El timing del anuncio no pudo haber sido peor y hasta contradice todos los manuales del político cauteloso. Después del anuncio de un paro general “contra el ajuste”, en medio de negociaciones salariales complicadas, y con maestros en huelga y 3,5 millones de escolares sin clases a cuatro semanas de iniciado el curso lectivo, no podía pensarse en una peor forma de exacerbar los ánimos que anunciar subas de más de 200% en las boletas de gas.
Sin embargo, fue lo que ocurrió. Y deja en evidencia que los problemas fiscales y de falta de divisas que sufre el gobierno argentino son más graves de lo que se piensa. O, al menos, que Cristina Fernández está preocupada por el tema como nunca antes en su gestión de gobierno.
El argumento del gobierno es que, por más que los aumentos parezcan muy altos cuando se los mira como porcentajes, siguen siendo muy bajos cuando se mira su costo real. A fin de cuentas, lo que paga, en promedio, una familia argentina por la luz o el gas es hoy la quinta parte de lo que paga por el servicio de TV cable.
Pero claro, en el ámbito político argentino esos pedidos no tienen andamiento. Y menos cuando los propios medios de comunicación kirchneristas habían calificado como “tarifazo salvaje” un ajuste de 40% en el boleto del subte, a cargo del intendente porteño Mauricio Macri. Ese porcentaje parece un retoque menor en comparación con los ajustes tarifarios que se vienen, y hasta superan al “Rodrigazo”, el recordado primer megaajuste de la historia económica argentina.
Tras el anuncio, llegaron las previsibles “chicanas” políticas por parte de los críticos del “modelo”.
“Es curioso, para definir la baja del subsidio se basan en la ley de la oferta y la demanda. Cuando les conviene, los K recurren al mercado”, ironizó el economista Roberto Cachanosky.
“Se está pasando de un paradigma ilusorio de energía abundante y barata a otro de energía escasa y cara”, comentó Emilio Apud, exsecretario de energía.
Mientras, la diputada Laura Alonso, del PRO, escribió en Twitter: “Ahora al ajuste le llaman ‘reasignación’. Tu bolsillo se achica porque la inflación te consume el salario y le suman una ‘reasignación’”.
Más filoso aun, el analista Pablo Marchetti disparó: “Lo bueno es que si le ponen ‘Redistribución democrática y popular de subsidios Rodolfo Walsh’ no parece ajuste ni tarifazo”.
Escasez de recursos hizo crisis
¿Por qué el gobierno prefirió no esperar hasta finalizadas las negociaciones salariales para anunciar una medida antipática? La respuesta que surge entrelíneas del anuncio de ayer es que la presidenta se convenció de que la decisión ya no se podía postergar.
En otras palabras, el costo fiscal del subsidio ya es infinanciable. Y el recorte ya dejó de ser la amenaza para “castigar” a quienes compran dólares para ahorrar, y se transformó en una medida imprescindible.
Esa determinación de Cristina contrasta con las dudas que había tenido en otros momentos, en los cuales había decidido dar “marcha atrás” por miedo a la reacción de la opinión pública.
La primera vez fue en 2008, cuando se produjo un fuerte descontento en sectores de la clase media por el impacto de más de 200% de aumento en las tarifas de gas y electricidad.
En aquel momento, el ministro Julio De Vido explicó que la medida solo afectaría a una minoría de altos ingresos, que el recorte sería gradual y progresivo y que para el Estado implicaría un ahorro de unos US$ 200 millones. Pero el malestar social y las acciones legales de los consumidores obligaron a dar marcha atrás.
Tres años después, a fines de 2011, con el enorme respaldo político del recién logrado triunfo electoral, se anunció un recorte de subsidios para todos aquellos que no pudieran demostrar una necesidad real de contar con ayuda estatal para pagar los servicios públicos.
Pero, una vez más, la presidenta temió por las consecuencias políticas. Lo que en un comienzo iba a ser una aplicación “casi universal” terminó siendo un plan delimitado a los habitantes de los countries. La explicación: el accidente ferroviario de Once había cambiado súbitamente el clima social.
Hoy el monto destinado a los subsidios de servicios públicos representa el 20% del presupuesto estatal y casi el 5% del PBI nacional. Los economistas estiman que, como el “rojo” fiscal está en torno de 3 puntos, una reducción de 20% en los subsidios podría reducir en un tercio el déficit.
Pero lo que quedó en evidencia es que el gobierno no solo persigue un alivio fiscal sino que, sobre todo, quiere incentivar una rebaja en el consumo, para que también disminuya el monto de gas importado.
Solo así se explica el anuncio de que seguirán gozando del subsidio quienes reduzcan 20% su consumo energético. Es decir, un verdadero “premio al derrochón”, porque solamente puede bajar en esa magnitud quien haya incurrido en gastos superfluos, mientras que le resultará mucho más difícil hacerlo al usuario austero.
La consecución de este objetivo es tan importante para el gobierno que está incluso dispuesto a sacrificar el consumo, hasta ahora una “vaca sagrada” en el modelo económico.
Un efecto búmeran
Los subsidios a los servicios públicos han sido parte fundamental de la política kirchnerista. Fueron instaurados en 2003, cuando la economía se encontraba en emergencia. Y, con el paso de los años, el peso de los servicios en el presupuesto de las familias se achicó 10 veces, como consecuencia de la inflación y de las mejoras en el poder adquisitivo.
El gobierno siempre se jactó de que los subsidios equivalían a un salario indirecto, porque el monto del ingreso familiar que no se destinaba a los servicios iba directamente al consumo, la variable que se convirtió en el “motor” del crecimiento económico.
Pero había tres costos ocultos. El primero fue la caída de la inversión, dado que, con tarifas congeladas, las empresas prestatarias no tenían margen para ampliar la infraestructura. Fue lo que quedó en evidencia de manera elocuente en diciembre pasado, cuando ante una ola de calor colapsó el sistema eléctrico en la ciudad de Buenos Aires.
El segundo costo fue la pérdida en el autoabastecimiento energético, lo que implicó que a partir de 2011 el país pasara de ser exportador a importador neto de combustibles, especialmente el gas que se compra a Bolivia. El año pasado hubo que destinar US$ 13.000 millones a la compra de combustibles. Si se le restan las exportaciones, el déficit energético en términos netos rondó los US$ 7.000 millones.
Esta situación fue la que hizo caer aceleradamente el nivel de reservas del Banco Central y que Cristina adoptara la impopular medida del “cepo cambiario”.
El tercer costo fue el imparable crecimiento del costo fiscal de los subsidios, que han llegado a representar 5 puntos del PIB y explican, en gran medida, por qué las cuentas del Estado están en números rojos y debe recurrirse al financiamiento inflacionario del Banco Central. Lo cierto es que los subsidios, que en su momento jugaron a favor de los objetivos políticos del kirchnerismo –y le facilitaron el triunfo electoral– hoy se vuelven en contra.
No será fácil para los militantes kirchneristas explicar esta decisión tan alejada de la política “progresista”. Después de la devaluación, de la suba de tasas de interés, de las propuestas de baja salarial y del coqueteo con el mercado de deuda, solo faltaba el tarifazo para completar el cuadro del ajuste tradicional. Ahora ya están todos los ingredientes.
