Boudou procesado: un dilema de hierro para Cristina Kirchner

Si la presidenta lo apoya, pagará un alto costo político; de lo contrario le dará una victoria a la oposición

Se veía venir, pero no por eso dejó de tener el impacto de una bomba en el panorama político argentino: la noticia del procesamiento del vicepresidente Amado Boudou amenaza con complicar seriamente la etapa final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

El vicepresidente venía siendo indagado por su participación en un escándalo de corrupción, el de la imprenta Ciccone, que se dedica a la emisión de billetes y títulos valores. La acusación contra Boudou es haber usado su influencia, cuando era ministro de economía, para una generosa refinanciación impositiva de esta empresa, que se encontraba al borde de la quiebra. Pero el verdadero escándalo llegó cuando apareció un misterioso fondo de inversión que compró el 70% de la compañía, y surgieron acusaciones en el sentido de que, en realidad, el titular de ese fondo era un testaferro del propio Boudou.

Los testigos afirman que Boudou les había pedido a los dueños de la compañía la concreción de esa venta, como condición para rescatar a la empresa de la quiebra y para facilitarle contratos con el Estado en la impresión de billetes.

El gobierno, cuando ya había estallado el escándalo, estatizó a Ciccone, pero no logró que el tema quedara en el olvido. Las denuncias periodísticas mantuvieron al tema en el tapete, y Boudou se transformó en un lastre para Fernández, que manejó el tema con ambigüedad: no lo defendía explícitamente pero tampoco forzó su renuncia.

Ahora, la situación se complica, porque el costo político de sostener a Boudou se hace mucho más elevado para la presidenta.

Sin ir más lejos, la agenda oficial marca que en dos semanas Fernández deberá viajar a Brasil, para participar en una reunión del grupo BRICS. Y la pregunta que se hacían todos ya desde la etapa de la indagatoria es si el gobierno estaría dispuesto a dejar la presidencia interina en manos de una persona que está procesada por corrupción.

Una disyuntiva pesadillesca
Para el gobierno es una disyuntiva de pesadilla: si defiende al vicepresidente en bloque, con una postura política agresiva en contra del Poder Judicial, corre serio riesgo de que la mala imagen de Boudou se extienda a todo el oficialismo. Y si le suelta la mano y fuerza su pedido de licencia, puede ser interpretado como la admisión tácita de la corrupción además de una estruendosa derrota política. Pero aún se corre el riesgo de que Boudou intente salpicar a otros funcionarios.

A fin de cuentas, el vicepresidente ya había dejado en claro cuál sería su principal argumento defensivo: que toda la causa era, en realidad, un ataque no contra su persona sino contra el gobierno. Todo un mensaje hacia la interna, en busca de apoyo.

“Esta indagatoria está dictada por la agenda de Clarín”, había dicho cuando supo que el juez Ariel Lijo lo iba a llamar a declarar.

Y el sábado, tras conocerse el procesamiento, el abogado de Boudou, Diego Pirota, dijo que la resolución del juez “está redactada para los medios”. Y adelantó que el procesamiento será apelado.

Pero está claro que el problema de fondo dejó, hace rato, de ser judicial, sino que es eminentemente político.

La propia actitud de Boudou lo marca así: su argumentación es que la causa tiene el objetivo de perjudicar al gobierno y que es fogoneada por los medios de comunicación y ciertos grupos económicos que se sienten perjudicados por la política kirchnerista.

Así, Boudou intenta ponerse como símbolo de las medida más emblemáticas del gobierno, como la reestatización del sistema jubilatorio. Y, de manera tácita, plantea que quienes han defendido las políticas de este gobierno deberían alinearse en su defensa en esta causa judicial.

Un argumento que, por cierto, no es compartido por la mayoría del peronismo. Algunos porque ya lo recelaban desde antes, cuando era un joven en fulgurante ascenso; otros porque temen quedar “pegados” a un corrupto en pleno período preelectoral. La cuestión es que la gran mayoría de los dirigentes peronistas prefiere mantenerse lo más alejado posible de Boudou. Y cuando el periodismo los interroga al respecto, no pueden ocultar su incomodidad.

Juicio político y tensión en aumento
En las próximas horas, la oposición impulsará el juicio político al vicepresidente, en un intento de que al menos pida licencia a su cargo mientras avanza la causa judicial en la que está procesado.

El gran interrogante es hasta dónde está dispuesto el peronismo, y la propia Fernández, a defender a su funcionario más problemático.

Este no es, desde ya, el primer escándalo de corrupción que aparece en el gobierno kirchnerista. Pero es el que ha causado más irritación en la opinión pública, es el que aparece como más “desprolijo” por las evidencias presentadas y, naturalmente, es el que involucra al funcionario de cargo más alto.

Además, Boudou –a diferencia de otros funcionarios que respondían a Néstor Kirchner– es casi una invención personal de Fernández, que lo rescató de su anonimato y lo transformó sucesivamente en punta de lanza para estatizar el sistema jubilatorio, ministro de Economía, confidente y vicepresidente.

En las últimas horas, además, muchos recordaron que en dos ocasiones Fernández debió pedir licencia médica para ser intervenida quirúrgicamente y debió ser reemplazada por Boudou varias semanas. Si una situación así se repitiera, parece altamente improbable que el vice pudiera asumir la Presidencia interina.

A juzgar por la actitud que el gobierno ha mostrado en este caso, es posible que Fernández siga sosteniendo a Boudou en su cargo, sin exagerar el entusiasmo por defenderlo políticamente. Pero el costo político es cada vez más alto. No puede esconderse a un vicepresidente durante un año y medio de los actos públicos ni de las sesiones del Senado, ni de las asunciones interinas cada vez que Fernández viaja.

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