Para ese tema específico se armó una subcomisión aparte con intercambios que encabezaron Charles Carrera (MPP), Marcelo Melo (Vertiente Artiguista), Juan Martín Fernández (PDC) y Bruno Giometti (Partido Comunista), entre otros.
El acuerdo posible requirió de una moción de casi 4 mil caracteres que conformó a todo el espectro y que luego fue aplaudida por el Palacio Peñarol en pleno al ser leída por primera vez para su votación.
El punto clave es que “valora” –pero evita respaldar– el impuesto propuesto por el PIT-CNT. Así, el Frente Amplio compartió “la orientación de la iniciativa” y estableció que “el debate sobre impuestos no puede ser un tabú para la izquierda”.
Luego, a impulso de uno de los comités, estipuló una fecha: llamó a “alcanzar acuerdos en instancias orgánicas de la fuerza política en el transcurso del 2027” con “definiciones” que “sean aportes concretos” para el gobierno. Pero no se limitó exclusivamente a esta idea y refirió a un abordaje “integral dentro del conjunto de instrumentos tributarios y fiscales” según su efectividad.
Por ejemplo, el MPP habló en el seno de la subcomisión sobre la posibilidad del IVA personalizado a futuro, medida contenida en el programa frenteamplista y descartada por el ministro Gabriel Oddone para este mandato.
La moción consensuada incluyó además una mención a que el actual gobierno hizo “los cambios tributarios más profundos y relevantes desde la reforma de 2007”.
Sin compromisos para el gobierno
Bajo la premisa de que no era un Congreso programático sino de balance tras la recuperación del gobierno, los grandes grupos se abstuvieron de votar casi cualquier moción que declarara compromisos para el actual gobierno.
De esta manera, no se aprobó ninguna de las propuestas que salieron de las comisiones respectivas sin alcanzar la mitad de los votos pero que sí reunieron el 20% requerido para ser consideradas en el plenario del Palacio Peñarol. Por ejemplo, la moción defendida por el comité Hervidero para que Uruguay se plegara al reclamo de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de condenar la presunta violación por parte de Israel de la Convención sobre Genocidio en Gaza.
De todos modos, los bloques de acuerdo sí lograron definiciones relevantes. Una de ellas fue la redacción para restringir las “colectoras de votos” de cara a 2029.
También salió por amplio consenso una moción que reprueba la decisión del equipo económico de no avanzar en uno de los acuerdos del Diálogo Social. Tras valorar ese “ámbito”, el Congreso del Frente Amplio marcó que “es necesario reconocer que se vio debilitado ante la no implementación de uno de los acuerdos allí generados: la creación de un organismo público centralizado para la gestión del pilar de ahorro individual (AFAPs), en concordancia con lo establecido en el Programa del FA 2025-2030”.
“La decisión de dejar sin efecto esta medida —asumida en un contexto atravesado por las presiones ejercidas por representantes del capital y del sistema financiero— afectó la credibilidad en el proceso y resintió el relacionamiento con el bloque social y político de los cambios”, marcó la moción acordada y que será incorporada al documento base.
“Frente a ello, la fuerza política debe fortalecer su papel articulador entre el gobierno y su base social, contribuyendo a que los acuerdos y orientaciones alcanzados se traduzcan en avances concretos y reconstruyendo la confianza necesaria para sostener y profundizar las transformaciones”, culmina.
Fernando Pereira durante su discurso luego de haber sido reelecto como presidente del Frente Amplio
Foto: Gastón Britos / FocoUy
El último fruto de este Congreso sin fisuras fue la reelección por aclamación de Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio. Sin ningún rival para disputarle la interna y con amplio respaldo a su favor, fue la primera vez desde 2008 que la coalición de izquierda otorgó el cetro de Seregni y Vázquez en este ámbito.
¿Qué dice la moción completa sobre el 1%?
A continuación, se transcribe la moción completa referida al impuesto al 1% más rico:
“Concretar una Estrategia Nacional de Desarrollo liderada por el Estado, que trascienda el modelo productivo basado en la dependencia de materias primas mediante una planificación estratégica, poniendo la tecnología, el avance del conocimiento y la inteligencia artificial al servicio del desarrollo nacional.
Un Estado moderno, eficiente e innovador, implica blindar y fortalecer nuestro complejo de empresas públicas. Esto requiere desarrollar la inversión y gestión directa del Estado, en el marco de políticas que logren trascender los ciclos de gobierno, junto a los trabajadores organizados y empresas privadas dinámicas. En consonancia, deben explorarse mecanismos de participación de las y los trabajadores en el diseño de las orientaciones estratégicas de las empresas públicas.
Esta Estrategia Nacional se debe articular con la academia (UDELAR, UTEC, UTU) aportando conocimiento e innovación para las transformaciones. Asimismo, los organismos reguladores (URSEC y URSEA) deben avanzar en normativas que permitan velar por la defensa de la soberanía de los recursos estratégicos como: el agua, la energía, la minería, y las comunicaciones frente a cualquier intento de privatización; lo que requiere reforzar sus capacidades.
El papel de las empresas públicas en una estrategia de desarrollo debe centrarse en la articulación de acciones comunes promoviendo las inversiones necesarias en infraestructura industrial, educación y transporte, para impulsar la industria, la producción y el trabajo nacional, con el apoyo del sector financiero público.
La justicia tributaria constituye una de las señas de identidad de los proyectos de izquierda: quienes tienen más riqueza e ingresos deben contribuir en mayor medida al esfuerzo colectivo. La política tributaria es una herramienta fundamental para combatir la desigualdad, promover el desarrollo económico y hacer efectiva la justicia social.
En esta dirección, valoramos los importantes avances que se han concretado durante este gobierno, que representan los cambios tributarios más profundos y relevantes desde la reforma de 2007. La aprobación de un impuesto a los grandes grupos multinacionales, la ampliación de la tributación sobre las ganancias del capital financiero en el exterior y los cambios que gravan distribuciones de dividendos a no residentes antes exoneradas, constituyen pasos sustantivos hacia una mayor equidad tributaria.
En ese marco, valoramos la propuesta impulsada por el PIT-CNT, de incrementar la
contribución del 1% más rico como un aporte relevante al debate sobre justicia tributaria. Compartimos la orientación de esta iniciativa en el combate a la desigualdad y a la pobreza infantil, objetivos que orientan y guían nuestra acción, y que están en línea con las medidas que adoptó nuestro gobierno. En el mismo sentido, el informe de la UT de Economía plantea un conjunto de herramientas que parten de la estructura tributaria vigente y buscan el mayor impacto distributivo con el menor costo en términos de eficiencia y crecimiento.
Este debate sobre impuestos no puede ser un tabú para la izquierda, y debe ser
abordado en forma integral dentro del conjunto de instrumentos tributarios y fiscales, eligiendo los más efectivos en términos de recaudación, empleo e inversión, todos ellos necesarios para alcanzar el objetivo de crecimiento económico con justicia social. Debemos continuar con un profundo estudio y amplio diálogo, que nos permita alcanzar acuerdos, en instancias orgánicas de la fuerza política en el transcurso del 2027, para seguir avanzando en definiciones e iniciativas de la que sean aportes concretos para nuestro gobierno.
En particular, destacamos la necesidad de que los recursos que sean generados por este tipo de instrumentos contribuyan a erradicar la pobreza infantil, incorporando una perspectiva de género, étnico-racial y territorial, fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados”.
