En el jardín Enriqueta Compte y Riqué, el deterioro llegó a la mampostería diseñada por el arquitecto Alfredo Jones Brown. Cuando comenzaron a desprenderse partes de la construcción, hubo que realizar reparaciones artesanales. Los inspectores de la zona tuvieron que coordinar los trabajos para evitar que las obras interfirieran más de lo necesario con el funcionamiento del histórico primer jardín de infantes de la región.
Y hay una dificultad que conecta a estas construcciones con una necesidad cada vez más presente en las aulas: la temperatura.
La escuela Brasil y la escuela pública Alemania, ambas en Montevideo, tienen los equipos de aire acondicionado adquiridos, pero no han podido instalarlos debido a las restricciones asociadas a la protección patrimonial de sus edificios. En ambos casos, la solución no depende únicamente de contar con los aparatos, sino de encontrar una forma de colocarlos que resulte compatible con las exigencias de conservación.
La pregunta, entonces, no es solamente cómo preservar estas construcciones. También es cómo garantizar que sigan cumpliendo su función sin que el paso del tiempo, las exigencias de la protección patrimonial y la lentitud de los trámites terminen perjudicando a quienes estudian y trabajan en ellas.
La letra también necesita una temperatura adecuada
“La letra con frío no entra”, se suele recordar a propósito de una frase atribuida a Gabriela Mistral, la docente chilena que décadas después recibiría el Premio Nobel de Literatura. Pero la discusión sobre las condiciones ambientales de las aulas tiene hoy otra dimensión: el calor también puede afectar las condiciones en las que se enseña y se aprende.
Las olas de calor y las temperaturas elevadas han puesto el asunto en la agenda de distintos países, donde se estudian sus efectos sobre el bienestar y el rendimiento de los estudiantes. En Uruguay, la dificultad de instalar equipos de climatización en algunos edificios protegidos agrega un problema a la discusión sobre las condiciones materiales de la educación.
El exdecano de la Facultad de Arquitectura Marcelo Danza sostiene que la climatización forma parte de una tecnología que no existía cuando se construyeron muchos de estos edificios y que puede contribuir a mejorar las condiciones de uso. No se trata únicamente de confort: los sistemas de calefacción también plantean consideraciones de seguridad y ventilación, dependiendo de los equipos y de cómo se utilicen.
La evidencia científica es contundente: un estudio de Harvard, UCLA y Georgia State analizó a más de 10 millones de alumnos y determinó que cada aumento de temperatura reduce el aprendizaje anual, afectando la atención, la memoria y la resolución de problemas.
La revista mundial especializada en psiquiatría infantil estudió más de 720.000 pacientes y reveló que las temperaturas extremas durante los meses cálidos multiplican por dos las hospitalizaciones psiquiátricas graves en jóvenes menores de 24 años (por depresión, ansiedad, autolesiones o trastornos alimentarios).
Y en el invierno, en esas escuelas de techos altos y aberturas sin aislamiento perfecto, “la letra con frío no entra”.
La escuela Artigas de Flores permite ver cómo se superponen los problemas. Allí ya había equipos de aire acondicionado, pero hasta hace poco debían turnarse cuál encender porque, cuando funcionaban varios al mismo tiempo, saltaba la llave eléctrica.
Ese inconveniente pudo solucionarse. Ahora, sin embargo, el centro debe reparar los aleros, porque los techos vienen acumulando agua. Al tratarse de elementos que deben conservar sus características originales, las intervenciones requieren procedimientos especiales y se prolongan más que una reparación convencional.
En promedio esas demoras —y en consonancia la elevación de los costos de las reparaciones— es el triple que el de una institución sin “protección” patrimonial.
Mario Corrales, jefe del área de Arquitectura de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), confirma ese incremento de los costos y reconoce que las prioridades edilicias han cambiado.
“Si hace diez años el gran problema de los edificios educativos era la carga eléctrica, ahora está siendo la cantidad e intensidad de las lluvias que afectan techos, filtraciones”, explica.
“Si hace diez años el gran problema de los edificios educativos era la carga eléctrica, ahora está siendo la cantidad e intensidad de las lluvias que afectan techos, filtraciones” “Si hace diez años el gran problema de los edificios educativos era la carga eléctrica, ahora está siendo la cantidad e intensidad de las lluvias que afectan techos, filtraciones”
La dificultad consiste en atender esas nuevas necesidades en construcciones que fueron concebidas para otras condiciones de uso y que, además, están sometidas a exigencias específicas de conservación.
“Los edificios patrimoniales no son intocables”
Marcel Suárez, responsable ejecutivo de la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), conoce el problema desde una perspectiva poco habitual para quien ocupa un cargo de ese tipo. Fue alumno, docente y director interino de un liceo patrimonial de Las Piedras.
