Los jueces consideraron que los hechos demostraron una "total falta de apego y por ende de respeto por la vida humana" y que los responsables no manifestaron arrepentimiento por la muerte de las víctimas.
"Si esto no es demostración clara de la peligrosidad de los autores partícipes de tan cruel hecho, que habilita la imposición de las medidas eliminativas, no se entendería como ello no podría justificarlas", sostuvo el tribunal.
Los abogados Nicolás Pereyra y Rafael Silva representan a víctimas del incendio en el proceso judicial.
Una disputa por trabajos dentro de la cárcel desencadenó el ataque
El incendio ocurrió el 25 de setiembre de 2024, en la celda 94 del sector B2 del módulo 4 de la Unidad Nº 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación, conocida como Comcar.
Según la reconstrucción judicial, el episodio comenzó por una disputa relacionada con la distribución de tareas laborales dentro del establecimiento penitenciario.
Facundo Gutiérrez, uno de los reclusos que posteriormente murió en el incendio, se encontraba realizando tareas de ranchero, vinculadas a la distribución de alimentos, cuando fue atacado con un objeto cortopunzante por Maximiliano Soca Launas, uno de los condenados.
La sentencia recoge que la agresión estuvo motivada por el "reparto de comisiones laborales", según declararon varios testigos. Gutiérrez buscó refugio en la celda 94, donde se encontraban sus compañeros. Los ocupantes intentaron impedir el ingreso de los agresores colocando cuchetas y colchones detrás de la puerta. Sin embargo, el ataque continuó desde el exterior.
Los siete agresores utilizaron lanzas y bastones con armas cortantes de fabricación carcelaria, en cuyos extremos colocaron trozos de polifón encendidos. Introdujeron esos elementos por las aberturas de la celda y también arrojaron combustible, lo que aceleró la propagación de las llamas.
Mientras el fuego avanzaba, permanecieron afuera con las armas para impedir que las víctimas escaparan. El tribunal dio por probado que los responsables mantuvieron un "asedio permanente" sobre la celda, impidiendo que sus ocupantes salieran. Seis presos murieron por inhalación de productos del incendio y un séptimo logró sobrevivir.
La Fiscalía sostuvo durante el proceso que la gravedad del episodio estaba dada por "haber dejado morir a varias personas las que gritaban por sus vidas".
El único sobreviviente, clave para identificar a los responsables
Matías Javier Vargas fue el único ocupante de la celda 94 que sobrevivió al incendio. Su declaración resultó fundamental para reconstruir lo sucedido e identificar a los agresores. El tribunal destacó que Vargas reconoció a los responsables durante el proceso judicial y que su testimonio fue respaldado por otros reclusos que declararon bajo reserva de identidad.
El fallo también recoge el testimonio del médico forense Gustavo Ángel Pose Roman, quien examinó al sobreviviente. Vargas sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro, el cuello y los miembros superiores, que afectaron al 8% de su superficie corporal, pero las lesiones más graves fueron las que sufrió en las vías respiratorias, que pusieron en riesgo su vida. El sobreviviente debió ser intubado, conectado a un respirador y permanecer en coma.
Durante el juicio, las defensas cuestionaron la credibilidad de su testimonio y señalaron contradicciones en sus declaraciones. Sin embargo, el tribunal entendió que las dificultades para recordar o describir determinados detalles debían valorarse teniendo en cuenta la experiencia traumática que había atravesado.
Además de Vargas, la Justicia consideró los testimonios de otros presos, funcionarios policiales, bomberos y peritos forenses.
El tribunal rechazó los argumentos de las defensas y confirmó las penas máximas
Las defensas de los siete condenados habían apelado la sentencia de primera instancia, dictada por la jueza Viviana Galleto, y reclamaron la absolución de sus representados o, subsidiariamente, una reducción de las penas.
Entre sus argumentos, cuestionaron la identificación de los agresores, la valoración de las pruebas y la reconstrucción del origen del incendio. También señalaron que la autopsia de Facundo Gutiérrez no había permitido constatar la lesión de arma blanca que, según los testimonios, había sufrido antes de refugiarse en la celda.
El tribunal entendió que el estado del cuerpo podía explicar esa ausencia y que las declaraciones de los testigos resultaban suficientes para acreditar la agresión inicial.
Las defensas también plantearon cuestionamientos sobre la investigación y sugirieron que algunos testimonios habían sido preparados para responsabilizar a los acusados. Los magistrados rechazaron esa hipótesis.
"Tal afirmación de hechos extraordinarios requiere también de prueba extraordinaria y ella no se realizó ni se llevó a cabo para incorporarla en autos", señalaron, y concluyeron: "Por tanto, este tipo de afirmaciones sólo pretenden crear confusión y ni siquiera llegan luego, a sembrar la duda".
El Tribunal de Apelaciones consideró que existían pruebas suficientes para confirmar la responsabilidad de los siete acusados y mantener las penas de 30 años de penitenciaría.
Por qué la Justicia agregó hasta diez años de medidas de seguridad
La principal modificación de la sentencia de segunda instancia fue la imposición de medidas de seguridad eliminativas, que habían sido solicitadas por la Fiscalía y rechazadas por la jueza de primera instancia.
La fiscal Naupp había reclamado 15 años de estas medidas para los siete responsables, al entender que la gravedad del crimen y sus antecedentes demostraban una peligrosidad que justificaba su aplicación. En su argumentación, la Fiscalía señaló que todos los condenados eran reincidentes y que algunos habían cometido homicidios anteriormente.
El Tribunal de Apelaciones compartió el criterio sobre la peligrosidad de los responsables, aunque estableció un período menor al solicitado. Los magistrados entendieron que la propia forma de ejecución del ataque era suficiente para justificar las medidas, sin necesidad de nuevas pericias para determinar la peligrosidad de los condenados.
En ese sentido, el tribunal destacó que los responsables actuaron de manera conjunta, utilizaron fuego y armas carcelarias contra personas encerradas y les impidieron escapar.
La sentencia dispone que las medidas se apliquen a los siete condenados por un plazo mínimo de cinco años y máximo de diez años, después de cumplir los 30 años de penitenciaría. También establece que deberán cumplirse en un establecimiento carcelario.
Estas medidas no implican necesariamente diez años adicionales de reclusión para todos los condenados, ya que su duración efectiva está sujeta al régimen legal de ejecución y control judicial.
Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones mantuvo las penas de prisión impuestas en primera instancia y agravó las consecuencias de las condenas al incorporar las medidas de seguridad solicitadas por la Fiscalía, aunque por un plazo inferior al reclamado.