Las denuncias por divulgación de imágenes de contenido íntimo aumentaron 81% en Uruguay respecto a 2025. Según las estadísticas presentadas este martes por la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2026 se registraron 232 denuncias, frente a las 128 contabilizadas durante el mismo período del año anterior.

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El crecimiento de este tipo de violencia sexual, que se desarrolla a través de las tecnologías de la información y la comunicación, aparece como uno de los datos de mayor contraste en el balance presentado por el ministerio. La evolución de las cifras muestra que, después de alcanzar 188 denuncias en el mismo periodo de 2024 y descender a 128 en 2025, los casos volvieron a aumentar en 2026.

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Una explicación posible, según informó la directora nacional de Políticas de Género, July Zabaleta, es que el incremento de las denuncias también esté relacionado con una mayor disposición de las víctimas a acudir a la Policía y con el trabajo de información que se realiza para explicar dónde y cómo denunciar.

"Se está trabajando más y también que la gente se anima a denunciar", afirmó. En ese sentido, señaló que todavía existe el "prejuicio" de que no es posible denunciar cuando las imágenes ya fueron eliminadas. "A veces, el prejuicio es que, si vamos a denunciar y ya borré las imágenes, quizás no tengo nada para denunciar; estamos haciendo ese trabajo de tratar de llegarle a la gente para que denuncie y en qué cosas poderse fijar", explicó.

Además, la directora nacional de Políticas de Género mencionó la incorporación de dos herramientas informáticas por parte de la Policía para mejorar la respuesta ante los delitos vinculados a las tecnologías. Una de ellas permite extraer, en el momento de la denuncia, el material que la víctima decide aportar y elaborar un informe forense, de modo que pueda recuperar su celular sin que el dispositivo quede retenido.

El segundo programa apunta a reducir la exposición de los funcionarios policiales a imágenes de contenido sexual, particularmente aquellas vinculadas al abuso de niños, niñas y adolescentes. Según explicó, el sistema permite seleccionar las imágenes más relevantes para la investigación judicial y disminuir la cantidad de material que los efectivos deben visualizar.

Se registraron 34.737 denuncias por violencia doméstica y hubo 16 femicidios

El balance presentado por el Ministerio del Interior también mostró que entre enero y octubre de 2026 se registraron 34.737 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados en todo el país. Esto equivale a un promedio de 114 denuncias diarias, aproximadamente una cada 13 minutos.

En comparación con el mismo período del año anterior, las denuncias descendieron 2,4%. Por su parte, Zabaleta consideró que las cifras muestran una situación de "estabilidad" y una "desaceleración" respecto a los picos registrados en años anteriores.

En cuanto a los homicidios de mujeres por violencia basada en género, en el mismo período se contabilizaron 16 femicidios, uno menos que en el mismo período de 2025. Consultada sobre la persistencia de estas cifras, la jerarca sostuvo que siguen siendo elevadas y dijo que el ministerio no va "a descansar hasta que el número sea cero".

"Una muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer ya es grave", afirmó. También señaló que a los homicidios deben sumarse las tentativas y otras situaciones de violencia que provocan lesiones importantes.

Por otra parte, las denuncias por abuso sexual, atentado violento al pudor y violación alcanzaron las 2.438 en los primeros diez meses de 2026, un descenso de 5,4% respecto al mismo período de 2025.

Un proyecto de ley para los deepfakes

La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es una forma de violencia que puede involucrar fotografías o videos reales, originalmente compartidos en un ámbito privado y luego divulgados por terceros. Sin embargo, las nuevas tecnologías plantean un desafío para la normativa: las imágenes sexuales falsas creadas mediante inteligencia artificial, conocidas como deepfakes, todavía no están incluidas expresamente en la figura delictiva de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

A nivel legislativo, hay una iniciativa para adaptar la normativa a estas nuevas formas de violencia. El diputado colorado Gabriel Gurméndez presentó un proyecto que propone modificar el artículo 92 de la ley N.º 19.580, de violencia hacia las mujeres basada en género, para que la prohibición de difundir imágenes íntimas sin consentimiento alcance también a las representaciones simuladas mediante inteligencia artificial y otras tecnologías.

Aunque la presentación del ministerio no incluye un apartado sobre material manipulado mediante inteligencia artificial, el organismo ha reconocido, en otras ocasiones, que su existencia implica una "amenaza delictiva en plena expansión".

En esta línea, según informó el ministerio en su sitio web, en octubre de este año Uruguay se sumó a la campaña impulsada por Interpol para concientizar sobre el "riesgo" de este tipo de contenidos. A pesar de que la campaña se concentra en estafas, existe un apartado que apunta que los deepfakes también tienen como objetivo generar "material de abuso sexual".

En el ámbito judicial, un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar), realizado para el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPEES), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), dio cuenta de la primera sentencia condenatoria en el país por la generación de material de abuso sexual de menores mediante inteligencia artificial.

La investigación, publicada en abril de 2026, señaló que operadores de Fiscalía identificaron un fallo que estableció que la representación de niños, niñas y adolescentes en material de abuso sexual creado con IA puede constituir un delito penal, incluso cuando no existe una víctima real detrás de las imágenes. El estudio advierte que esta modalidad plantea desafíos específicos para la investigación y la persecución penal, precisamente porque no requiere que haya existido una victimización directa para producir el contenido.

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