El vínculo de la Fundación A Ganar con el gobierno de Luis Lacalle Pou fue cuestionado y observado críticamente por el Frente Amplio en la oposición, aunque una vez en el gobierno el Ministerio de Desarrollo Social decidió continuarlo tras analizar el caso con el presidente Yamandú Orsi.
La decisión estaba vinculada a la contratación de cupos en residenciales, un programa iniciado por la administración anterior tras detectar que algunas personas que estaban en la calle eran adultos mayores a los que era inconveniente llevar a refugios porque tenían necesidades de atención permanente.
Este año, el Mides decidió reducir la cantidad de cupos contratados a la fundación e hizo un nuevo convenio con Integra, una de las asociaciones más grandes de residenciales.
Sin embargo, según supo El Observador por fuentes del sector, se han registrado atrasos en los pagos de varios meses lo que ha llevado a profundas discusiones internas ya que varios residenciales han tenido que dejar de tener a los pacientes y derivarlos a otros porque no pueden enfrentar los costos de mantenerlos.
Desde el Mides reconocieron a El Observador los atrasos en los pagos, aseguraron que son partes de los problemas que tienen también las ONG y señalaron que esperan resolverlo pronto.
En uno de los intercambios, el referente de Integra Sabino Montenegro planteó que no podían “dinamitar” con el Mides porque era quien los inspeccionaba. “Hay que ponerse en el lugar de todos”, dijo y señaló que los residenciales que recibían pacientes eran un 20% de todos los que forman parte de la asociación.
El referente planteó que la “nueva realidad” era que el Estado pagaba de 120 a 150 días y que quien no pudiera “resistir” tenía que comunicarlo porque iban a buscar el dinero para pagarle por el alojamiento a la persona antes de que abonara el Mides.
En sus mensajes, enviado la semana pasada, Montenegro hizo referencia a que podía haber mayores dificultades porque no se sabía si estaba el “voto 50” de la Rendición de Cuentas.
“El Estado hoy con el problema económico (que tiene), no se sabe si va a tener el voto 50, si va a tener recursos. No estamos para pelearnos con la gente que nos inspecciona. Es mucho más profundo hay que ponerse en el lugar de todos”, dijo y reiteró que “ojalá” se consiguiera el voto 50 porque eso les iba a permitir aumentar la cantidad de cupos que el Mides les contrataría.
Discusión en Diputados
El cambio en la contratación de los residenciales generó un intercambio entre el ministro Gonzalo Civila y la diputada del Partido Nacional, Fernanda Auersperg, durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas.
Según consta en la versión taquigráfica, Auersperg -que el período pasado fue directora de Protección Social del Mides- planteó que con el cambio se había encomendado parte de su ejecución a una “gremial integrada por los propios prestadores del servicio” en referencia a Integra.
“Entiendo que acá hay un tema de juez y parte y querría entender también cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron esa decisión y de qué manera el ministro entiende que ese modelo protege de mejor forma los derechos y el bienestar de las personas destinatarias garantizando un seguimiento independiente de la calidad de las prestaciones y evitando que quienes prestan el servicio terminen directa o indirectamente supervisando su propia actuación con el consiguiente riesgo para los destinatarios de la política pública”, señaló.
Civila le contestó que había diversos mecanismos de control, entre ellos el propio Mides, y que el convenio obligaba a “tareas de seguimiento y de acompañamiento de las personas que están allí, en los términos en que estaba planteado en el proyecto anterior”.
“Logramos un abaratamiento del costo del cupo por persona, producto de componentes del programa que no estaban ejecutándose, y lo que estamos haciendo es trabajar con dos actores: con la Fundación A Ganar en una cantidad de establecimientos de larga estadía y con Integra en otros establecimientos de larga estadía”, agregó.
“Estamos tranquilos, por un lado, que tenemos un control independiente de cualquier intermediación, que es el control que el Ministerio hace de los establecimientos de larga estadía, que hacen otros organismos del Estado”, sentenció.
La diputada reiteró que Integra estaba siendo juez y parte porque nuclea residenciales y realiza tareas de control, algo que antes lo hacía “una organización independiente”. “Yo no estoy cuestionando que se le bajen los cupos a Fundación A Ganar en concreto, sino que la organización a la cual se le adjudican esos 110 cupos es, justamente, juez y parte, porque es la asociación de residenciales”.
Civila cerró reiterando que los establecimientos de larga estadía tenían “mecanismos de control” y que no estaban “entregándole el control de los establecimientos a un intermediario”.