Los dados parecen estar echados. Ya no hay marcha atrás posible en el cráter político e institucional en que hoy está inmersa Cataluña y que cada vez la separa más del gobierno de Mariano Rajoy.

Es que si había alguna posibilidad de tender puentes, estos fueron dinamitados –desde uno y otro lado– antes de que siquiera pudiera intentarse una eventual conciliación.

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De un lado (Madrid) se exigió el retorno a la legalidad y el respeto a la Constitución; del otro (gobierno catalán) se reclamó con insistencia el diálogo y la mediación. Ninguna de las partes pareció escuchar a la otra y la pulseada personal entre Rajoy y su colega catalán, Carles Puigdemont, se transformó en un diálogo de sordos.

Lo concreto es que el Ejecutivo español ya anunció que no dará marcha atrás y por eso este sábado se reunirá para definir la forma en que restituirá el control institucional sobre Cataluña.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución –que confiere al Estado español la potestad de intervenir en una región autónoma si esta incumple sus obligaciones– contempla la aplicación de aquellas "medidas necesarias" para restablecer la institucionalidad.

Pese a que Rajoy viajó este viernes a Bruselas para participar de una reunión de líderes de la Unión Europea –en la que se volvió a ratificar un indesmentible apoyo a su actuación y a la unidad de España–, miembros de su gobierno continuaban evaluando los pasos a seguir.

Y esos pasos están más que claros: la aplicación del artículo por primera vez desde 1978, año en el que se instauró la vigente Constitución y, sobre todo, la definición de las medidas posteriores.

Algunas de esas alternativas van desde la declaración del estado de excepción al estado de sitio, por ejemplo, pero nada de esto está claro hasta ahora, porque ningún miembro del gobierno quiso adelantar información.

De todas formas, una vez que eso pase, los escenarios posibles, tal cual está planteada la situación, no parecen ser muchos.

Uno de ellos, que en los hechos está cantado, puede ser la designación de un interventor, lo que dará pie a la sustitución de los miembros del actual gobierno catalán.

Y como incumplieron la Constitución, al convocar el pasado 1o de octubre a un referéndum ilegal –pues fue prohibido por la Justicia española–, pueden terminar en la cárcel.

En caso de que esto sucediera, la agitación social podría ir en aumento y los grupos en favor de la independencia podrían resistir esa decisión con marchas en las calles.

De hecho, el partido Candidatura de la Unidad Popular (CUP), uno de los principales sostenes políticos de Puigdemont, llamó a hacerlo pacíficamente si se concreta la intervención gubernamental.

Pero eso no pasará enseguida, porque cualquier decisión que tome Madrid deberá contar con el aval del Senado, lo que llevará algunos días.

Una posibilidad en ciernes ­–que Rajoy había sugerido a Cataluña para dejar sin efecto la aplicación del artículo 155, pero tampoco pasó– es la convocatoria a elecciones regionales anticipadas una vez que el Ejecutivo tome las riendas de la situación.

Esa convocatoria puede producirse en enero próximo.

En síntesis, todo es posible pero hay que esperar para saber cómo España resuelve la peor crisis política de su su historia en los últimos 40 años.

Artículo 155

Nunca fue aplicado desde 1978, año desde el cual rige la vigente carta que ordena la vida democrática en España.

Dicho artículo establece que si una región autónoma incumpliera sus obligaciones, el Estado español tiene la potestad de asumirlas, aunque no especifica cuáles serán las "medidas necesarias" a las que alude.

Los principales escenarios posibles


1. La intervención de Cataluña por parte del gobierno español, cuyo presidente, Mariano Rajoy, se opone a la secesión de esa región.

Ello en los hechos implica la aplicación por primera vez en la historia moderna de España del artículo 155 de la Constitución.

Este artículo confiere al Estado la potestad de retomar el control de aquellas regiones autónomas que hubieran incumplido sus obligaciones; para ello "podrá adoptar las medidas necesarias".

2. La declaración de independencia catalana.

Al menos eso es lo que anunció el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como efecto automático de la aplicación del artículo 155.

A esta altura de los acontecimientos, el conflicto en Cataluña se transformó en una disputa personal entre el dirigente catalán y Rajoy. Ninguno ha cedido; además, en el caso de Puigdemont debe soportar las presiones de sus aliados, que le reclaman declarar la independencia.

3. El siguiente paso, que contempla por estas horas el Ejecutivo de Mariano Rajoy, es la convocatoria a elecciones regionales anticipadas, lo que por un lado permitirá sacar del medio a Puigdemont y, por otro, aquietar las aguas, en una convulsionada región de 7,5 millones de habitantes, devenida en una de las principales economías del país, con un aporte anual de 19% al PIB general de España.

4.
En medio de esta creciente incertidumbre, un millar de empresas decidió marcharse de Cataluña, sin que las autoridades hayan podido dar una respuesta coherente a esta a priori impensada derivación del conflicto.

La semana pasada, la calificadora de riesgo Standard & Poor's había advertido sobre el riesgo de que la economía catalana pudiera ingresar en un período de recesión, como consecuencia de tan elevada volatilidad política.

5. La sustitución de las autoridades catalanas democráticamente electas en 2015 puede derivar en la inevitable prisión de Carles Puigdemont, una coyuntura que la principal cara visible del separatismo regional ya tiene asumida.

De todas formas, las presiones de sus aliados en el gobierno hacen que cada día que pase tome una decisión que en los hechos concluirá con su inmolación política.

6. Como pasó recientemente, parte de la población catalana está dispuesta a resistir y manifestarse de manera pacífica en las calles para rechazar una eventual intervención y reclamar al mismo tiempo las condiciones para que se concrete la independencia.

En ese sentido, grupos como la CUP incitan a protestar en las calles.

Por otra parte, muchos catalanes comenzaron a sacar este viernes depósitos de bancos que ya anunciaron su decisión de cambiar su sede a otra ciudad.

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