipo de jueces. El nuevo proceso podría llevar entre dos y tres años, dependiente de si se toman como válida prueba ya recabada o se toman nuevos elementos. La apelación, en tanto, durará año y medio y es probable que ambos procesos transcurran en paralelo.

La audiencia final, en la que las partes realizaron los alegatos de cierre ante los tres jueces, se realizó a principios de diciembre en París. Uruguay estuvo representado por el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, junto a abogados del estudio norteamericano Foley Hoag, el mismo que ejerció la defensa en el juicio en Washington.

Ferrés había expresado su confianza de que el país iba a obtener un resultado satisfactorio. El Observador intentó conocer la postura del gobierno pero no fue posible conocerla.

El caso y sus dos sentencias 

Los demandantes iniciaron un arbitraje internacional bajo el Tratado entre el Reino Unido y Uruguay a fines de 2016 argumentando que su inversión en el proyecto de mineral de hierro, conocido como Aratirí, en Uruguay había sido expropiada y tratada injusta e inequitativamente. 

Luego de casi cuatro años de arbitraje, el 6 de agosto de 2020 el tribunal arbitral del caso—integrado por Andrés Rigo Sureda, O. Thomas Johnson y Pierre Mayer—le dio la razón a Uruguay, resolvió que no tenía jurisdicción para entender en los reclamos y obligó a Aratirí a pagar US$ 4 millones por costos del juicio. 

Los árbitros no llegaron a expedirse sobre el fondo del asunto sino que concluyeron que no tenían competencia para decidir el caso bajo el tratado bilateral de inversiones entre el Reino Unido y Uruguay y por tanto no ingresaron a analizar la sustancia del pleito sino que decidieron en virtud de un tema formal.  

La inversión era a través de un fideicomiso el magnate indio Pramod Agarwal, y su esposa constituyeron en favor de sus hijos. Los hijos eran beneficiarios discrecionales del fideicomiso hasta 2016, cuando se volvieron beneficiarios plenos.  Ante el fallo adverso los herederos de Agarwal pidieron el 1 de octubre la revisión del laudo la corte de París.

El nuevo arbitraje, en caso de ser presentado, sí se deberá pronunciar sobre el fondo de la controversia, y definir si Uruguay mediante “numerosas acciones y omisiones, retrasó y finalmente denegó el otorgamiento de los permisos necesarios para” Aratirí, lo cual ocasionó “la extinción de los derechos mineros y la expropiación del valor del proyecto”.

La empresa señaló en su reclamo inicial que la promulgación de la ley de minería de gran porte y las idas y vueltas por la ubicación del puerto de aguas profundas en Rocha cambiaron las condiciones iniciales del negocio. 

"Valentines se puede hacer más acotado y en etapas"

 

Al plantear el arbitraje la empresa solicitó ser indemnizada con US$ 3.536 millones. Uruguay, en tanto, alegó que “brindó todo su apoyo” al proyecto y sostuvo que el fracaso obedeció al “colapso” de los precios del hierro después de 2011, lo que generó que “perdiera rentabilidad y financiación”.

El empresario indio Pramod Agarwal dijo ahora a El Observador ante el fallo de la corte de París: "Mi familia y yo sufrimos una pérdida muy importante, de ese monto, pero Uruguay también tuvo pérdida en términos de empleo directo e indirecto, de progreso de una zona menos desarrollada del país, de ingresos por impuestos y canon, y así puedo seguir... el proyecto Valentines habría sido ganar-ganar para todos. Incluso el proyecto tiene las credenciales para ser uno de los primeros productores verdes de mineral de hierro".

Consultado sobre si es posible que el proyecto se retome, el empresario sostuvo que "es un buen proyecto. Incluso las condiciones del mercado internacional del hierro son buenas gracias a los avances tecnológicos en la minería de los últimos años”. “Valentines se puede hacer más acotado, en etapas y la experiencia reciente de Uruguay con las terminales portuarias especializadas y con la revitalización del ferrocarril son plenamente aprovechables", aseguró.

Por último, Agarwal afirmó que no logra entender la razón por la cual "los anteriores gobiernos” les “quitaron los derechos” que habían ganado “de acuerdo con el marco legal que había”. “Creemos que con la sentencia de París estamos más cerca".
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