A un año del intento de golpe de Estado, la democracia turca lucha por sobrevivir
A un año del intento de golpe de Estado contra Erdogan, la democracia lucha por abrirse camino en Turquía
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"El levantamiento fue un regalo de Dios porque será una razón para limpiar nuestras fuerzas armadas", dijo el presidente turco a los ciudadanos la mañana siguiente.
Y visto en perspectiva, el levantamiento no solo sirvió para limpiar las Fuerzas Armadas, sino también el Poder Judicial, la policía, las universidades, los medios de comunicación y hasta el propio Parlamento, que hoy tiene a varios de sus legisladores tras las rejas acusados de "terrorismo" o de tener vínculos con los golpistas.
Quienes intentaron tomar el gobierno la noche del 15 de julio de 2016 fueron un grupo de militares que, según el comunicado que transmitieron en televisión, buscaban "reinstaurar el orden constitucional, los derechos humanos y la libertad, el orden, el peso de la ley y la seguridad nacional".
La intención parecía la misma que en los otros golpes de Estado orquestados por juntas militares que sufrió Turquía a lo largo del siglo XX: defender el kemalismo, la doctrina secularista creada por el fundador de la república Mustafa Kemal Atatürk. Sin embargo, el gobierno acusó desde el primer día a otros sospechosos.
FETÖ y los "gülenistas"
El "hizmet" (servicio, en turco), organización islamista nacida en Turquía con una amplia red de centros educativos e instituciones a lo largo de varios países es quien se cree que estuvo detrás de los planes del 15 de julio.Pocos meses antes, el gobierno turco la había calificado de "organización terrorista" y la comenzó a denominar "Fetö", un acrónimo que refiere a las iniciales del nombre de su fundador junto a las de organización terrorista en turco.
A pesar de las acusaciones, el clérigo musulmán Fetullah Gülen, fundador y líder de la organización que vive en Estados Unidos, rechazó las acusaciones que lo señalan como el ideólogo del golpe de Estado.
El propio Gülen había sido un aliado del gobierno de Erdogan y su grupo político AKP hasta 2013, cuando el entonces primer ministro y ahora presidente de Turquía rompió los vínculos que los unían.
En ese entonces, acusó al líder religioso de apoyar y promover las investigaciones por las denuncias de corrupción que recibieron varios integrantes del Ejecutivo.
La noche de la intentona golpista fue la gota que derramó el vaso y la excusa perfecta de Erdogan para darle el golpe de gracia al movimiento gülenista, al que venía acusando de intentar tomar el gobierno a través de una estructura paralela.
La purga
Las pruebas presentadas por la inteligencia del gobierno de Turquía a los encargados de seguridad de Alemania y Estados Unidos no fueron suficientes para convencerlos de que la organización de Gülen fue quien orquestró el intento fallido de golpe de Estado.Hasta hoy el gobierno de Erdogan sigue reclamando la extradición del clérigo y continúa pidiendo a la Unión Europea que no dé asilo político a los golpistas, pero a pesar de haber puesto el grito en el cielo, Erdogan recibió poco apoyo de la comunidad internacional por perseguir a los líderes de esta organización.
A las pocas horas de la noche de la intentona, las personas con vínculos con la organización de Gülen comenzaron a sentir las consecuencias.
Por decreto, Erdogan clausuró más de 2.000 instituciones pertenecientes a este grupo, entre los que se encontraban escuelas, universidades, organizaciones de caridad y medios de comunicación.
Hoy se cumple un año de aquella noche y la purga todavía no terminó.
De acuerdo al periódico europeísta EUObserver, en este país de 78 millones de personas se realizaron 50 mil arrestos, 100 mil detenciones y 138 mil despidos amparados en las medidas "anti-terroristas" impuestas por el ejecutivo en el último año.
Estado de emergencia
Una de las medidas más polémicas tomadas tras el 15 de julio de 2016 fue el estado de emergencia que le da más potestades a Erdogan como presidente y que permite detener a sospechosos sin pruebas hasta por treinta días.Esta medida fue usada ampliamente por el gobierno para encerrar a personas vinculadas a la red de Gülen y a los grupos armados kurdos, pero también para detener a periodistas, activistas, académicos y políticos de la oposición.
