En una nueva jornada de la audiencia de control de acusación en la causa contra el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés, la defensa del imputado —encabezada por los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto— logró este martes que la jueza Marcela Vargas dispusiera el sobreseimiento respecto a los hechos denunciados por uno de los denunciantes identificado bajo la letra "J", en la audiencia que El Observador presenció.

Durante la comparecencia, la defensa argumentó formalmente que, si bien la Fiscalía había formalizado la investigación por dicho caso en su momento, finalmente resolvió excluir ese caso de la acusación en la que pidió la condena máxima del senador con respecto a delitos sexuales sobre 13 víctimas.

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Según expuso Guerrero, la versión del denunciante "J" presentaba incongruencias determinantes: relataba que un viernes de mayo de 2021 había acudido a un local bailable en Ciudad Vieja y al salir alcoholizado de allí Penadés lo levantó en su auto y lo llevó al motel Goes. Sin embargo, prueba solicitada por la defensa, dijo Guerrero, permitió constatar que el boliche había permanecido cerrado en esas fechas por la pandemia. Además, señaló que mientras la víctima había dicho que se había ido corriendo del hotel, desde el establecimiento explicaron que el acceso/salida se hace desde el garaje de la habitación y con la habilitación de la recepción.

Asimismo, la defensa argumentó que Penadés no se encontraba en Montevideo durante los días señalados, como lo demostró una investigación de la defensa. Mencionaron también que esa vín ctima había sido llevada a la causa por Romina Celeste Pappaso y que el encargadode las relaciones públicas del boliche era Jonathan Mastropierro, ambos víctimas del caso Penadés.

Frente al planteo, la fiscal Ithurralde y el abogado defensor de la mayoría de las víctimas Juan Raúl Williman consideraron que la solicitud carecía de objeto, puesto que al no haber sido incluido el hecho en el escrito de acusación de la fiscalía, el principio de congruencia impedía a la fiscal volver a pedir que fuera a juicio ese caso.

No obstante, la abogada defensora Laura Robatto enfatizó la necesidad de otorgar "certeza y seguridad jurídica" al imputado para evitar que la causa quede en un "limbo". Argumentó que la formalización o imputación no es inocua, además de que sentencias del Tribunal de Apelaciones Penal de 4o Turno que interviene en el caso, continuaban hasta ahora haciendo mención a la víctima "J".

Finalmente, la jueza Vargas hizo lugar al pedido de la defensa y dictó el sobreseimiento por los delitos de retribución y abuso sexual agravado vinculados a esa persona. La jueza dijo que entendía necesario "dar seguridad jurídica": "Si está formalizado queda en un limbo y creo que si, la seguridad jurídica la va a dar un sobreseimiento".

Organización de la prueba y acuerdos

Luego de esa resolución, la jueza avanzó sobre la depuración y ordenamiento de la prueba testimonial que defensas y fiscalía empezarán a debatir de cara al juicio oral que aún no tiene fecha cierta de inicio.

Acordaron que en la próxima audiencia, del 27 de octubre, iniciarán el debate sobre la pertinencia de los 54 testigos presentados por la Fiscalía para el juicio, lo que analizarán en bloques de diez testigos por sesión.

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