¿Hacia dónde va Carles Puigdemont?

El presidente catalán se metió en un callejón sin salida en su disputa con el Ejecutivo español

Entre la espada y la pared. Así volvió a quedar este jueves el presidente catalán, Carles Puigdemont, que parece estar cada vez más aislado en sus pretensiones independentistas y sin demasiadas alternativas para intentar una salida negociada a la crisis política e institucional.

Es que el gobierno español, encabezado por Mariano Rajoy, sigue sin dar muestras de ceder y pretende que Cataluña retome la legalidad constitucional y democrática, so pena de aplicar el artículo 155 de la carta, que implica la intervención y el desalojo de las autoridades regionales

Esa posición del gobierno central, que cuenta con un inequívoco apoyo de la Unión Europea –con Angela Merkel y Emmanuel Macron a la cabeza– quedó otra vez en evidencia luego que Puigdemont respondió al requerimiento de Rajoy pero sus argumentos no fueron convincentes.

El dirigente catalán sigue reclamando el diálogo con Madrid, pero se mostró dispuesto a declarar la independencia de Cataluña en caso de que esto no suceda.

Y como no ocurrirá –al menos hasta este jueves no parecía haber condiciones para que pasara–, Rajoy se reunirá este sábado con su gabinete para decidir la intervención de Cataluña.

Pero esa medida tampoco tendrá efecto inmediato, porque antes requiere de la aprobación del Senado y tampoco queda claro cómo el gobierno la implementará, pues la propia Constitución no es específica en ese sentido.

De todas formas, lo que sí es evidente es que Puigdemont está cada vez más presionado, y esas presiones provienen de su propio círculo, ya que hay quienes pretenden que en los hechos se inmole políticamente al declarar la independencia y sin medir consecuencias.

Es claro que cuando eso pase, será suspendido en sus funciones, deberá dejar su puesto y, lo que es más grave aún para sus intereses, irá preso.

Y lo sabe, como también que ya no puede dar marcha atrás al haber quedado prisionero de sus propias actitudes y decisiones.

Resistencia

La Candidatura de Unidad Popular (CUP) hace de la agitación una manera de sentir la política.

Este partido de extrema izquierda, que tiene solo 10 diputados en el Parlamento catalán, es, sin embargo, uno de los principales apoyos que Carles Puigdemont tuvo hasta ahora para poder gobernar sin inconvenientes.

Pero claro, como nada es gratis, el compromiso independentista asumido por el presidente catalán hace que este grupo presione fuertemente para que cumpla el mandato popular emanado del referéndum realizado el pasado 1° de octubre.

Pero además, convoca a una resistencia pacífica en las calles en caso de que el gobierno de Mariano Rajoy cumpla con su promesa de intervenir la región y sustituya sus autoridades.

Intervención

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy (Partido Popular), convocó de urgencia para este sábado a una reunión de su gabinete ministerial para evaluar las opciones que tiene a su alcance para encauzar la crisis política e institucional en Cataluña.

Al amparo de la Constitución, y sabiendo que tiene el apoyo de la mayoría del arco político del país, Rajoy se dispone a aplicar el artículo 155, que le permite asumir las potestades de gobierno en una región autónoma, en caso de que esta incumpla sus obligaciones.

Y como eso es lo que sucedió en Cataluña, cuyos dirigentes separatistas impulsaron un referéndum ilegal, ya que fue prohibido por la Justicia, es lo que hará, pero antes debe resolver cómo implementarlo.

Presión insostenible

Ese es el escenario en el que hoy está parado el presidente de Cataluña.

A la presión proveniente desde Madrid, se suma la presión de sus propios aliados políticos en esa región.

Por lo pronto, este jueves algunos de sus principales consejeros volvieron a emplazarlo para que concrete la declaración unilateral de independencia, según informó el diario El Confidencial.

De esa manera, como todo parece indicar que Puigdemont y su núcleo duro de asesores y consejeros no aceptarán que sea suspendida la autonomía catalana, el destino para el experiodista y exalcalde de Girona parece estar marcado: su ida a la cárcel parece ser inexorable.

Apoyo

La Unión Europea nunca estuvo dispuesta a permitir la escisión y así lo hizo saber antes, durante y después de la consulta popular que tanto molesta a Rajoy, su gobierno, buena parte de España, y también a un sector de la población catalana que no está de acuerdo en separarse.

Es que a las presiones políticas se suman las empresariales (de hecho, cerca de un millar de firmas ya anunció su ida de la región o su inminente intención de hacerlo) y en eso el bloque europeo tiene mucho que ver.

El ejemplo reciente del brexit (la salida formal del Reino Unido aún está sujeta a negociaciones) plantea enormes dudas sobre las consecuencias económicas de la independencia.

Elecciones

Una de las pocas cartas que le quedan por jugar a Puigdemont para salvar el pellejo es la convocatoria a elecciones anticipadas, como exigió Rajoy, como condición sine qua non para dejar de la lado la intervención y sus consecuencias políticas, legales y judiciales.

Pero claro, los dirigentes independentistas de la línea dura afirman, casi que a coro, que eso sería avalar una suerte de chantaje "inaceptable" y prefieren morir con las botas puestas, con el presidente catalán como abanderado de ese sacrificio, más personal que colectivo.

Pero hay otros con un perfil más bajo, como el vicepresidente catalán, el independentista Oriol Junqueras que, consciente de la situación, se muestran más afines a esta posibilidad, aunque sepan a priori no solo que estás en minoría sino que es altamente improbable que esa alternativa pueda concretarse.

Servicios públicos

Si, como los últimos acontecimientos parecen indicar, el gobierno central cumple su promesa de aplicar el mentado artículo 155 de la Constitución, eso implicará que Puigdemont sea sustituido en principio por el delegado del Ejecutivo en Cataluña, Enric Millo i Rocher, además de que tomará el control del orden público y los servicios públicos.

En ese nuevo marco, la actividad de la policía regional (Mossos d´Esquadra) –severamente cuestionada por hacer la vista gorda el pasado 1° de octubre– pasaría bajo la égida del Ministerio del Interior. Y también el gobierno puede disolver el Parlamento catalán, donde la alianza que respalda a Puigdemont tiene mayoría.

Pero Rajoy y su gobierno también disponen de otras alternativas, como, por ejemplo, decretar en Cataluña el estado de excepción, estado de alarma o estado de sitio.