Desde 2012, el Índice Mundial de Libertad de Expresión cayó un 10 % a nivel global, una regresión que anteriormente solo se había observado en períodos de grandes crisis, como durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, el 72 % de la población mundial vive bajo algún tipo de régimen autoritario. Tan solo en los últimos tres años, a nivel global 310 periodistas fueron asesinados y en la región de América Latina y el Caribe la cifra asciende a 100 periodistas asesinados por ejercer su trabajo. Y el 85 % de esos crímenes continúa impune, según datos del Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO.
Las cifras no son solo alarmantes. Son una advertencia.
Vivimos un tiempo en el que el periodismo independiente enfrenta ataques múltiples y simultáneos: violencia física, persecución judicial, precarización económica, campañas de desprestigio, desinformación digital y nuevas amenazas derivadas de la inteligencia artificial generativa. América Latina y el Caribe no son ajenos a esta realidad. En muchos países de nuestra región, hacer periodismo se ha transformado en un acto cotidiano de resistencia democrática.
Pero en medio de este escenario complejo, hay algo que no podemos permitirnos: responder de manera fragmentada a problemas que son profundamente estructurales.
Defender la libertad de prensa no significa solamente condenar ataques contra periodistas. Implica comprender que la libertad de expresión, el derecho a la información y la integridad de la información forman parte de un mismo ecosistema democrático. Y que, por tanto, requieren respuestas integrales, sostenidas y colectivas.
Hoy, la integridad de la información se ha transformado en uno de los bienes más preciados de nuestras democracias. Porque cuando la desinformación organizada y la manipulación algorítmica erosionan la confianza pública, no solo se afecta el debate democrático: se debilita la capacidad misma de las sociedades para tomar decisiones basadas en evidencia, construir consensos y enfrentar desafíos comunes.
La libertad de prensa se protege desde las redacciones, pero también desde los sistemas judiciales, desde las fuerzas de seguridad, desde las políticas públicas, desde la educación, desde la alfabetización mediática y desde una ciudadanía capaz de distinguir información basada en evidencia frente a campañas de manipulación.
Defender la libertad de prensa también es contribuir a la formación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en estándares internacionales de libertad de expresión. Es fortalecer capacidades de periodistas para investigar en contextos hostiles y cubrir procesos electorales de forma segura. Es apoyar a los medios comunitarios e independientes que sostienen el pluralismo informativo en territorios donde muchas veces el silencio avanza más rápido que las instituciones.
Y en esta tarea América Latina tiene mucho para aportar.
Desde el sur global, nuestra región puede ofrecer una mirada imprescindible para buscar estrategias para enfrentar estos desafíos desde el plano internacional. Porque conocemos de cerca las consecuencias de la violencia política, de la concentración mediática, de la persecución judicial y de la fragilidad democrática. Pero también porque hemos construido experiencias valiosas de articulación entre sociedad civil, academia, organismos internacionales, medios y Estados para defender derechos fundamentales.
Uruguay, en particular, tiene una oportunidad relevante de contribuir a esta conversación global. Lo hace cuando fortalece sus debates sobre acceso a la información pública, gobernanza de plataformas digitales e integridad de la información. Lo hace cuando apoya iniciativas regionales para periodistas desplazados o en situación de riesgo.
En el país existe hoy la oportunidad de construir un mecanismo para coordinar esfuerzos entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, sistema de justicia, academia y medios de comunicación, tal como una mesa de seguridad de periodistas, que contribuya a la protección, monitoreo y respuesta ante amenazas o situaciones de riesgo. O en la búsqueda de fórmulas que refuercen la viabilidad económica del periodismo independiente.
El país toma la iniciativa también al incorporarse recientemente a la Coalición Global por la Integridad de la Información frente a los Desafíos Climáticos, impulsada por UNESCO, Naciones Unidas y el Gobierno de Brasil, junto a países como Alemania, Canadá, Chile, España y Finlandia. La adhesión de Uruguay representa una señal importante: reconocer que la defensa de la información basada en evidencia científica y el fortalecimiento de ecosistemas informativos transparentes son parte central de la respuesta democrática frente a los grandes desafíos contemporáneos.
En un contexto de creciente polarización y desconfianza, defender el periodismo como bien público mundial es una tarea urgente. Porque cuando se debilita la prensa independiente, no solo pierden los periodistas. Pierde la democracia. Pierde la ciudadanía. Y pierde la posibilidad misma de construir sociedades capaces de debatir y enfrentar sus desafíos con hechos, evidencia y pluralidad.
Este mes en que recordamos la relevancia de la Libertad de Prensa no debería ser únicamente una fecha de conmemoración. Debería ser una oportunidad para asumir una verdad incómoda pero necesaria: la libertad de prensa y la integridad de la información no se garantizan solas. Hay que invertir en ellas, protegerlas, modernizarlas y defenderlas todos los días.
Y esa defensa, hoy más que nunca, exige mirar el problema en toda su complejidad. Porque los desafíos están conectados. Y nuestras respuestas también deben estarlo.
