ANCAP busca un chivo expiatorio
Pasarle al gobierno central la culpa de su descalabro financiero es un pobre intento de ocultar las deficiencias estructurales y de gestión que aquejan a la mayor empresa del Estado
Pasarle al gobierno central la culpa de su descalabro financiero es un pobre intento de ANCAP de ocultar las deficiencias estructurales y de gestión que aquejan a la mayor empresa del Estado. A raíz de la comisión investigadora instituida por el Parlamento, tanto sus actuales autoridades como el vicepresidente Raúl Sendic, titular del ente durante la administración Mujica, aducen que la causa de los crecientes déficit anuales es la política tarifaria que impone el Poder Ejecutivo para cumplir sus programas. Existe una cuota de responsabilidad gubernamental cuando aumenta recaudación subiendo los combustibles pese al derrumbe del precio del petróleo o cuando, como ocurrió en una oportunidad con el petróleo caro, ANCAP omitió subir tarifas para ayudar al combate contra la inflación.
Pero distorsionan la realidad las declaraciones de autoridades del ente ante la comisión investigadora y la afirmación de Sendic a El País de que el dinero “que falta en ANCAP está en el gobierno central”. El origen de las calamitosas pérdidas del ente, desde 2005 y de cerca de US$ 600 millones en los dos últimos años, es una estructura ineficiente, negocios equivocados y mala administración. Hay deficiencias que vienen de antes de que el Frente Amplio tomara el timón, como la compra de una red de estaciones de servicio en Argentina o el exceso de personal en la refinería de La Teja, donde la productividad es apenas una fracción de la que muestran instalaciones de volumen comparable en otros países.
Pero todo ha empeorado desde 2005, con un 40% de aumento de personal y caída aguda del patrimonio neto de la empresa. A la innecesariamente costosa operación de la refinería se agregan el sector cementero y la deficitaria producción de etanol y biodiesel por ALUR, que se intenta disfrazar en los balances del ente. La evidencia incontrastable del estado a que ha caído ANCAP, fue el anuncio en el Parlamento del miembro opositor del directorio de que la empresa hoy no tiene “plata para pagar el agua y la luz”, pese a facturar cerca de US$ 4 mil millones por año.
Es tan improcedente como inexacto tratar de transferirle a las necesidades financieras y programáticas del gobierno central todo el fardo de la desastrosa situación actual del ente petrolero. La responsabilidad principal radica en una incompetencia de gestión que se reitera año a año y que en una empresa privada ya hubiera conducido a su cierre. Es inexplicable, por ejemplo, que la planta desulfurizadora – una obra ciertamente necesaria – haya terminando costando cinco veces más que el presupuesto original. Y sus directorios siguen impotentes en corregir problemas estructurales como el exceso de personal, los costos excesivos en las operaciones de refinación de petróleo o el funcionamiento deficitario de otros sectores de la empresa.
El argumento de ANCAP contra el gobierno, por otra parte, se fractura aún más cuando se la compara con la situación de otras grandes empresas estatales. UTE y ANTEL, por ejemplo, tienen que contribuir a Rentas Generales igual que ANCAP. Pero, al revés de lo que pasa en el ente petrolero, esa contribución no afecta ni sus servicios ni su salud financiera. La explicación radica en la diferencia de calidad de gestión. Cerrar esa brecha es el desafío que tiene ANCAP por delante, en vez de embarcarse en la búsqueda de un chivo expiatorio.
