La investigación contra cinco policías detenidos por presunto abuso de funciones tras un procedimiento ocurrido a fines de julio en la Plaza de Deportes Nº7 de Paso Molino contrapone dos versiones sobre lo sucedido: la que quedó registrada en el parte policial elaborado durante el operativo y la de los denunciantes, quienes sostienen que los efectivos actuaron de manera violenta contra una persona en situación de calle y un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El parte policial, al que accedió El Observador, señala que el funcionario del Mides fue detenido por desacato luego de desobedecer reiteradas órdenes de los efectivos que participaban del procedimiento. Sin embargo, la Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno, encabezada por Diego Pérez, abrió una investigación por presunto abuso de funciones y dispuso que los policías involucrados comparecieran con asistencia letrada.
El documento también permite reconstruir cómo comenzó el operativo, qué argumentos utilizaron los efectivos para justificar la detención y cuáles fueron las primeras medidas ordenadas por Fiscalía.
Qué dice el parte policial sobre la detención del funcionario del Mides
Según el registro policial, un móvil de la Unidad de Respuesta Policial de Montevideo (URPM) concurrió a la Plaza de Deportes Nº7, ubicada en Felipe Caballero y Camino Castro, para prestar apoyo a efectivos de la seccional séptima.
Al llegar, los policías encontraron a sus compañeros interviniendo ante un hombre que, según la descripción del parte, se encontraba en una situación de "total desacato". El hombre fue detenido debido a que tenía una requisitoria pendiente, de acuerdo con el documento.
Fue durante ese procedimiento que se produjo la intervención del funcionario del Mides, de 43 años.
La versión policial sostiene que el hombre se acercó al lugar y desobedeció las indicaciones de los efectivos, quienes le solicitaron en reiteradas oportunidades que mantuviera distancia para permitirles continuar con su trabajo.
Según el parte, el funcionario hizo "caso omiso" a esas órdenes y terminó "entorpeciendo" la labor policial. El documento agrega que, durante el intercambio, el hombre manifestó que tenía influencias en la Secretaría del Ministerio del Interior y que podía utilizarlas para afectar el trabajo de los policías.
Finalmente, fue detenido a las 20:30, luego de que los efectivos le informaran el motivo del arresto y le leyeran sus derechos. Posteriormente, fue trasladado a un centro de constatación médica y luego a la seccional séptima.
Fiscalía investiga abuso de funciones y pidió las cámaras del operativo
Tras la denuncia, la Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno dispuso la apertura de una nueva actuación policial bajo la denominación de "abuso de funciones", incorporando como indagados a los funcionarios que participaron en las detenciones.
Entre las primeras medidas, el fiscal solicitó obtener las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior correspondientes al momento del procedimiento.
También ordenó recabar las imágenes de las cámaras de la Intendencia de Montevideo, dado que los hechos ocurrieron en una plaza deportiva.
El objetivo de estas diligencias es reconstruir el episodio y determinar si la actuación policial se ajustó a los procedimientos establecidos o si existieron conductas que pudieran configurar un delito.
La orden fiscal incluyó, además, la citación de los funcionarios investigados para comparecer junto con sus abogados este domingo a las 10:00 de la mañana. De acuerdo con la información policial, también fueron citados por Fiscalía el comisario y el subcomisario de la seccional involucrada.
Los antecedentes que figuran en los registros policiales
En el marco de las actuaciones también se realizó una consulta al Sistema de Gestión y Seguridad Pública (SGSP) para verificar los antecedentes de los funcionarios involucrados.
Según esa documentación, uno de los policías registra un antecedente por abuso de autoridad de junio de 2020, mientras que otro figura con una indagatoria por el mismo delito de marzo de 2023.
Un tercer funcionario, que no figura entre los detenidos, registra una indagatoria por lesiones de diciembre de 2019. El informe señala que los restantes efectivos consultados no registran antecedentes ni indagatorias en el sistema.
Sin embargo, la existencia de estas anotaciones no implica, por sí sola, que los funcionarios hayan sido condenados por esos hechos ni constituye prueba de responsabilidad en la investigación actual.