El Ministerio de Transporte compareció este miércoles ante la comisión que estudia el proyecto de ley impulsado por tres diputados de la oposición para reducir a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad (salvo para los que se pasan por más de doble de la velocidad permitida) y se mostró alineado con “parte” de la intención del proyecto.
De todos modos, las autoridades de la cartera encabezadas por la ministra Lucía Etcheverry defendieron la incidencia de los radares en el tránsito y alertaron por aquellos vehículos que acumulan multas.
Fue el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, el encargado de presentar los datos vinculados al rol de los radares en el tránsito en rutas nacionales. Según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), en las zonas donde hay radar se redujeron en un 17,4% los siniestros severos y un 52,9% los fatales. Sin embargo, no hay prácticamente variación respecto a la cantidad de accidentes.
“No existe duda de que los dispositivos de control son eficaces para la disminución de los siniestros que más nos preocupan, que son los graves y los fatales. Nos da la pauta para incrementar los puntos de la red en lo que esto debería ser necesario, de alguna manera, combatiendo la percepción del usuario de que hay zonas fiscalizadas y zonas no fiscalizadas”, dijo Magnone según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
Por una cuestión metodológica, explicó Magnone, el estudio se hace 500 metros antes y 500 metros después de la instalación de cada punto de fiscalización de velocidad.
El Ministerio de Transporte realizó antes de la instalación de los puntos de fiscalización, en 2022, una medición, sin anuncios y sin multa, de la velocidad real en los puntos donde se iban a instalar los dispositivos de control. En ese momento, según los datos presentados, el 56 % de las personas que circulaban por esos puntos excedía la velocidad reglamentaria. Luego de la instalación de los radares se redujo al 0,07% de los vehículos. “No admite ninguna discusión que los puntos en los que se controla la velocidad llevan a los conductores a bajar la velocidad y a respetar los límites”, insistió Magnone.
¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Transporte en ese marco? La cartera está alineada con la postura del Congreso de Intendentes que busca incentivar a los usuarios que tienen voluntad de pagar a tiempo y, agrega el gobierno, no sean reincidentes.
Magnone propuso que quienes abonen la multa en los primeros 60 días tengan un 50 % de descuento, y que quienes lo abonen entre los 60 y los 120 días, un 25 %. Las infracciones graves planteó dejarlas afuera –en línea con el proyecto–. Además, los beneficios propuestos por Transporte se aplicaría para los “primarios”. Es decir, las personas que cometen una infracción por primera vez. “A esa persona le damos una oportunidad de corregir esa conducta, pero no a quienes son infractores contumaces o reincidentes”, explicó.
¿Por qué la cartera hace esa distinción? Porque hay vehículos que acumulan muchas multas. En un año calendario hay unos 10 mil autos (60% nacionales y 40% extranjeros) a los que se le aplicaron 5 o más multas. El 30% de los vehículos acumula el 60% de las multas y los vehículos que tienen más de 10 multas son apenas el 1,3% pero concentran el 14% de las infracciones.
Magone agregó “como dato” que hay 136 vehículos nacionales y 60 extranjeros que tienen más de 50 multas y algunos superan las 100.
“Por lo tanto, proponemos penalizar de alguna manera, progresivamente, a aquellos que cometen infracciones sistemáticamente. También hay una propuesta de que podamos incrementar el valor según sea entre 2 y 5 multas, o entre 5 y 10. Para trabajar en esto, primero tenemos que definir qué es un infractor reincidente, o sea, cuál es el período y cuál es la cantidad de multas, y después la penalización o la modificación en el valor de la multa para esos casos”, apuntó.
La propuesta de los diputados opositores Sebsatián Andújar, Conrado Rodríguez y Álvaro Perrone plantea reducir a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad, salvo en el caso de que el límite se supere por el doble.
De aprobarse el proyecto tal como fue presentado, si un conductor sobrepasa el límite de velocidad por hasta 20 kilómetros por hora la multa bajaría de 5 unidades reajustables ($9.555) a 2,5 ($4.778), si lo hace por entre 21 km y 30 km pasa de 8 UR a 4 UR y si lo hace por entre 31 km y el doble menos 1 km pasa de 12 UR a 6 UR.
En el caso de superar el límite de velocidad por más del doble de lo permitido la multa bajaría pero no a la mitad: actualmente son 15 UR y pasaría a 12 UR ($ 22.932).
El “problema serio” de los extranjeros
La ministra Lucía Etcheverry también mencionó el “problema serio” de los vehículos extranjeros y las multas. En ese tema desde el año pasado están trabajando diversos ministerios para tratar de generar un mecanismo eficiente para poder cobrarle a los extranjeros.
La clave ahí es lograr identificar el responsable del vehículo, notificarlo y obligarlo de alguna forma a que asuma la responsabilidad económica.
La asesora de la Dirección Nacional de Vialidad, Sylvana Tyler, dijo que “el porcentaje de cobrabilidad” de esas multas es cercano al 1%. Una de las medidas que se están analizando es implementar un “formulario de precarga para todos los que ingresan al país”, que permita identificar los vehículos en que ingresan y se asocia a un responsable a ese vehículo.
“Estamos trabajando en un protocolo de intercambio de información, que fue aprobado en estos días, para compartirla y poder notificar fehacientemente a los extranjeros, que es una de las fallas que hoy tenemos para poder implementar las infracciones. Me refiero a la notificación oficial a los extranjeros. A partir de mediados de año tendríamos esa información para poder notificar y tomar alguna medida posterior y que los extranjeros puedan enterarse de que están cometiendo infracciones y, además, poder pagar”, apuntó Tyler.
La postura del Congreso de Intendentes
El intendente de Canelones, Francisco Legnani, aseguró este miércoles en la comisión que la iniciativa a estudio había “obligado en el mejor de los sentidos” a activar en el tema y el Congreso de Intendentes acordó en dos reuniones reducir el costo de las multas para aquello que pagan antes del 20 de enero del año siguiente al que cometen la infracción.
La decisión del Congreso es más amplia que el proyecto de ley y salvo las más graves plantea reducir casi todas las multas a un 50% si se pagan dentro de los plazos mencionados.
