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Aratirí: una causa “sin precedente” con sospechas por viajes de Toma
El subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Ariel Sánchez, avanza en la investigación administrativa contra Miguel Ángel Toma con el objetivo de determinar si el exsecretario de la Presidencia cometió algún tipo de irregularidad al llevar sin la debida justificación a varias misiones oficiales –a Roma por el juicio del Plan Cóndor y a Washington por el juicio de Aratirí– a una contadora de la secretaría antilavado.
La información del juicio contra la minera fue clasificada como reservada por la segunda administración de Tabaré Vázquez (2015-2020), pero una vez que salió el laudo que dio la razón a Uruguay, el gobierno de Luis Lacalle Pou decidió hacerlo público y El Observador accedió al documento a través de un pedido de acceso a la información pública.
Del análisis de la información contenida en el laudo, las misiones oficiales y los pasajes adquiridos, se desprende que Toma y la contadora viajaron en cuatro ocasiones a Washington en cinco meses, entre setiembre de 2019 y febrero de 2020 para participar en distintas instancias del litigio internacional. Hasta ahora la documentación oficial daba cuenta de tres viajes de la contadora de la secretaría antilavado.
En el laudo no se expresan razones acerca del primer viaje, que se extendió entre el 2 y el 7 de setiembre, aunque Presidencia señaló que fue para participar de reuniones que se iban a desarrollar por el juicio.
El segundo fue entre el 18 y el 23 de noviembre, fecha en la que Uruguay presentó su “réplica sobre las objeciones a la jurisdicción y su dúplica sobre el fondo de la controversia”. El tercer viaje entre el 17 y el 23 de enero de 2020, ocurrió para la primera audiencia del caso.
Toma y la contadora participaron como asistentes en representación del Estado, junto a Sara Ilha y Antonella Intrioni (asesoras) y Carlos Gianelli (embajador en Estados Unidos).
El último –que no figura en la misión oficial publicada– fue para la segunda audiencia del juicio, entre el 19 y el 22 de febrero.
Tras esto, la contadora dejó su cargo e inició un viaje de egresados de ciencias económicas.
El laudo
El fallo del arbitraje entre el Estado uruguayo y Aratirí tiene 91 páginas, fue emitido originalmente en inglés y traducido de forma oficial al español. Está dividido en ocho capítulos y da cuenta que el tribunal –compuesto por Andrés Rigo, Pierre Meyer y O.T. Johnson– aceptó de forma unánime la “objeción a la jurisdicción ratione temporis” presentada por Uruguay.
Esto significó que el tribunal no se expidiera sobre el fondo de la controversia: si Uruguay mediante “numerosas acciones y omisiones, retrasó y finalmente denegó el otorgamiento de los permisos necesarios para” Aratirí, lo cual ocasionó “la extinción de los derechos mineros y la expropiación del valor del proyecto”.
En la práctica, la empresa señaló que la promulgación de la ley de minería de gran porte y las idas y vueltas por la ubicación del puerto de aguas profundas en Rocha cambiaron las condiciones iniciales del negocio. Por su parte, Uruguay centró el éxito de su defensa en una cuestión de forma, en el entendido que los hijos del dueño de Aratirí no estaban en condiciones de iniciar una demanda por no ser perjudicados directos del fracaso del proyecto.
La empresa alegó haber invertido US$ 332 millones en el proyecto y consideró que la actuación del gobierno incumplía el literal A del artículo 1 del tratado de inversiones entre Reino Unido y Uruguay. Por esta razón, solicitó ser indemnizada con US$ 3.536 millones. Uruguay, en tanto, alegó que “brindó todo su apoyo” al proyecto y sostuvo que el fracaso obedeció al “colapso” de los precios del hierro después de 2011, lo que generó que “perdiera rentabilidad y financiación”.
“Una esperanza no es un bien”
El Estado uruguayo formuló cuatro objeciones a la jurisdicción, aunque el tribunal consideró la primera como suficiente para darle la razón y no ingresó a la discusión de las restantes.
Esta objeción, denominada ratione temporis estuvo centrada en señalar que los demandantes (Ritika Mehta, Vinita Agarwal y Prenay Agarwal, hijos del fundador de la compañía, Pramod Agarwal) “no tenían una inversión al momento de los presuntos incumplimientos”.