“Me ha tocado a mí mismo subirme al techo, caminar por los pretiles y empezar a intentar drenar el agua, habiendo inundado los laboratorios de más abajo”, cuenta con la cadencia de un docente comprometido con sus estudiantes.
La anécdota ayuda a entender su posición. Suárez no considera que la preservación deba imponerse a cualquier otra necesidad. Por el contrario, insiste en que los edificios históricos deben seguir utilizándose y adaptándose.
“Los monumentos y edificios patrimoniales no son intocables. Se deben intervenir. Vacío y sin uso es peor. Lo importante es el uso presente”, afirma y enseguida le sale una explicación: “¿Hay problemas presupuestales? Los hay. Patrimonio puede recibir hasta el 4% de la recaudación de los casinos del Estado y en el último presupuesto no se alcanzó siquiera la mitad. ¿Hay problemas burocráticos? Los hay. Pero sobre todo hay un problema de comunicación, de información, de saber que se puede hacer más de lo que se imagina”.
“Los monumentos y edificios patrimoniales no son intocables. Se deben intervenir. Vacío y sin uso es peor. Lo importante es el uso presente” “Los monumentos y edificios patrimoniales no son intocables. Se deben intervenir. Vacío y sin uso es peor. Lo importante es el uso presente”
A su juicio, parte de las dificultades nace de una interpretación excesivamente restrictiva de lo que significa que un edificio esté protegido. La declaración patrimonial no implica necesariamente que esté prohibido modificarlo, pero esa idea puede instalarse entre quienes deben gestionar las obras.
Suárez propone encontrar mecanismos que permitan tramitar con mayor agilidad las intervenciones en edificios educativos y de salud protegidos. No plantea eliminar los controles, sino evitar que los procedimientos se conviertan en una barrera para resolver necesidades que pueden ser urgentes.
Uno de los ejemplos que menciona es el liceo 1º de Salto, donde un expediente relacionado con la renovación del mobiliario de un salón de actos lleva dos años sin resolverse. Como alternativa, plantea aplicar criterios similares a los utilizados en otros edificios históricos: sustituir los elementos que necesitan renovarse, mantener ciertas tonalidades o características originales y conservar algunas piezas como testimonio.
En este caso son butacas de madera en un salón de actos que está en desuso y que, a juzgar por la comunidad docente, es ideal para reuniones de coordinación, proyecciones y trabajos en escenario del bachillerato Artístico.
La idea es que la protección patrimonial no obligue necesariamente a reproducir cada elemento de manera idéntica cuando existen alternativas capaces de preservar la identidad del lugar.
“Ya se ha hecho en Facultad de Medicina: se cambia el mobiliario de una sala por uno nuevo, intentando mantener ciertas tonalidades, y un par de asientos se dejan como testimonio en un lugar que puede ser incluso fuera de la sala”, explica Suárez.
El planteo abre una discusión sobre las prioridades. Para Corrales, en un sistema con tantos centros educativos y necesidades edilicias acumuladas, cambiar los asientos de un salón de actos puede quedar por detrás de una reparación urgente que evite un derrumbe o proteja a quienes transitan por el edificio.
Suárez no desconoce esas urgencias, pero considera que atenderlas no debería impedir agilizar otros procedimientos.
“Hay cosas que pueden hacerse a la vez. Así como el riesgo de derrumbe es algo urgente y hay que hacer algo paliativo, puede intentarse que la documentación de los edificios patrimoniales fluya más rápido sin que quede atrapada en la burocracia. He visto un caso que lleva hasta 14 años. No puede ser”, afirma.
En el caso de los aires acondicionados, agrega, a veces las propias familias tienen propuestas para encontrar soluciones compatibles con la preservación: ubicar las salidas de aire hacia el interior, una azotea u otro lugar que evite alterar la fachada histórica.
El desafío es que esas alternativas puedan evaluarse y resolverse en plazos compatibles con las necesidades de las instituciones.
Conservar también cuesta dinero
La palabra que repiten directores, padres y docentes cuando se les pregunta por las dificultades asociadas a la protección patrimonial es “obstáculo”. En lugar de ser solamente un motivo de orgullo o una forma de mantener viva la memoria de otras generaciones, la declaración puede percibirse como una complicación para resolver problemas cotidianos.
Pero la discusión no se agota en las autorizaciones. Mantener un edificio histórico requiere recursos, personal especializado y una planificación capaz de anticiparse al deterioro. Cuando las reparaciones se postergan, un problema relativamente acotado puede agravarse y exigir una intervención más compleja.
La escuela de Flores, con sus aleros y filtraciones, es un ejemplo de cómo las necesidades se acumulan. Sin contar sus balcones de una madera que se está desprendiendo y que ya no soporta siquiera el cambio climático. También lo son los edificios en los que las ventanas deben reproducirse artesanalmente o las piezas antiguas ya no tienen repuestos disponibles.
