Aguas revueltas en torno a los copyright
Las industrias hacen caso omiso a las recomendaciones de la ONU de no idear medidas consideradas desproporcionadas
Se vive una semana agitada en torno al debate sobre la protección de los derechos de autor. Ayer trascendió que las grandes operadoras estadounidenses como Verizon, ATT o Comcast están ultimando un pacto para establecer un modelo de persecución de las descargas de obras protegidas por derechos de autor a imagen y semejanza del que establece en Francia la ley Hadopi.
Los grandes operadores tendrían la misión de rastrear el tráfico para lograr detectar la descarga de películas o canciones protegidas. Una vez identificada la dirección IP, se enviarían a los internautas avisos, como ocurre en Francia, solicitando al usuario que cese en las descargas.
En caso de reincidencia, los castigos podrían suponer restricciones en la velocidad de navegación, bloquear el acceso a las 200 principales webs u obligar a seguir cursos sobre la propiedad intelectual.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Casa Blanca, que tiene antecedentes de haber cerrado servicios como Limewire, o bloqueando páginas de enlaces a contenidos de televisión gratuitos como Rojadirecta.com.
También en esta semana, el director del Instituto español de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Carlos Cuadros, se encuentra explicando a sus homólogos iberoamericanos los pormenores de la llamada Ley Sinde contra las descargas ilegales desde la web.
El titular del ICAA defendió la polémica ley, que tuvo una accidentada aprobación en el Congreso español y despertó la ira de un sector por considerar que podría vulnerar la libertad de expresión. La norma permitiría cerrar web de enlaces de descargas de películas y series, tras el análisis de una comisión gubernamental y la actuación de un juez.
Hasta el momento, las sentencias judiciales en España no han considerado ilegal la difusión de contenidos vía portales de enlaces –ya que no albergan el contenido– o a través de redes P2P ,mientras no exista ánimo de lucro, argumento en el que se apoyan quienes se posicionan contra esta regulación.
El pacto estadounidense y las acciones del titular del INCAA se contraponen a la resolución del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas que a principios de junio alegó todas las regulaciones que están en marcha en los diferentes países para erradicar el intercambio de archivos en la red. El documento del organismo internacional situaba la Ley de Economía Digital en el Reino Unido o la misma Hadopi de Francia como regulaciones desproporcionadas que chocan y violan los derechos humanos y pedía a los estados que derogaran o enmendaran todas las regulaciones en curso.
“Cortar a los usuarios este acceso, independientemente de la justificación que se presente, ya sea por derechos de autor u otras causas similares, es una medida desproporcionada y por lo tanto una violación del artículo 19, apartado 3, del pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos”, decía el informe de la ONUa principios de este mes.
Por encima de leyes o actividades ilícitas de algunos usuarios, el documento hacía hincapié en los derechos de los ciudadanos por encima de los de la industria de la música o el cine, algo que, como era de esperar, las principales compañías no estarían dispuestas a compartir.