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La izquierda radical que cuestiona al Frente Amplio (FA) nunca ha obtenido los votos suficientes para ocupar una banca en el Parlamento. Sin embargo, desde el oficialismo reconocen que el poder de movilización de la ultraizquierda se incrementó este año y ganó territorios tradicionalmente ocupados por el FA. Un ejemplo: los gremios docentes realizaron dos paros y solicitaron al PIT-CNT concretar otro general en respaldo a los radicales procesados sin prisión por “asonada” en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El crecimiento de estos grupos se puede enmarcar entre el 15 de febrero, cuando ocuparon la sede de la SCJ, y este lunes 4 de noviembre, cuando la jueza Gabriela Merialdo procesó a siete activistas, entre ellos varios radicales, sin prisión por el delito de “asonada”. En ese período, estos grupos, principalmente Plenaria Memoria y Justicia, cobraron notoriedad basada en acciones violentas y denuncias de abuso policial (ver cronología).

Este martes, al día siguiente de que la jueza procesó a varios radicales, un oficial mató a un joven en el barrio Santa Catalina, bastión de la ultraizquierda. Allí vive Jorge Zabalza, extupamaro, y Nieves Cancela, una de las voceras de Plenaria Memoria y Justicia. Allí reside un grupo de vecinos organizados que se opone a la instalación de la planta regasificadora en Puntas de Sayago, frente a su barrio. Allí, en setiembre, un grupo de policías golpeó a tres jóvenes sin justificación, tal como denunciaron los vecinos y luego reconoció el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Desde esa zona del oeste de Montevideo, un barrio de trabajadores vinculado desde hace décadas a la izquierda, surgen las principales denuncias de abuso policial y los cuestionamientos más radicales a la gestión de Bonomi. También surge un movimiento ajeno al Frente Amplio que, desde el gobierno, miran con recelo y desconfianza.

Zabalza dijo este miércoles que en el homicidio de Sergio Lemos, el policía disparó “todo un cargador (...) hasta el último tiro y lo mató”.

“Creo que el ministro Bonomi es también partícipe de la creación de un clima que tiene que ver con la impunidad y con un crecimiento de la violencia policial que no lo denuncia este ‘radical’”, agregó, en entrevista con radio Sarandí.

Bonomi le respondió al día siguiente. “Zabalza está constantemente buscando nódulos de radicalización en qué apoyarse (...), ha exagerado situaciones”, dijo el ministro. Y agregó que los “móviles” de su excompañero de guerrilla son “políticos”.

Para la senadora Lucía Topolansky, con sus actitudes, Zabalza “le hace el juego a Pedro Bordaberry”, según advirtió a sus allegados.

El papel del PIT-CNT
La relación del PIT-CNT con los radicales no ha sido siempre amistosa. El 15 de febrero, en la protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota, había dos bandos entre los manifestantes: el PIT-CNT y los grupos radicales. La jueza Merialdo así lo reconoce en el auto de procesamiento.

El diálogo entre las partes, ese día, fue nulo. El dirigente del PIT-CNT, Gustavo Signorele, solicitó a Mota que le pidiera a Irma Leites, líder de Plenaria Memoria y Justicia, que desalojara la sede de la Corte. “Yo me voy a retirar, pero esto es un mandado del PIT al gobierno”, le respondió Leites a Mota.

El PIT-CNT y Plenaria discrepan en la validez de la violencia como forma de protesta, porque Leites la legitima. “Romper vidrios, en determinada circunstancia, es parte de los derechos legítimos de la protesta”, había dicho la líder de Plenaria a El Observador en setiembre.

Cuando el martes Merialdo procesó a Zabalza, Leites, Patricia Borda (dirigente del gremio de docentes de Montevideo), Aníbal Varela (secretario general de Adeom Montevideo) y Álvaro, Diego y Eduardo Jaume (activistas ambientales), el PIT-CNT criticó el fallo judicial por “criminalizar la protesta”. Ese día, ADES Montevideo realizó un paro parcial en respaldo a su dirigente, y el jueves la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) realizó otro con el mismo motivo.

Borda y Varela solicitaron ayer al PIT-CNT que realice un paro en protesta por los procesamientos. Macarena Gelman, hija de detenidos desaparecidos, fue la vocera durante la conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT y solicitó “que este proceso iniciado culmine con la revocación del auto de procesamiento”.

Para el MPP, buscan un diputado
Como Bonomi, Aníbal Pereyra, diputado del MPP, cuestiona la postura de estos grupos radicales. “Algunos militantes que se llaman ‘de la izquierda no frenteamplista’, que se llaman ‘puros’ y ‘revolucionarios’ (...) se separan lo más que pueden de este gobierno para ver si consiguen un diputado en el próximo período”, dijo a El Observador el diputado, quien también reconoce errores del Frente Amplio. “Uruguay mejoró en muchas cosas y eso nos llevó a achancharnos en la militancia. Eso es un error porque otros ocupan los espacios con otros objetivos”, reconoció Pereyra.

“El PIT-CNT tiene 300 mil afiliados. Nunca en la historia del país el movimiento sindical tuvo tantos trabajadores organizados y eso es producto del movimiento obrero y de la izquierda en el gobierno, que votó 60 leyes en beneficio de los trabajadores. Eso significó espacios también para quienes desde el movimiento sindical quieren construir otras cosas, que no es la defensa de los trabajadores, sino espacios de poder”, dijo el diputado del MPP.
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