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Carrera contrarreloj para rescatar a mineros colombianos atrapados por alud

La cifra de atrapados por el alud ocurrido anoche, no ha podido ser confirmada por ninguna autoridad dado el carácter ilegal del yacimiento

Por  Redacción

Diversos organismos de socorro colombianos iniciaron hoy una carrera contrarreloj para rescatar a un número indeterminado de mineros que fueron sepultados por un derrumbe en una mina ilegal de oro a cielo abierto en el suroeste del país, lugar del que ya fueron retirados tres cadáveres.

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La cifra de atrapados por el alud ocurrido anoche en la zona de San Antonio, del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, no ha podido ser confirmada por ninguna autoridad dado el carácter ilegal del yacimiento, pero las primeras versiones hablaban de entre 20 y 30 desaparecidos.

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"A lo largo del día se han adelantando labores de salvamento en el sector del accidente. Hasta el momento, infortunadamente se presentan tres víctimas fatales, dos heridos y se estima que puedan estar quince personas atrapadas", señaló por su parte un comunicado la Agencia Nacional de Minería (ANM).

En las tareas de rescate participan bomberos y socorristas de Santander de Quilichao y municipios vecinos, así como de la Gobernación del Cauca, la Defensa Civil, la Cruz Roja y las Fuerzas Militares, según la ANM.

Sin embargo, el alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba, expresó su temor de que el accidente no haya dejado supervivientes porque en el sector donde estaban los mineros cayeron toneladas de tierra la noche del miércoles.

"Ahí no hay ninguna opción de que haya gente viva", dijo Grijalba a periodistas, una sospecha que también expresó el comandante de los bomberos del municipio, Víctor Claros, quien manifestó que no cree que se pueda rescatar a nadie con vida.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se refirió a la tragedia en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que culpó de lo ocurrido a la minería ilegal.

"Lamentamos la muerte de nuestros mineros, ellos son el costo más alto de la minería ilegal que seguimos combatiendo sin descanso", manifestó el jefe de Estado.

Los riesgos que entraña la minería ilegal fueron denunciados también por otros funcionarios y entidades del Estado.

La Defensoría del Pueblo manifestó en un comunicado que ya "había advertido sobre la necesidad de contener el fenómeno de la minería ilegal en ese sector" y pidió una intervención del Gobierno para evitar que se repitan accidentes como este.

La propia Agencia Nacional de Minería dijo que desde hace más de un año "viene haciendo las advertencias sobre los altos riesgos para la vida humana de la explotación ilegal de los recursos en esta zona del departamento del Cauca".

El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, fue más enfático al declarar a RCN La Radio que distintos organismos del Estado han sido alertados de los riesgos que la minería ilegal representa en esa zona para la vida de las personas, el medio ambiente y la economía del país, pero la mina no ha podido ser cerrada "por ineficiencia del Estado".

"Falta la acción del Estado, de las entidades encargadas de actuar, nosotros hemos estado denunciado estos hechos en todas las instancias posibles", dijo Ortega, quien concluyó: "lo que es categórico y claro es la absoluta ineficiencia del Estado para enfrentar unos hechos delincuenciales de tanta gravedad como la minería ilegal".

El gobernador, al igual que la Defensoría del Pueblo, se refirió a un incidente ocurrido a finales de febrero pasado cuando una multitud se amotinó en la zona de la mina para impedir que la Policía y la Fiscalía confiscaran maquinaria pesada usada en la explotación ilegal de oro.

Tras esa operación, el entonces secretario de Gobierno de Santander de Quilichao, Ricardo Cifuentes, "fue amenazado" y renunció al cargo, denunció la Defensoría.

"Esto es un reto clarísimo al Estado colombiano, que no ha sido capaz de enfrentar con éxito esta situación", manifestó el gobernador.

El ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, recordó que el Gobierno lanzó hace unos meses un programa de lucha contra la minería ilegal, actividad en la que, según distintos organismos del Gobierno, están involucrados el grupo guerrillero FARC y bandas criminales.
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