El 15 de setiembre, la Mesa de Convivencia Ciudadana de Punta del Este, que agrupa a vecinos, autoridades y organizaciones sociales del balneario, se reunió con la comisaria mayor Cristina Techera, que está al frente de la Zona Operacional 2, la más grande del departamento ya que abarca Maldonado y Punta del Este.
En febrero de este año, el equipo de Techera diseñó una aplicación para registrar las intervenciones relacionadas con gente en situación de calle, al constatar que el número iba en aumento. Cuando en mayo el gobierno nacional resolvió la alerta roja, Techera ya contaba con la información sobre esas zonas del departamento. El 7 de mayo, el primer día en que entró en vigencia la alerta roja, retiraron a 150 personas de la calle.
Desde febrero hasta ahora, la Policía realizó 2.463 intervenciones de gente en situación de calle en Maldonado y Punta del Este. En algunos casos las intervenciones se repitieron sobre la misma persona.
En esos operativos se identificó a 809 personas; 711 contabilizados desde que entró en vigencia la alerta roja. La mayoría de quienes se encuentran en la calle están en Punta del Este y Maldonado. En lugares como Aiguá o Solís casi no ha gente viviendo en la intemperie, aunque en San Carlos o Piriápolis también se llevaron adelante intervenciones.
No obstante, las autoridades advierten que, de cara a la temporada, en particular en Punta del Este y Maldonado, el número va a crecer, como ocurre en cada verano. Además, la mejora del clima lleva a que muchas personas que hoy duermen en refugios se instalen en dunas o espacios público. Por otra parte, los cupos de los centros de acogida disminuyen a partir de noviembre así que hay menos lugares para quienes concurren a esos centros.
En la reunión con vecinos, comerciantes y autoridades, la comisario mayor Techera expuso detalles sobre los operativos vinculados a gente en situación de calle, relataron a El Observador asistentes al encuentro.
Más 34 personas trasladadas a refugios del Mides durante los operativos resultaron formalizadas, porque tenían orden de detención por distintos delitos. Como no tenían domicilio establecido, en algunos casos se fijó la dependencia del Mides.
De acuerdo a los datos que maneja la Policía, el 85% de las personas que viven en la calle son oriundas o llevan años residiendo en Maldonado.
La Policía está expectante con lo que sucederá una vez que finalice la alerta roja y disminuyan los cupos en los refugios. El año pasado, se había llegado a un acuerdo con el Municipio de Punta del Este para intentar convencer a quienes no eran del departamento para que volviesen a su ciudad natal, pagándoles el pasaje. En el estado en que se encontraban era difícil que las compañías de ómnibus aceptaran que subieran, entonces se acondicionó un espacio en el Municipio para que se pudieran bañar y se les daba ropa que estuviese en buen estado. Se estima que en el verano pasado lo hicieron alrededor de 50 personas.
Alerta roja y ley de faltas
El gobierno del presidente Oris ha dejado en claro que vivir en la calle no es un derecho, una visión que modifica la manera de pensar que se había impuesto en determinados sectores de la izquierda en el pasado, cuando se consideraba que las personas podían ocupar espacios públicos.
Esta semana, el ministro del Interior Carlos Negro dijo que la presencia de gente en situación de calle incide en la percepción de seguridad y destacó los operativos para retirar a personas que se encuentran a la intemperie.
Explicó que en los dos años del gobierno de Orsi se dispuso la alerta roja que habilita los traslados a refugios y que una vez que cese la medida se puede aplicar la ley de faltas. “Es una ley que se utiliza para trasladar a las personas a los centros, pero no logra la contención definitiva por los escasos números de procesamientos de ocupación de lugares públicos”, agregó.
La ley de faltas establece que quienes acampen o duerman en espacios públicos deberán retirarse de manera inmediata. Si la persona incumple la intimación, se notifica al juez la situación. El artículo 369 del Código Penal está referido a las faltas y establece qué se debe hacer ante incumplimientos: “El trabajo comunitario es la pena que se impone a quien comete una falta, y consiste en la prestación de los servicios que se le asignen, los cuales deben ser acordes a las posibilidades físicas y mentales del obligado y, en la medida de lo posible, deberá estar relacionado con la falta cometida. El régimen horario para el cumplimiento del trabajo comunitario será de dos horas por día. Es obligatorio el cumplimiento de las tareas impuestas. Si el condenado no cumpliere la pena de prestación de trabajo comunitario, cumplirá un día de prisión por cada día de trabajo comunitario no cumplido”.
