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El periodista Ewald Scharfenberg, corresponsal de El País de Madrid en Caracas, dijo hace poco en Bogotá que no cree que el chavismo en el poder sea una dictadura como dice Estados Unidos y otros países.

Él prefiere llamarlo "autoritarismo posmoderno". Los politólogos, por su parte, consideran que se trata de un "autoritarismo competitivo", una definición del académico estadounidense Steven Levitsky para explicar sistemas que no respetan la democracia, pero que no pueden catalogarse de dictadura plena porque realizan elecciones semi-competitivas.

Sin duda, algunas características del régimen venezolano son típicas de una dictadura, por ejemplo, la falta de control democrático en la gestión pública o el quebrantamiento flagrante de las leyes constitutivas del país.

La opinión de que Maduro comanda un régimen que se mantiene por la fuerza o violencia se reforzó esta semana con la difusión de un informe de la filial de Amnistía Internacional en Caracas que contiene denuncias acerca de atropellos a los derechos humanos por parte de un gobierno que acude a instrumentos propios de una dictadura para mantenerse en el poder.

"Las autoridades venezolanas han ampliado su arsenal de tácticas represivas poniendo en marcha una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia", indicó la organización internacional de defensa de los derechos humanos.

En su informe "Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela", AI dijo que el recrudecimiento de estas prácticas se produjo entre abril y julio, en el apogeo de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Según una detallada investigación, hubo por los menos 47 allanamientos por parte de agentes de seguridad sin una orden judicial, en 11 estados, durante los cuatro meses calientes de las protestas sociales.

Estos asaltos, que podían durar horas o toda la noche, muchas veces iban acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, así como de destrozos a la propiedad privada y robos.

Para la ONG, esas acciones son lisa y llanamente "arbitrariedades y violaciones al derecho a la vida privada, a la libertad, a la integridad personal y al debido proceso".

Y aunque hubo antecedentes al respecto, ahora "parecen haber adquirido unas dimensiones más extendidas que forman parte de una política de represión por parte del Estado venezolano".

"Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de AI para las Américas.

La lectura del documento revela un ejercicio del poder tan despiadado como el de los regímenes militares del Cono Sur que tanto sufrieron partidos de izquierda que hoy defienden al chavismo o miran hacia otro lado.

Deberíamos empezar a llamar a las cosas por su verdadero nombre.
Temas:

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