La justicia imputó este lunes a un policía por disparar y asesinar a un hombre que quería suicidarse en su casa de Las Toscas. El oficial alegó que la víctima los había amenazado con un hacha. n una decisión controvertida por las medidas cautelares que le impusieron al oficial.
Según informó a El Observador Rafael Silva, abogado de la familia de la víctima, el 16 de febrero de 2024 una mujer llamó a la Policía para pedir ayuda porque su hijo, de 28 años, intentaba suicidarse y estaba armado.
Varios policías llegaron a la vivienda para tratar con el hombre, que tenía en sus manos un hacha. Cuando estaban a 15 metros de él, uno de los efectivos vio que el joven realizó un movimiento sospechoso con el hacha y lo interpretó como una amenaza, por lo que le disparó en dos ocasiones.
Uno de los disparos dio en su ojo y el otro en la zona de los intestinos. El hombre fue trasladado a un hospital, donde falleció tiempo después tras varias intervenciones quirúrgicas.
La fiscal de Atlántida a cargo del caso, Stella Alciaturi, afirmó a El Observador que la teoría de la defensa de la familia coincide con la de la investigación de su fiscalía, que en mayor parte estuvo encabezada por su predecesor Ignacio Montedeocar, ya que también sostiene que la víctima no amenazó a los policías, sino que "quería autoeliminarse".
Siguiendo esa línea, Alciaturi solicitó a la jueza de Primera Instancia de 1° Turno de Atlántida, Jimena Rosas, que el policía fuera imputado por un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y pidió que el efectivo fuera a prisión preventiva.
La magistrada imputó al policía por este delito, pero rechazó la solicitud de prisión preventiva. En cambio, dispuso que el oficial espere en libertad el transcurso de la investigación y le impidió acercarse o comunicarse con testigos de la investigación por 150 días. Esta decisión despertó críticas tanto de la defensa de la familia como por Fiscalía.
Silva afirmó que el fallo es "vergonzoso". En primer lugar, recordó que el anterior fiscal del caso debió pasar la investigación a la división de Asuntos Internos de la Policía por la "falta de colaboración", y criticó que muchos de los testigos a los que el oficial no puede acercarse son sus "compañeros", por lo cual entiende que la medida no se cumplirá.
También alegó que el oficial "tenía prescripto el uso de lentes" y la noche del crimen "no los usaba", y afirmó que la pericia psicológica que le realizaron "marca que era consciente de sus actos, y nunca estuvo arrepentido de su decisión".
Por su parte, Alciaturi reconoció que pidió la prisión preventiva para seguir la línea de su predecesor en el cargo, ya que aunque existen ciertos riesgos de "entorpecimiento", también es cierto que el policía imputado compareció a todas las instancias solicitadas por Fiscalía y la justicia en el último año y medio desde que ocurrió el crimen.
No obstante, la fiscal de Atlántida apeló el fallo porque entiende que se debería haber impuesto alguna medida limitativa contra el imputado. El caso se laudará en un Tribunal de Apelaciones.
El abogado de la familia de la víctima adelantó que también presentará una ampliación de la investigación en la que apuntará contra el operativo policial, ya que los oficiales a cargo "no dieron cuenta al juez de Familia" sobre su intervención, lo que según el defensor representa una clara "omisión" a los deberes funcionales.
