A prisión el presidente de la Junta Departamental por ofrecer $ 300 a un menor para tener sexo
El edil nacionalista Gustavo Viera Delgado fue condenado con dos años y medio de cárcel por un delito de retribución o promesa de retribución a adolescentes a cambio de relaciones sexuales
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10 de diciembre de 2020 a las 21:12
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La Justicia de Cerro Largo condenó este jueves con prisión al presidente de la Junta Departamental, el edil nacionalista Gustavo Viera Delgado, por un delito de retribución o promesa de retribución a menores a cambio de sexo.
Según informó el Ministerio Público, la fiscal María Siqueira llegó a un acuerdo con la defensa por el cual se decidió resolver el caso mediante un proceso abreviado y evitar el juicio oral. Viera, que para aceptar el trato tuvo que admitir la responsabilidad en lo que se lo acusaba, irá a la cárcel por dos años y medio.
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En la confesión, el nacionalista dijo sin embargo que el acto sexual no llegó a consumarse, porque la víctima le pidió un precio que no estaba dispuesto a pagar. "Dijo que ofreció $ 200 o $ 300", informó la fiscal a El Observador. Sin embargo, la consumación de la relación sexual no hubiera cambiado la imputación porque con la sola promesa alcanza para formar la tipificación del ilícito.
El coordinador de la bancada del Partido Nacional en Cerro Largo había sido detenido este miércoles por la policía. Para entonces, las evidencias en poder de la fiscal Siqueira eran fuertes, como por ejemplo los chats mantenidos con la víctima, que era un varón adolescente.
Como ocurre con todas las imputaciones de delitos sexuales, en la sentencia se dispuso lo que ordena el artículo 80 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, y que es "una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos, sin perjuicio de su derecho a seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño".
También regirá contra el hombre la inhabilitación especial para ocupar un cargo público durante el tiempo que dure la condena.
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