Se contabilizaron un total de 86 fallecimientos durante el año pasado en establecimientos carcelarios; el récord era de 53
Las muertes registradas en las cárceles de Uruguay llegaron a su máximo histórico en 2021, según consta en el informe anual elaborado por el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit.
El relevamiento, que da cuenta de la situación del sistema carcelario en todo el país, recoge un total de 86 fallecimientos a lo largo del último año -casi el doble que en 2020, cuando hubo 48 muertes- entre los cuales 45 se consideraron violentos. Entre ellos, 21 fueron homicidios, 18 suicidios y 6 muertes accidentales o de causas violentas no aclaradas. El récord era de 2010, con 53 decesos.
Las cárceles presentan una tasa de homicidios de 152 casos por cada 100 mil habitantes, 15 veces superior a la tasa nacional.
Con 13.315 internos, el país ocupa el puesto 12 a nivel mundial en presos por habitante, con 386 por cada 100 mil, lo que implica una suba de tres puestos en la escala en comparación al reporte anterior. A la vez, traza en cifras los problemas de explosión demográfica y señala que el crecimiento ha sido continuo desde comienzos de siglo. En total, el año pasado unas 22 mil personas estuvieron presas.
Por otro lado, de mantenerse la tendencia actual, el sistema albergará 14.200 presos a mediados de este año, es decir unos 400 por cada 100 mil habitantes, según proyecta Petit.
En el documento, el experto advierte que la población carcelaria "compromete seriamente las posibilidades de rehabilitación y genera violencias de variado tipo". Esto se debe, en buena parte, a las adicciones o a la vinculación directa con el "consumo problemático" que mantienen los presos.
Al igual que en 2020, el reporte resalta que las cárceles uruguayas permanecen en malas condiciones y por debajo del nivel de rehabilitación esperado: solo el 10% de las unidades presentó posibilidades de integración social y rehabilitación, el 56% lo hizo de forma insuficiente mientras que el 34% restante, directamente, vivió bajo un "trato cruel, inhumano y degradante".
Según concluye, será necesario invertir en 4.000 nuevas plazas para frenar el hacinamiento y dar mayores posibilidades de rehabilitación.