De acuerdo a distintas consultas realizadas por El Observador, salvo algún caso excepcional en Montevideo, no se ha aplicado la ley de faltas para personas en situación de calle.
Por el momento, el gobierno cuenta con un mecanismo excepcional para disponer el retiro de la gente en situación de calle: la resolución que estableció una alerta roja el 7 de mayo por un ciclón extratropical, que se mantiene hasta ahora y seguirá vigente hasta fin de octubre.
La resolución, que se adoptó un mes y medio antes del inicio del invierno y continuará durante el mismo período luego de la llegada de la primavera, dispone el traslado obligatorio de las personas que viven en situación de calle ante el riesgo que pueden sufrir por condiciones climáticas.
Los procedimientos de evacuación los llevan adelante equipos integrados por distintos ministerios e intendencias. Las personas son llevadas a refugios del Mides, donde son identificadas. Esa obligación de acatar el traslado queda sin efecto cuando comience noviembre y entonces el gobierno prevé apelar a la ley de faltas para evitar que personas pernocten en espacios públicos.
La situación de Las Rosas
Hace dos meses, los diputados Marita Araújo (Frente Amplio) y Federico Cassareto (Partido Nacional) concurrieron al establecimiento penitenciario Las Rosas, durante una visita que realizó la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario que funciona en el Parlamento.
“Quisimos recorrer lo peor del lugar. En la parte destinada a mujeres hay un lugar para las que tiene buen comportamiento que se encuentra en buenas condiciones, pero en otras partes hay 21 mujeres en espacios con 14 camas de material”, dijo el legislador a El Observador.
El diputado Federico Cassareto y la diputada Marita Araújo recorrieron las instalaciones de la cárcel de Las Rosas, donde la cantidad de presos supera los cupos del establecimiento.
Foto: Cárcel de Las Rosas, tomada de las redes sociales del diputado Federico Casaretto.
En el caso de los hombres, hay alrededor de 50 personas que tienen buena conducta en un lugar acondicionado de forma adecuada, pero hay situaciones que lo sorprendieron, como por ejemplo una habitación de cuatro camas para once reclusos.
“Pasamos por pasillos donde la materia fecal cae en los patios y hay presos que se dedican a destapar los caños”, agregó.
De esa recorrida participó también Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que objetó que los presos no salieran de sus celdas desde el último motín, dijo Casaretto.
La situación actual de Las Rosas no es un problema de esta administración. Viene así desde hace años y atravesó a los sucesivos gobiernos. La cárcel que antes era para la población de Maldonado fue recibiendo presos de la zona este del país y hoy es un lugar de detención de hombres y mujeres de todo el país.
Los cinco diputados de Maldonado (Cassareto, Araújo, Diego Echeverría, Joaquín Garlo y Gabriel Gurméndez) se reunieron con autoridades de la Liga de Punta del Este para analizar la situación de Las Rosas. La organización tiene previsto reunirse con el ministro Negro y el titular de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.
El diputado frenteamplista Joaquín Garlo destacó que en esta administración se prevén acciones específicas para mejorar la situación de Las Rosas, una medida con la que se busca tener un impacto al momento de la liberación de los reclusos. “En el presupuesto se establecieron recursos para la implementación del plan de alfabetización en cárceles por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Este año se está haciendo la primera experiencia piloto en Las Rosas y en esta rendición de cuentas se prevé un refuerzo de recursos para continuar el programa”, dijo a El Observador.
“La importancia del plan de alfabetización en cárceles es que se trata de una herramienta fundamental para las personas privadas de libertad y combatir así la reincidencia, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema penitenciario. Prácticamente el 70% de las personas privadas de libertad son reincidentes entonces estos programas que brindan herramientas en materia educativa y laboral son la clave para poder garantizar la reinserción social de las personas privadas de libertad”, agregó.
El impacto en la calle
Tanto Casaretto como autoridades de la Intendencia advierten acerca de cómo la sobrepoblación de Las Rosas y la liberación de reclusos termina incidiendo en la situación de personas en situación de calle, porque muchos de los liberadores terminan viviendo al a intemperie.
Sin embargo, en filas oficialistas se relativiza esa visión, a partir de datos proporcionados por la Policía, de acuerdo a fuentes consultadas por El Observador.
De acuerdo a la información que maneja el oficialismo, en Las Rosas se libera un promedio mensual de 60 personas, de los cuales entre el 80 y el 90% vuelve al departamento de origen. Entre los restantes, alrededor de 15 o 20 exreclusos recibe pasajes proporcionados por la Dinale para retornar a sus departamentos de origen.
