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Abogados critican intención de dilatar oralidad en nuevo código
"Si el dinero no está, hay que conseguirlo", dijo catedrático penalista
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20 de marzo de 2016 a las 05:00
El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) expresó en el Parlamento su rechazo a la iniciativa del Poder Ejecutivo de prorrogar por dos años (de 2017 a 2019) el sistema de audiencias orales y públicas en los procesos penales por razones de presupuesto.
En 2014 se aprobó la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que era muy reclamada por los operadores judiciales. La vigencia del nuevo modelo, que establece un sistema acusatorio (donde las investigaciones serán dirigidas por fiscales y no por jueces), oral y público se fijó originalmente para febrero de 2017.
Sin embargo, en setiembre del año pasado, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que posterga la entrada en vigencia hasta el 1º de febrero de 2019 de 17 artículos del nuevo CPP, entre ellos, los que regulan el sistema de juicios orales y públicos. El argumento es el costo que implica debido a que se deben acondicionar juzgados y generar nuevos cargos, principalmente de jueces y defensores de oficio que pasarán a atender a las víctimas, a quienes el nuevo esquema les brinda más derechos.
La iniciativa del gobierno está siendo tratada por la comisión de Constitución y Legislación del Senado, que en su sesión del martes pasado recibió a una delegación del CAU para conocer su opinión sobre la posibilidad de postergar la entrada en vigencia de algunas disposiciones del nuevo CPP. "Con el sistema que se propone se lo va a abaratar, pero no nos parece justo. Es una renuncia con la que desde el punto de vista ético, técnico y de usuario no estamos de acuerdo", dijo a los legisladores el presidente de la comisión de Derecho Penal del CAU, Germán Aller.
"Es decir que si el dinero no está, hay que conseguirlo. No me parece un argumento suficiente para postergar mucho la entrada en vigor del código, ni para alterar el esquema básico y fracturar su armonía por dos años", agregó Aller, según consta en la versión taquigráfica de la reunión de la comisión de Constitución y Legislación del Senado.
El experto, que es catedrático de derecho penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dijo que "la clave" del nuevo sistema es el modelo acusatorio, que lo es, justamente, por ser oral, por lo que "una cosa va de la mano de la otra" y ahí surge la inconveniencia de comenzar a aplicar el nuevo esquema sin la oralidad.
Aller afirmó que en su condición de abogado que ejerce todos los días en los juzgados cree "en todo o nada" porque "las soluciones a medias no funcionan" cuando se trata de poner en práctica una nueva estructura procesal. Agregó que si bien la inversión es importante desde la perspectiva ciudadana, desde el punto de vista de las arcas del Estado es "barato" y "se paga con creces en razones de Justicia".
Por su parte, el abogado experto en derecho procesal Santiago Garderes expresó que lo mejor es mantener la vigencia del sistema oral desde el comienzo porque "eliminarlo o postergarlo en el tiempo complica la sistemática del proceso penal". A Garderes le preocupa que uno de los artículos cuya vigencia el gobierno quiere postergar es el relativo a la inmediación, que obliga a los jueces a estar presentes en todas las audiencias. El experto explicó que ahí se plantea una "cuestión interpretativa interesante" porque el resto de la regulación del nuevo CPP parte de ese principio.
Sin ser tan tajante como Aller, Garderes dijo que si bien lo "aconsejable" es mantener la oralidad "en toda su dimensión", si eso no es posible, se deben buscar soluciones que eviten "dudas interpretativas".
En 2014 se aprobó la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que era muy reclamada por los operadores judiciales. La vigencia del nuevo modelo, que establece un sistema acusatorio (donde las investigaciones serán dirigidas por fiscales y no por jueces), oral y público se fijó originalmente para febrero de 2017.
Sin embargo, en setiembre del año pasado, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que posterga la entrada en vigencia hasta el 1º de febrero de 2019 de 17 artículos del nuevo CPP, entre ellos, los que regulan el sistema de juicios orales y públicos. El argumento es el costo que implica debido a que se deben acondicionar juzgados y generar nuevos cargos, principalmente de jueces y defensores de oficio que pasarán a atender a las víctimas, a quienes el nuevo esquema les brinda más derechos.
La iniciativa del gobierno está siendo tratada por la comisión de Constitución y Legislación del Senado, que en su sesión del martes pasado recibió a una delegación del CAU para conocer su opinión sobre la posibilidad de postergar la entrada en vigencia de algunas disposiciones del nuevo CPP. "Con el sistema que se propone se lo va a abaratar, pero no nos parece justo. Es una renuncia con la que desde el punto de vista ético, técnico y de usuario no estamos de acuerdo", dijo a los legisladores el presidente de la comisión de Derecho Penal del CAU, Germán Aller.
"Es decir que si el dinero no está, hay que conseguirlo. No me parece un argumento suficiente para postergar mucho la entrada en vigor del código, ni para alterar el esquema básico y fracturar su armonía por dos años", agregó Aller, según consta en la versión taquigráfica de la reunión de la comisión de Constitución y Legislación del Senado.
El experto, que es catedrático de derecho penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dijo que "la clave" del nuevo sistema es el modelo acusatorio, que lo es, justamente, por ser oral, por lo que "una cosa va de la mano de la otra" y ahí surge la inconveniencia de comenzar a aplicar el nuevo esquema sin la oralidad.
Aller afirmó que en su condición de abogado que ejerce todos los días en los juzgados cree "en todo o nada" porque "las soluciones a medias no funcionan" cuando se trata de poner en práctica una nueva estructura procesal. Agregó que si bien la inversión es importante desde la perspectiva ciudadana, desde el punto de vista de las arcas del Estado es "barato" y "se paga con creces en razones de Justicia".
Por su parte, el abogado experto en derecho procesal Santiago Garderes expresó que lo mejor es mantener la vigencia del sistema oral desde el comienzo porque "eliminarlo o postergarlo en el tiempo complica la sistemática del proceso penal". A Garderes le preocupa que uno de los artículos cuya vigencia el gobierno quiere postergar es el relativo a la inmediación, que obliga a los jueces a estar presentes en todas las audiencias. El experto explicó que ahí se plantea una "cuestión interpretativa interesante" porque el resto de la regulación del nuevo CPP parte de ese principio.
Sin ser tan tajante como Aller, Garderes dijo que si bien lo "aconsejable" es mantener la oralidad "en toda su dimensión", si eso no es posible, se deben buscar soluciones que eviten "dudas interpretativas".
