La historia de los evacuados será siempre la misma en tanto no se cumplan las leyes ni planes de largo plazo
Grandes inundaciones hicieron que entre 12 mil y 20 mil uruguayos durmieran fuera de sus hogares en los últimos días. Es una historia siempre repetida, variaciones sobre lo mismo, la misma tragedia con los mismos rostros: en mayor o menor escala, en invierno o en verano, en el norte o en el centro del país.
Esta vez los desplazados viven en el litoral norte, sobre la costa del río Uruguay o sus afluentes, en los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú; y no en el centro del país, como ocurre cuando las crecidas son en los ríos Negro y Yi.
Se trata de una riada fuera de serie que afecta al sur de Brasil, a Paraguay, Argentina y Uruguay. Había cerca de 200 mil desplazados a inicios de esta semana, buena parte de ellos en Asunción, la capital paraguaya, por el desborde de los grandes afluentes del Plata.
Se dice que esta es la mayor crecida que ha afectado a Uruguay desde 1959, cuando llovió casi sin parar entre el 24 de marzo y el 23 de abril y decenas de miles de personas debieron huir de sus hogares.
Las centrales hidroeléctricas como Salto Grande o Rincón del Bonete sólo pueden brindar cierta ayuda si la crecida es menor. Pero si el flujo es grande y duradero, deberán abrir sus compuertas, bajo riesgo de que las aguas las pasen por encima, como le ocurrió a Bonete en 1959.
Cuando llueve mucho río arriba, en el sur de Brasil o en el noreste uruguayo, hay que aprontar los camiones, los galpones municipales, los gimnasios cerrados. Los comités de emergencias sacan punta a sus lápices y las organizaciones benéficas reinician el eterno ciclo de recolección de alimentos y vestimenta.
Muchos parecen encantados con esta forma de beneficencia sistemática, pública o privada. Los mismos rostros aparecen en la pantalla día tras día, doliéndose por los perdedores y por las inclemencias del tiempo. Las autoridades y los líderes de la oposición se compadecen y visitan la zona.
Se sabe que hay sismos, incendios, vendavales, inundaciones, sequías, temperaturas demasiado bajas o demasiado altas: el planeta a menudo estornuda y castiga a una parte de sus pobladores, que suelen ser los menos privilegiados. A veces estos fenómenos son imprevisibles. Pero en las recurrentes inundaciones uruguayas también hay una grave cuota de responsabilidad de las autoridades nacionales y municipales, que durante muchas décadas han tolerado la construcción de viviendas en zonas bajas, o han permitido planes urbanísticos inadecuados.
“La culpa es mía, que los dejé construir en zonas prohibidas”, confesó hace algunos años un intendente veterano. La mayoría se va por su cuenta pero otros siempre utilizan la asistencia pública. Según la cantidad de lluvias y el volumen de agua que trae cada río, se sabe a cuántos y a quiénes se deberá transportar, hospedar y alimentar.
La ciudad de Paso de los Toros, construida sobre el río Negro, es un ejemplo paradigmático que habla por el conjunto. Después de la catástrofe del 18 y 19 de abril de 1959, cuando toda la población fue evacuada de urgencia antes que las aguas cubrieran la trama urbana, se demolieron todas las viviendas contiguas al río. Fue sencillo calcular hasta qué cota debería liberarse el terreno, y se invirtió trabajo y dinero en expropiaciones y nuevos desarrollos urbanos. Pero en las últimas décadas se toleró la construcción en áreas prohibidas: primero un ranchito, después tres, ahora decenas. Luego siempre hay algún puntero político que gestiona electricidad y otros servicios. Consecuencia: pese a todos los planes, a toda la experiencia, Paso de los Toros tiene otra vez asentamientos y desplazados, con nombre y apellido, según el caudal que libere la represa de Rincón del Bonete. Es un anacronismo, otra derrota, otra abdicación.
Más o menos lo mismo, con variaciones accesorias, puede decirse de otros casos. Se sabe con precisión lo que ocurrirá, según vengan las lluvias, en zonas pobladas sobre los ríos Uruguay, Cuareim, Negro y Yi, o en las márgenes de los arroyos Ceibal, San Antonio, Cuñapirú, Sacra y muchos otros.
¿Tiene solución? Sí que la tiene, al menos para los casos rutinarios. Es preciso ejercer la autoridad, aplicar las leyes nacionales y los reglamentos departamentales, trazar planes de largo plazo –lotear y construir en zonas altas– y aplicarlos con fervor. Pero eso no suele coincidir con los intereses inmediatos, que son la caridad, el exhibicionismo, la autoindulgencia y la disputa de las próximas elecciones, siempre demasiado cercanas.
Así las cosas, dentro de un siglo habrá más experiencia, más estadísticas y más evacuados. Y se seguirán repitiendo los hechos, los ritos, las lágrimas y las palabras. l
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