Basta con googlear “misoprostol”. Nombres, correos electrónicos y hasta teléfonos celulares de quienes venden el medicamento abortivo en el mercado ilegal uruguayo, están a disposición de quien quiera. Además, ya no hay que ir a las inmediaciones de Tres Cruces o el Pereira Rossell para conseguirlo: los vendedores ofrecen el envío a domicilio.
La reglamentación también tendrá que detallar los procedimientos para interrumpir los embarazos.
Francisco Cóppola, expresidente de la SGU, dijo a El Observador que “el mejor método” para abortar durante el primer trimestre de embarazo es la asociación de Misoprostol con Mesipristone. Este último no se vende en Uruguay hoy, por lo que el MSP debería autorizarlo.
Al combinar los fármacos se logra una eficacia de hasta 98% en embarazos menores a nueve semanas. A mayor edad gestacional o mayor edad de la mujer, menor eficacia. El proceso demora una semana y se puede hacer en el domicilio.
En embarazos más avanzados el procedimiento indicado es, según Cóppola, el quirúrgico. Actualmente, ante una interrupción espontánea o una paciente que utilizó Misoprostol pero no logró la evacuación del útero, se recurre a la aspiración fetal. Es una intervención que los médicos califican de menor, de rápida recuperación, pero que como toda cirugía conlleva riesgos. En algunos casos hay que realizar un vaciado más tradicional y agresivo, que es el legrado con cureta.
La ginecóloga y docente de bioética, Marie González, planteó a El Observador sus dudas respecto a que las mujeres que deseen abortar estén dispuestas a recorrer todos los pasos que establece la ley. “Las mujeres que abortan no quieren decirlo”, aseguró la especialista
González cree más probable que muchas se apliquen Misoprostol por su cuenta y luego acudan a la emergencia para evacuar eventuales restos del feto y evitar una infección. En ese sentido, considera crucial que el fármaco esté solo disponible en las mutualistas y se controle su venta ilegal.
Briozzo dijo a El Observador hace algunas semanas que aquellas mujeres que planteen ante el sistema de salud su intención de abortar, pero que se les niegue por haber superado las 12 semanas de embarazo, no serán controladas por el MSP. Aunque es probable que incurran en un delito, realizarles un seguimiento sería “ilegal”, sostiene el subsecretario.
Unos mil dólares por aborto
Según cálculos de González, si se sigue el procedimiento que establece la nueva ley, un aborto costará al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) alrededor de US$ 1.000.
Eso incluye una primera consulta con un ginecólogo, el asesoramiento multidisciplinario (con un médico, un psicólogo y un asistente social), una ecografía diagnóstica de embarazo, la aplicación de Misoprostol (y quizás Mesipristone) y una ecografía post-aborto. Si no se logró la evacuación fetal (algo que ocurre con frecuencia), entonces se deben sumar los costos de una aspiración o legrado (en block quirúrgico, con anestesista y fármacos), la internación por 24 o 48 horas, y dos consultas posteriores.
Actualmente la gran mayoría de las interrupciones se realizan con Misoprostol. Se precisan como mínimo cuatro dosis: dos se toman por vía oral y las otras dos deben introducirse por vía vaginal hasta el cuello del útero. La dificultad que eso supone hace que muchas veces el aborto fracase. Las cuatro dosis se consiguen en el mercado ilegal a $ 700 y en las farmacias, con receta verde, a $ 500. La caja completa cuesta unos $ 5.000.
De acuerdo a una estimación de hace varios años, en Uruguay se realizan 33.000 abortos anuales. La realidad de otros países que han legalizado la práctica, como España, revela que los abortos representan un tercio de los nacimientos. Eso en Uruguay equivale a unos 15.000.
Aunque será materia de reglamentación, los especialistas creen que es muy probable que el aborto se integre al SNIS como una prestación obligatoria más de las mutualistas. De hecho la ley ya prevé que todas las instituciones del sistema asegurarán el servicio a sus socias.
Sin embargo, eso no significa que los costos vayan a correr enteramente por cuenta de las mutualistas. La ley también establece que será un “acto médico no comercial”, con lo que seguramente las usuarias paguen un tique mínimo y el médico no cobre el acto. El dinero podría salir del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) o del Estado.
Las empresas que se nieguen a hacer abortos, como el Círculo Católico, deberán acordar con otras instituciones para que sus socias accedan al servicio. La ley no obliga a ofrecerlo a los seguros privados, ni a otras instituciones que están por fuera del SNIS (Hospital de Clínicas, Policial o Militar).
MSP investiga al Círculo Católico
El presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis Gallo, dijo ayer a radio CArve que el Ministerio de Salud Pública investigará si el Círculo Católico obligó a los ginecólogos que trabajan allí a firmar la objeción de conciencia prevista en la ley, ya que recibió “denuncias” de especialistas al respecto. La titular de la mutualista, Cecilia López, advirtió a El País hace unos días que todos los ginecólogos de la institución habían firmado la objeción porque allí “no se realizarán abortos”.