El Observador accedió a la lista de edificios que tienen resolución patrimonial. Son al menos 22 en nueve departamentos que siguen en funcionamiento. Están vivos. En uso. Y ante la consulta se repiten las demoras, el que “no te dan siquiera una lata de pintura a cambio para mantener la fachada del color original” o que “el régimen tan vertical que tiene la ANEP hace que un expediente no fluya al compás de la demanda”, como dijo una directora que prefirió no ser identificada por “temor a represalias”.
La arquitecta Florencia Hughes, que ha trabajado en restauraciones de instituciones educativas privadas y tiene particular sensibilidad por el valor histórico de los edificios, resume el desafío en una frase: “En un edificio patrimonial (o testimonial si no tiene resolución) hay que respetar lo que existe y que, a la vez, sea una obra del siglo XXI”.
En un edificio patrimonial (o testimonial si no tiene resolución) hay que respetar lo que existe y que, a la vez, sea una obra del siglo XXI En un edificio patrimonial (o testimonial si no tiene resolución) hay que respetar lo que existe y que, a la vez, sea una obra del siglo XXI
Para que ese equilibrio sea posible, señala, no alcanza con el diálogo y la información. También hace falta mantener los edificios. “Una vez que está abandonado, ya es discutible si tiene sentido la reconstrucción”, advierte.
Su planteo introduce una paradoja: preservar no consiste solamente en evitar modificaciones. También requiere impedir que el deterioro avance hasta el punto en que conservar la construcción resulte cada vez más difícil.
El péndulo de la preservación
Detrás de las dificultades actuales hay otra discusión: cómo fue cambiando la forma en que Uruguay entiende y protege su patrimonio arquitectónico.
La hipótesis que plantean algunos de los entrevistados es que, después de una etapa a comienzos del siglo XX en que lo moderno era aquello que hoy es histórico, empezó una destrucción patrimonial porque eran obras poco confortables.
Numerosos edificios históricos fueron demolidos o quedaron expuestos al deterioro o a modificaciones poco cuidadosas. Hasta que en la década de 1970 la protección patrimonial adquirió mayor peso. Con el tiempo, sin embargo, algunos procedimientos pudieron volverse demasiado rígidos, casi ortodoxos, dificultando adaptaciones que no necesariamente implican destruir el valor histórico de una construcción.
La imagen es la de un péndulo: del descuido a la protección estricta y, ahora, la búsqueda de un punto de equilibrio.
La cuestión no es menor. Una protección demasiado débil puede permitir la pérdida de elementos históricos irremplazables. Una aplicación excesivamente rígida, en cambio, puede dificultar que un edificio continúe cumpliendo su función y que las autoridades resuelvan problemas de accesibilidad, seguridad o mantenimiento.
La salida no necesariamente consiste en elegir entre preservar y adaptar, sino en establecer criterios claros para determinar qué debe conservarse, qué puede modificarse y con qué procedimientos. Mucho más si en el medio hay estudiantes.
Cuando preservar entra en conflicto con los derechos de los niños
La subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriela Verde, comparte la preocupación por las dificultades burocráticas. Su mirada tiene una particularidad: también conoce el sistema educativo desde dentro, por su experiencia como directora de escuela.
Verde no descarta que, en determinadas circunstancias, pueda revisarse o incluso retirarse la protección patrimonial de un centro educativo si mantenerla entra en conflicto con derechos elementales de los niños, docentes y otros funcionarios.
No presenta esa posibilidad como la solución deseable, sino como una alternativa que no debería quedar excluida cuando están en juego las condiciones necesarias para garantizar esos derechos.
Su planteo lleva la discusión un paso más allá de la instalación de un aire acondicionado o el cambio de una ventana. La pregunta es qué debe hacer el Estado cuando la conservación de un edificio entra en tensión con las necesidades de quienes estudian en él.
La subsecretaria también cuestiona la falta de funcionarios, la estructura piramidal del sistema educativo y la pérdida de información durante los trámites. Según su planteo, a veces existen soluciones técnicamente posibles, pero quienes gestionan los centros no las conocen o no consiguen que las propuestas avancen por los canales administrativos.
“El bien superior de quienes componen la comunidad educativa tiene que estar a la cabeza de las prioridades”, insiste la docente devenida en jerarca.
“El bien superior de quienes componen la comunidad educativa tiene que estar a la cabeza de las prioridades” “El bien superior de quienes componen la comunidad educativa tiene que estar a la cabeza de las prioridades”
Preservar el pasado y garantizar esas condiciones no deberían ser objetivos incompatibles. En eso coinciden todos los consultados. El desafío es que, en la práctica, tampoco terminen siéndolo.