La mayoría de los presos de Las Rosas por fuera de los provenientes de Maldonado son de Montevideo, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres. “El porcentaje de la gente que queda en Maldonado es muy bajo. El resto tiene arraigo en Maldonado y muchos quedan en la calle”, indicaron las fuentes.
En lo que tiene que ver con el relevamiento de personas en situación de calle, el 85% es de Maldonado (ya sea porque nació en el departamento o porque tiene lazos desde hace tiempo), y el 6% de Montevideo. Hay 14 extranjeros, provenientes de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Colombia y Venezuela.
Entre las personas en situación de calle de Maldonado, nueve de cada diez son hombres y el 68% del total tiene antecedentes penales. Con respecto a las edades, casi la mitad (49%) tiene entre 25 y 39 años; el 8% tiene entre 18 y 24 años, el 29% entre 40 y 54, y el 6% más de 55 años.
Siete de cada diez de las personas que viven a la intemperie tiene problemas de consumo de drogas.
El antecedente de la ley de vagancia
En 2009 la entonces jueza penal de Maldonado Adriana Graziuso generó una polémica cuando comenzó a aplicar la ley de vagancia, una iniciativa del año 1941que permite expulsar del departamento a personas que se encuentran mendigando, que no pueden justificar su presencia por trabajo o vivienda, y cuyo "estado psicológico y moral, anteriores y actuales, evidencia que representan un peligro social".
Vecinos y empresarios elogiaron la medida, que fue cuestionada por otros magistrados y autoridades del gobierno de la época por entender que afectaba la libre circulación de personas.
En 2013 Graziuso fue trasladada a Ciudad de la Costa y el tema quedó en el olvido. Con la llegada de Enrique Antía a la Intendencia, la magistrada pasó a desempeñarse como directora de Asuntos Legales de la Intendencia y ahora, con la llegada de Miguel Abella, tiene a su cargo la Dirección de Convivencia Ciudadana.
En diálogo con El Observador, Graziuso dijo que la Intendencia “ha colaborado muchísimo” con la atención de personas en situación de calle, incluso en acciones que le corresponderían al Mides. Puso como ejemplo la apertura del centro de evacuación para personas en situación de calle, que el gobierno departamental abrió el 7 de mayo en la ruta 39, en la zona del Hipódromo, para unas 150 personas.
De acuerdo a la normativa vigente, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) coordina con distintas instituciones la atención a personas en situación de calles. Los CECOED los presiden los intendentes, por lo tanto le corresponde a los gobiernos departamentales poner en funcionamiento el sistema compuesto por distintos organismos.
Centro de evacuación para personas en situación de calle instalado en la ruta 39, que tiene previsto funcionar hasta finales de octubre.
Foto: Intendencia de Maldonado.
Graziuso considera que gran parte de quienes residen en la calle son personas ajenas al departamento, si bien los números presentados por la Policía indicarían lo contrario. Según la jerarca, para resolver el problema de personas a la intemperie es necesario descomprimir la situación en Las Rosas y lograr que el establecimiento vuelva a ser una cárcel departamental.
“Nos han traído problemas de todos lados. En ningún lado hay una cárcel de estas características en un centro turístico”, dijo Graziuso.
Las Rosas tiene hoy alrededor de 1.500 reclusos, el doble de su capacidad. Es la tercera cárcel en volumen de presos del país, luego de Comcar y Libertad. “Es un peligro para la gente”, dijo la jerarca.
En la órbita del Mides funciona la Dirección Nacional del Liberado (Dinale). En Maldonado la oficina se encuentra en el Centro de Maldonado, en las instalaciones del Paseo San Fernando, un edificio de la Intendencia, donde Graziuso tiene su despacho.
Según relató, solo dos personas de la Dinale trabajan en el lugar y no solo lo hacen para Maldonado sino para otros departamentos. Por eso, muchas veces liberados le golpean la puerta solicitándole pasajes para retornar a sus lugares de origen, explicó.
La oficina de la Dinale, dijo Graziuso, la cedió la Intendencia, porque el Mides no contaba con un espacio destinado a esos fines. Relató que en una ocasión, una de sus secretarías vio como un exrecluso miraba a niñas que asistían una de las clases de ballet que asistía al Paseo San Fernando. “No es discriminación, es objetivo”, añadió.
La jerarca insiste en que se debe atender la situación de vecinos y comerciantes, muchos de los cuales le trasladaron que cada mañana enfrentan problemas porque tiene personas durmiendo en la puerta de sus locales. Para Graziuso, muchos de ellos “quieren estar en la calle viviendo de los demás”.