La directora de Amnistía Internacional en Turquía, Idil Eser, fue detenida junto a otros activistas con los que estaba reunida en Estambul a principios de este mes.
El presidente de esta ONG en Turquía, Taner Kiliç, también fue arrestado en junio, acusado de tener vínculos con organizaciones terroristas. Amnistía Internacional ha sido una de las voces más críticas con el gobierno de Erdogan en sus reportes anuales sobre derechos humanos.
En el último informe realizado, esta ONG denunció el deterioro de la libertad de expresión en el país, la impunidad y el excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades tras el intento de golpe de estado.
Además, también denunció el uso de métodos de tortura sobre los sospechosos de haber organizado la intentona
.
El informe señala que la impunidad que da el estado de emergencia, que ya va a cumplir un año, es la que usan las fuerzas del orden para abusar de su autoridad. "El estado de emergencia eliminó la protección de los detenidos y permitió prácticas que anteriormente estaban prohibidas", asegura Amnistía Internacional.
Las medidas que buscan acabar con "los enemigos de la democracia", según el oficialismo, no solo afectaron a los gülenistas y las personas pertenecientes a los grupos considerados terroristas.
Sindicatos también denunciaron que algunos muchos de los empleados públicos dados de baja por el gobierno fueron despedidos acusados de ser gülenistas sin prueba alguna.
Con ese historial, a estas personas se les hace imposible conseguir un nuevo empleo y se ven forzados a trabajar en negro dejando de lado sus derechos sociales.
Quienes denuncian esta situación dicen que el intento de golpe de Estado es utilizado como instrumento para resolver disputas personales y laborales, pero también para quitar la actividad sindical de las oficinas públicas y así dar lugar a las personas afines al gobierno.
El aniversario y la marcha
El gobierno del partido oficialista AKP utilizó los hechos de la noche del 15 de julio a lo largo de este año para posicionarse como defensor y garante de la democracia.Tan es así que muchos señalan, aunque sin pruebas concretas, que la intentona fue orquestada por el gobierno para aferrarse al poder.
Erdogan se encargó de desmentir categóricamente estas acusaciones y acusó de apoyar a los golpistas a aquellos que cuestionan la purga.
Escuelas, plazas, puentes, terminales de ómnibus y monumentos cambiaron su antiguo nombre en los últimos meses para recordar lo sucedido y honrar a las casi 300 personas que el oficialismo asegura que murieron en las manifestaciones populares contra el golpe de Estado.
El gobierno se encargó de usar toda la propaganda del aparato estatal para difundir las consecuencias de esa trágica noche a través de exposiciones, actos, simposios, concursos y otras actividades.
Para conmemorar el primer aniversario, el gobierno preparó una gran cantidad de actividades a lo largo y ancho de Turquía.
Pero la oposición optó por un camino diferente. Kemal Kiliçdaroglu, cabeza del partido CHP que se convirtió en un líder de hecho de la oposición turca, comenzó una marcha a pie desde la capital Ankara hasta Estambul (más de 400km) bajo la proclama "justicia".
El político decidió iniciar la maratónica manifestación el 9 de junio sin proclamas partidarias y a nivel individual luego de que uno de los legisladores de su partido fuese detenido por la policía y condenado a 25 años de prisión por haber filtrado a la prensa documentos que comprometían al ejecutivo de Erdogan.
En un principio, el gobierno no le de dio importancia a la manifestación pero a medida que los pasos avanzaban hacia Estambul y que más y más manifestantes se acercaban a caminar tras Kiliçdaroglu, su impaciencia también fue creciendo.
"Construimos rutas para el país, no para que terroristas caminen en ellas", había dicho a fines de junio el ministro de comercio Bülent Tüfenkçi. La marcha finalizó el pasado 9 de junio y por ahora la democracia de Turquía sigue caminando, pero nadie sabe bien hacia dónde.
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