La reducción de la sanción a la anestesista Inés Miralles es una piedra en el zapato del gobierno desde mayo de este año cuando once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública –un grupo de notables– decidieron golpear la mesa y renunciar en masa por su discrepancia con lo resuelto por la ministra Cristina Lustemberg.
Lustemberg había resuelto bajarle de cinco a tres años la inhabilitación por entender que la comisión no había fundamentado de forma suficiente las razones para determinar la cantidad de la pena.
El asunto se remonta al año 2023 cuando la pediatra Soledad Barrera sufrió un paro cardíaco mientras era operada de la vesícula en el SMI. La paciente no tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que falleció. La hipótesis principal es que la mala praxis se registró porque Miralles se ausentó del block al irse al baño a drogarse con fentanilo.
El caso llevó a la oposición a pedir su salida, motivó una marcha en apoyo a la familia de Barrera, la presentación del caso ante el Colegio Médico y una demanda de nulidad presentada por Miralles que aún sigue abierta en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Además del reclamo público encabezado principalmente por Rosario Barrera –la madre– que incluyó el recurso ante Presidencia que generó la marcha atrás por parte de Yamandú Orsi, el mandatario vivió en junio una situación peculiar al recibir en Treinta y Tres el reclamo del padre de la pediatra, quien le mostró una foto de ella, le dijo que habían llevado una carta a la Torre Ejecutiva y le solicitó que hubiera Justicia.
A partir de este episodio, Orsi –que ya había hablado del tema con la ministra– le solicitó a Lustemberg que se revisara la decisión, según confirmaron a El Observador fuentes del gobierno.
El ministerio ya la tenía en curso porque Lustemberg también lo había establecido con el objetivo de asesorar a Presidencia ante el recurso de la familia Barrera.
En su nuevo análisis, el MSP sumó tres elementos que no habían sido considerados: la resolución judicial en la que Miralles fue condenada y su acuerdo con la familia Barrera en una demanda civil –ambas fueron posteriores al fallo de Lustemberg– y un informe de otra mutualista –Universal– tras denuncias por manejo irregular de opioides, que era anterior.
“Haciendo una valoración de la prueba que sobrevino al dictado de la resolución, que no hizo otra cosa que agravar los hechos oportunamente denunciados y adoptando el criterio de razonabilidad, se sugiere en esta instancia hacer lugar a lo solicitado, revocando parcialmente la resolución en cuanto al quantum de la sanción, elevándola a cinco años de inhabilitación profesional sujeta a revaluación por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la UDELAR previo al vencimiento del plazo”, dice el informe elevado al presidente y que Orsi hizo suyo.
El documento destaca que la Comisión de Salud Pública había tomado en cuenta los elementos resultantes de la historia clínica de Soledad Barrera, la investigación interna desarrollada por el SMI –la mutualista donde ocurrió el caso– y el análisis de la médico-legista del MSP, Magela Nicodella.
A esto se sumó la nueva información, que permitió a Orsi y Lustemberg fijar en cinco años la inhabilitación, aunque la última palabra la tendrá el TCA, que está analizando el caso.
"Se llegó a este acuerdo, para el cual ambos estuvimos de acuerdo", dijo Lustemberg este martes.
Los nuevos elementos
Respecto al acuerdo en la Justicia, el MSP ponderó que la investigación fiscal incorporó una junta médica del departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina con una investigación “más amplia y exhaustiva” que la que se había realizado y que concluyó que la anestesista se apartó de la “lex artis” –las reglas a las que debe ajustarse una actuación profesional–.
En este sentido, la comisión honoraria le había marcado cuatro apartamientos ya que extubó a la paciente tras el paro, demoró en subirla al CTI, no avisó que iba al baño a “lavarse la cara” y llenó cinco días tarde la historia clínica.
En el juicio, Miralles reconoció su culpabilidad por lo que fue condenada por homicidio a dos años de libertad a prueba mediante un proceso abreviado. También aceptó pagar US$ 50 mil en la demanda civil.
En el caso de Universal, la información incorporada al expediente señala que la anestesista dejó de ser convocada tras denuncias por “actitudes irregulares” que motivaron una “investigación interna”.
La investigación de esta mutualista describe conductas que el equipo médico consideraba compatibles con un "probable abuso de sustancias". Menciona que hubo una "pérdida de confianza" por parte de los que trabajaban en el block quirúrgico del Hospital Italiano y que desde que comenzó a desempeñarse en ese ámbito se habría detectado un consumo de fentanilo "por encima del promedio de los demás colegas anestesistas". Otro de los puntos señalados refiere a frecuentes ausencias de Miralles de la sala de operaciones para concurrir al baño.
En una entrevista con radio Carve, Miralles negó tener problemas de consumo y rechazó haber sido responsable del fallecimiento de Barrera.