Puso como ejemplo lo que ocurre en el barrio Canteras de Marelli, que muchos reclusos atraviesan para llegar hasta Punta del Este de Maldonado. Según le transmitieron, dijo Graziuso, hubo vecinos que tuvieron que colocar rejas ante el aumento de los robos.
Graziuso destacó el trabajo de la Intendencia para atender el problema la gente en situación de calle y de Las Rosas. Mencionó, por ejemplo, que a partir del año que viene se destinarán un millón de pesos para que liberadores de la cárcel puedan retornar a sus departamentos. También mencionó que a partir del 1° de enero empezarán a trabajar en el centro de reclusión organizaciones sociales para preparar a los futuros liberados para la salida.
La jerarca sostuvo, por otra parte, que los mecanismos legales para retirar a la gente de la calle ya existen y puso como ejemplo la ley de vagancia y el artículo del Código Penal relacionado a las faltas. A su modo de ver, es necesario que los operadores judiciales hagan uso de esos recursos.
Alternativas a futuro
En Maldonado hay un refugio mixto, ubicado sobre Bulevar Artigas, que funciona las 24 horas del día durante todo el año, con capacidad para 58 personas. En San Carlos hay una chacra para hombres con 40 cupos, también permanente.
Desde el 7 de mayo, luego de la resolución del presidente Orsi, la Intendencia acondicionó un local en la ruta 39 cerca del Hipódromo con capacidad para unas 150 personas, que en los días de más frío llegó a albergar más de 160.
Ese centro, alquilado por el gobierno departamental, está previsto que funcione hasta fines de octubre, cuando culmina la alerta roja dispuesta por el gobierno. Eso determina que las 150 personas que reciben asistencia en el lugar dejarán de percibirla.
Paula Caballero es directora del Mides de Maldonado. En diálogo con El Observador, explicó que la estrategia para atender a personas en situación de calle se trabaja “desde la institucionalidad”, involucrando a distintos actores públicos.
Paula Caballero, directora del Ministerio de Desarrollo Social en Maldonado.
Foto: Imagen tomada de las redes sociales de Paula Caballero.
“La situación de calle no es un tema solo que debe ocuparse el Mides, no para deslindarnos responsabilidades sino para, justamente, articular y fortalecer la estrategia”, dijo.
Destacó que en Maldonado hay capacidad de respuesta todo el año y que se refuerza durante el invierno. Entre las acciones, destacó la apertura de los refugios durante todo el día.
Hoy el principal punto de atención es el centro de evacuación instalado por la Intendencia, que tiene previsto dejar de funcionar dentro de un mes y pocos días. Pero, según explicó Caballero, se está analizando una posibilidad de extender su trabajo, a partir de un fenómeno climático: el Superniño.
“Tenemos un nuevo escenario nacional, que es la alerta institucional que hay en relación al Superniño. Estamos trabajando de distintas instituciones y a la espera de lo que nos diga el Sistema Nacional de Emergencia. Porque está previsto que el Superniño afecte más que nada a la zona norte, del río Negro hacia arriba, Pero en otros departamentos, en este caso el Maldonado, y con algunos diagnósticos históricos de fuertes lluvias o vientos, hay varias zonas que son inundables”, agregó.
En ese centro de evacuación, explicó Caballero, han transitado en estos meses alrededor de 500 personas.
“Vemos muy complejo el cierre del centro de evacuación”, dijo la jerarca. No solo porque se utiliza como refugio sino porque en ese lugar trabajar equipos del Mides con personas en situación de calle por ejemplo en asuntos relacionados con la salud mental y con el registro de usuarios.
“Tenemos toda una estructura armada (con distintas instituciones estatales) que ha permitido que disminuya la cantidad de personas en el horario de calle y también es una puerta de entrada en lo que tiene que ver la atención en salud”, agregó.
Caballero dijo que el cierre del centro de evacuación previsto para octubre “implicaría que todas esas personas queden en calle”. Por eso, explicó, “en estos días” tiene previsto plantear el tema a las autoridades departamentales.
¿Es decir que, básicamente, le van a pedir a Intendencia que siga manteniendo el centro de evacuación?
