A 50 años del golpe de Pinochet, Chile lanza un plan para buscar a víctimas de desaparición forzada
Para el ministro responsable del Plan Nacional de Búsqueda, que se crio en una familia con dos desaparecidos, “nunca es tarde para la verdad y la justicia”
"Este es un esfuerzo de memoria en tiempos en que en la democracia arrecian los fantasmas del olvido”, afirma el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordera Vega. Se refiere al Plan Nacional de Búsqueda (PNB), anunciado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, y del cual será responsable.
El programa se implementa a casi 50 años del golpe militar de Augusto Pinochet, cuya dictadura produjo entre 1973 y 1990 la desaparición forzada de 1.469 víctimas. De ellas sólo han sido identificadas 307.
El PNB se plantea establecer el destino de estas personas “como un mecanismo para promover verdad y justicia, así como un ejercicio de memoria y una garantía de no repetición”, destaca el ministro.
Desde el retorno a la democracia, Chile ha abordado la justicia transicional en dos grandes estructuras: comisiones de verdad acotadas en el tiempo, asociadas a leyes de reparación, y, por otra parte, acciones penales de familiares y agrupaciones, con las consiguientes investigaciones judiciales y condenas.
"Los casos de verdad y justicia han sido relativamente acotados y esencialmente han descansado sobre las acciones y gestiones de los familiares”, indica el ministro Cordero.
"Hasta ahora no hemos hecho un esfuerzo general por establecer las circunstancias generales en que esas personas fueron hechas desaparecer”, agrega.
Dónde están
El Plan Nacional de Búsqueda se propone en principio reunir la gran cantidad de información recopilada por esas comisiones de verdad e integrarla “para establecer parámetros y estándares de operación de los crímenes durante la dictadura”.
Entre los desafíos planteados, el principal es de organizar la enorme cantidad de información dispersa, sistematizarla, aplicar tecnología y constituir un grupo especializado en la tarea.
Las expectativas de encontrar sitios de enterramiento de las victimas para identificarlas y entregar los restos a sus familiares son acotadas, según el ministro a cargo.
“Si PNB es ir a indagar lugares para encontrar hallazgos, lo que por cierto es relevante, yo creo que las expectativas son inciertas. Pero hacerlo no solo es un imperativo político, sino que es un imperativo ético”, acepta.
Sin embargo, estima, “la principal función es conocer las circunstancias generales en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer. Eso tiene que ver con el ejercicio de verdad plena”.
De parte de las agrupaciones de víctimas ha habido una buena recepción, asegura Cordero. “Es la primera vez que el Estado lo asume como una obligación pública permanente, probablemente la demanda de ellos durante décadas”.
Y desde el punto de vista de la oposición actual, “la derecha que fue antes gobierno hoy es plenamente consciente de que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad y no hay límites para que el estado siga indagando”.
“Hemos tenido conversaciones respetuosas y comprensivas de que es necesario y útil para la sanidad del sistema democrático chileno”, asegura el ministro a cargo del proyecto.
Como se trata de crímenes imprescriptibles, no se descarta que en le proceso aparezca nuevos responsables aun no identificados de esos delitos
“Nunca es tarde”
El gobierno de izquierda de Boric se propone poner en funcionamiento el programa en el mes de agosto, ya que el 30 de ese mes conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
La fecha fue establecida a instancias de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos, ya que fue en esta región del mundo donde esa política del terrorismo de estado se aplicó extensamente.
La sociedad chilena, asegura, ha avanzado en materia de derechos humanos, “probablemente de modo incompleto” pero permitiendo que los tribunales actuaran. Se han nombrado jueces específicos para investigar esos casos.
Uno de los jueces, Mario Carroza, es hoy integrante del tribunal supremo chileno y es el coordinador de todos los jueces de dedicación exclusiva en casos de derechos humanos.
Pero el ministro Cordero, que se crió en una familia con dos hermanos de su abuela desaparecidos, no desconoce el desinterés que existió incluso en la política.
Cita el caso de 89 cajas con hallazgos en el Servicio Médico Legal (SML), el servicio forense chileno, cuyo origen fueron investigaciones de jueces de principios del 2000, pero que estuvieron abandonadas durante más de 20 años. Recién en 2019 ordenó su clasificación. “Es la manifestación más evidente de la indolencia estatal”
Ante la pregunta decisiva sobre si no es tarde empezar una PNB 50 años después de que ocurrieran los hechos, el funcionario tiene una respuesta práctica y otra de concepto.
“Los familiares tienen la esperanza de encontrar a los desaparecidos y saber que les pasó. Aunque el paso del tiempo juegue en contra, nunca es tarde para terminar con esa impunidad”.
Y agrega: “Nunca es tarde para la verdad y la justicia. Y nunca es tarde para transformar esto en una política pública permanente, que es también una manera de dar reparación a las víctimas y sus familias”.