El tribunal concluyó que en virtud de la ley de las Islas Caimán –donde fue constituida la ingeniería financiera del proyecto– los demandantes “no poseían ningún derecho” sobre los bienes.
La ingeniería fue un fideicomiso discrecional, el cual supone que Pramod Agarwal –el fundador– nombró a los herederos del proyecto pero se reservó el poder de revocar las decisiones y agregar a otros herederos o quitarlos.
Por esta razón, los árbitros entendieron que los hijos no tenían “ningún derecho o interés sobre los bienes”, sino solo “la esperanza de beneficiarse, y el valor de dicha esperanza se asemeja al valor de los intereses que pudiera tener una persona con la expectativa de recibir una herencia”. En opinión del tribunal, “una esperanza no es un bien” sino que “es comparable a un beneficio condicional” y estos “no han sido considerados como bienes susceptibles de reunir las condiciones de una inversión”.
En el derecho internacional no hay experiencias previas de un juicio de estas características sobre un fideicomiso discrecional. “Los demandantes promovieron una causa que presentaba aspectos innovadores para los cuales no encontraron precedente y, a pesar de ello, iniciaron un procedimiento prolongado y costoso con perspectivas inciertas”, señalaron los árbitros.
El proyecto Aratirí comenzó en el año 2011 e implicaba además, la construcción de un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, en la zona de El Palenque (entre La Paloma y Cabo Polonio), aunque luego la minera pidió que fuera en La Angostura (entre la laguna Negra y la fortaleza de Santa Teresa), pero el Ejecutivo señaló que eso no era posible.
Costos
A diferencia del caso Phillip Morris –que discutió la jurisdicción primero y el fondo después– la estrategia de Uruguay fue que el arbitraje se desarrollara todo junto, lo que provocó que se extendiera más en el tiempo y provocara costos adicionales.
Esta decisión hizo que el Estado uruguayo debiera pagar el 30% del costo del juicio, lo cual –según el tribunal– no habría ocurrido si solicitaba “la bifurcación del procedimiento”.
El costo total del juicio ascendió a US$ 41.523.390. Aratirí pagó US$ 29.066.373 y Uruguay US$ 12.457.017.
La defensa del gobierno –ejercida por el estudio Foley Hoag– tuvo un costo de US$ 16.554.166, por lo que la minera debió reembolsarle a Uruguay US$ 4.097.149. Los asesoramientos periciales costaron US$ 4.598.294; la representación legal US$ 10.771.245; los viajes de asesores y testigos US$ 504.029; y el trabajo de la Corte Permanente de Arbitraje US$ 680.596.
Durante el juicio declararon funcionarios de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, así como peritos contratados tanto por el Estado uruguayo como por la minera.
Uno de los que generó mayor controversia fue el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, quien lo hizo luego de haber elaborado en calidad de experto un “informe técnico” para el estudio Ferrere, que ejerció la defensa de Aratirí, sobre “la historia y funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay, a partir de 1974”.
La expresidenta del TCA, Alicia Castro, el exministro en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, Carlos Delpiazzo, Manuel Abdala, Pablo Zadicoff y Felipe Puig, también declararon como peritos por Aratirí.
Los peritos de Uruguay fueron Santiago Pereira Campos, Jorge Fernández Reyes –esposo de la vicepresidenta Beatriz Argimón–, el expresidente de la SCJ, Leslie Van Rompey, el exprosecretario de la Presidencia durante el gobierno de Lacalle, Augusto Durán Martínez, y los especialistas Andrés Blanco, Félix Abadi, Darío Gatti y Daniel Flores.
También viajaron el ministro de Industria de Mujica, Roberto Kreimerman; el exdirector de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Andrés Masoller; el exdirector de Minería, Néstor Campal; el director de emprendimientos de alta complejidad de la Dinama, Eugenio Lorenzo; la directora general del MIEM, Fernanda Cardona; la coordinadora de la Unidad Ambiental del MIEM, Raquel Piaggio; las asesoras del MIEM Florencia Ualde y Leda Sánchez; la asesora del exministro de Transporte Víctor Rossi, Graciela Soler, y el director de Planificación de esta cartera Pablo Genta..