Ahí está un poco lo que la Intendencia nos había planteado, valorar con ellos si en el marco de la alerta del Superniño, se extienda. Ver si ellos tienen la responsabilidad de hacerlo o si es el propio Sistema Nacional de Emergencia. Tenemos esas articulaciones pendientes para hacer todavía. Nos van pasando las fechas, y obviamente necesitamos cuanto antes ir teniendo claridad en estos temas. Nos falta como terminar de ajustar esa reunión con la Intendencia para poder ver las voluntades políticas también.
Más allá de la posible extensión del trabajo del centro por la llegada del Superniño, ¿hay alguna acción específica para atender la situación de personas en la calle de cara a la temporada? Por ejemplo, aumentar brigadas o destinar más recursos.
Sí. Desde el gobierno nacional, en lo que tiene que ver con el Ministerio, hay una fuerte apuesta económica en la atención, tanto con el alquilar de los lugares, en este caso la chacra de San Carlos y la casa de Maldonado. También dentro del presupuesto nacional que teníamos, también tenemos que tener una nueva partida económica para poder destinar más dinero a alquileres.
¿Eso se aprobó en esta rendición de cuentas?
Sí. Eso en realidad lo están reviendo departamento a departamento. Nosotros, en lo que tiene que ver con la inyección de nuevos presupuestos o partidas estamos a la espera-
¿Están pidiendo más recursos al gobierno nacional?
Exacto. Y también tenemos clara una necesidad fuertemente pedida como departamento, para poder contar con equipos de calle que ayuden a reforzar y mitigar esta situación.
Caballero explicó que en Maldonado el Mides trabaja atendiendo a personas en situación de calle en sus oficinas, porque no cuenta con equipos como los que tiene en Montevideo. Desde el 7 de mayo, personal del Ministerio del Interior traslada a las personas a refugios y en ese lugar se realizan con los contactos con el Mides. En algunos casos, son derivados a centros en otros departamentos, como Lavalleja, Rocha o Treinta y Tres.
La jerarca explicó, por otra parte, que el problema de gente en situación de calle no se resuelve solo con la apertura de nuevos refugios, porque eso implicarían que llegarían personas de otros departamentos buscando un cupo.
Se les estaría dando un lugar para dormir pero no para salir de la calle…
Exacto. Y hay otro tema, y es que la situación de calle afecta todo el año. Porque en verano la circulación social se empieza a ampliar y como no están obligadas a permanecer las 24 horas ahí circulan de otra manera. Nosotros obviamente quisiéramos evitar la realidad y la foto que hemos tenido en otras temporadas pasadas, donde vemos varias personas durmiendo en calle. Por eso es que nosotros en realidad estamos en un estado de alerta permanente. También dependemos de las estructuras, del propio Sistema Nacional de Emergencia en esto de decretar la alerta. Hay cosas que hemos venido trabajando con el intendente: como esta realidad que nos golpea como departamento la podemos ir trabajando, viendo en materia de tierras cómo construir nuevos caminos con estrategias a mediano y largo plazo. No queremos decir que es un problema que vino para quedarse ni mucho menos, pero es un tema que estamos hablando de miles de personas a nivel nacional y que no es un problema que se mitiga de un día para el otro tampoco.
El gobierno nacional asegura que destinó mas dinero a políticas sociales, pero en el caso de Maldonado todos coinciden en que hay más gente viviendo en la calle.
Sí. Maldonado es uno de los departamentos que más personas tiene en situación de calle, pero que también no es un hecho aislado de la realidad de Maldonado, que tiene un crecimiento exponencial. Del último censo hasta ahora sabemos que ha habido un crecimiento enorme y también esos resultados de que muchas de las personas que están en calle buscando nuevas oportunidades o vienen a buscar trabajo o otras redes de sostén. Muchas veces no las encuentran, no hay acceso al trabajo y la vivienda. Muchas veces tienen trabajo, pero no acceden fácilmente a una garantía de alquiler, cosa que se dificulta mucho para poder alquilar y terminan en esa situación.
Caballero explicó que, de acuerdo a datos que le proporcionó el Ministerio del Interior, entre cinco y seis personas salen por semana de Las Rosas. El Mides, a través de la Dinali, intenta trabajar con antelación con reclusos que tienen una fecha de salida prevista, para que tengan herramientas y puedan retomar vínculos.
Sin embargo, eso no siempre es posible, dijo la jerarca porque a veces la Justicia comunica el mismo día la libertad anticipada del recluso. Entonces no hay tiempo para que recomponga las reaciones previas ni pueda recibir herramientas para la vida fuera de Las Rosas. Esa falta de coordinación termina siendo como un boomerang: la persona sale de la cárcel, pero su libertad queda condicionada a la vida en la calle.