Legisladores Ojeda, Perrone y Castro piden a la Asamblea General que analice si es posible indultar a Moisés Martínez
Los integrantes del Partido Colorado y de Cabildo Abierto elevaron una carta a la presidenta de la Asamblea General para conocer el alcance del indulto que puede conceder la Asamblea General y cómo sería su instrumentación
Moisés Martínez en la audiencia del pasado 8 de abril. Archivo
Foto: Leonardo Carreño/FocoUy
Los legisladores colorados Andrés Ojeda y Elianne Castro, así como el diputado cabildante Álvaro Perrone, solicitaron a la Asamblea General que estudie la posibilidad de gestionar el indulto de Moisés Martínez, el hombre de 28 años que asesinó a su padre de 15 disparos y fue condenado a 12 años de prisión.
Los legisladores elevaron una nota firmada a la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Carolina Cosse, para que analice la posibilidad de aplicar el artículo 85 de la Constitución de la República que en su numeral 14 establece que a la Asamblea General le compete, entre otras cosas, "conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes".
De esta manera, en la carta solicitan a Cosse analizar si existen antecedentes de la aplicación de este artículo y de ese numeral en particular.
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Foto: Leonardo Carreño/FocoUy
En la fundamentación, los legisladores sostienen que el caso de Moisés Martínez "presenta aristas de una sensibilidad humana excepcional" y que en el transcurso del juicio quedó probado que el condenado y su familia "fueron víctimas de una historia prolongada de violencia intrafamiliar y abusos sexuales sistemáticos".
Aseguran también que el indulto está previsto como una "herramienta para evitar que la pena se convierta en una 'mortificación' adicional para una víctima de abuso crónica que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo".
Y apuntan a que la sentencia de condena "reconoce un historial de torturas y violencia sistemática que el Estado no pudo prevenir a tiempo, a pesar de existir antecedentes de condena previos contra la víctima en el año 2010 por los delitos sexuales contra su propia hija" (hermana de Moisés).
De esta manera, luego de plantear esta fundamentación, los legisladores piden a Cosse que instruya al área jurídica de la Asamblea General a realizar un informe que aborde si es requisito indispensable antes de aplicar el indulto que exista una condena firme (dado que, por el momento, hay una en primera instancia), si el indulto debe presentarse como un proyecto de ley o bajo "otra modalidad", y si existen antecedentes de la aplicación del artículo 85, numeral 14, de la Constitución de la República.
Los argumentos de la jueza
Martínez cometió el crimen el pasado 25 de mayo, cuando llegó a la casa de su padre y lo mató de 15 disparos.
La jueza María Noel Odriozola lo condenó a 12 años de cárcel —la Fiscalía pedía 18 años por el homicidio especialmente agravado— porque consideró que se habían probado los hechos por los cuales era acusado Moisés y que no se cumplía la absolución prevista en el Código Penal, fundamentalmente porque sí habían existido denuncias previas contra el padre por los abusos cometidos.
El artículo del Código Penal que establece el indulto señala que puede otorgarse en casos de violencia intrafamiliar que haya sido denunciada varias veces de manera reciente y sin respuesta del Estado.
El padre de Moisés había sido denunciado y condenado por atentado violento al pudor —luego de la denuncia por abuso sexual contra una de sus hijas—, pero en 2010.
De esta manera, la Justicia entendió que el hombre había sido denunciado y había cumplido con la condena.
Odriozola consideró que habían pasado 15 años desde aquella condena y que no había habido nuevas denuncias contra el hombre. Resaltó que, en cambio, sí había habido una denuncia del padre contra Moisés por amenazas.
También incluyó en la sentencia que Moisés fue a la casa de su padre con "la intención de darle muerte", teniendo en cuenta la cantidad de disparos que le dio a la víctima y que todos fueron mortales.
Por otra parte, la fiscal Sabrina Flores, que pidió la condena de Moisés, explicó en los últimos días que no existe un marco normativo para resolver estos casos como reclama una parte de la sociedad.
Flores consideró que no se podía amparar en situaciones que "no están legalmente amparadas".
"Creemos que la sentencia es acorde a toda la prueba que se diligenció en el juicio", agregó la fiscal.
Y reflexionó: "Tenemos que tener en cuenta que estos hechos aberrantes que cometió la víctima del homicidio, que nadie discute que es tremenda la violencia y el abuso sexual que sufrió esa familia, cesaron en el año 2010 cuando a esta persona se le hace una denuncia y va presa".
