Condenado con prisión el sojero que quiso enviar a Europa seis toneladas de cocaína
Llegó a un acuerdo con la fiscal Stella Llorente y fue enviado a la cárcel durante ocho años y dos meses, mientras que su hijo estará seis meses en prisión y dos en libertad vigilada
La Justicia condenó a ocho años y dos meses de prisión a Luis Gastón Murialdo Garrone, el productor sojero que intentó enviar a Europa casi seis toneladas de cocaína que fue incautada a fines de diciembre del año pasado en dos contenedores inspeccionados en el puerto de Montevideo y en otro localizado en su estancia, ubicada cerca de Dolores, Soriano. El caso fue histórico, porque nunca antes se había confiscado tanta cantidad de droga en Uruguay.
Según contaron a El Observador fuentes judiciales, Murialdo fue condenado luego de que su abogado, Enrique Moller, alcanzara un acuerdo con la fiscal de Estupefacientes Stella Llorente, por el cual se resolvió cerrar el caso mediante un proceso abreviado. Este instrumento, implementado desde que funciona el nuevo Código del Proceso Penal, permite evitar el juicio oral –lo que ahorra en tiempo y recursos a la fiscalía– a cambio de una condena menor a la que se exponía, siempre y cuando el imputado acepte la responsabilidad de los hechos, como ocurrió en este caso.
Murialdo fue entonces condenado como autor de un delito de contra orden ilegítima de pago de cheques, un delito de almacenamiento y un delito de exportación de sustancias estupefacientes prohibidas, este último en grado de tentativa, según dice la sentencia a la que accedió El Observador.
En la misma audiencia, Llorente ratificó un segundo acuerdo con el hijo de Murialdo a quién condenó por un delito de asistencia a las actividades delictivas del narcotráfico en calidad de autor, y fue enviado a prisión durante seis meses, mientras que otros dos los cumplirá bajo régimen de libertad vigilada
También fueron condenados los dos peones que habían sido detenidos con Murialdo el mismo día de las incautaciones. En una audiencia celebrada el 9 de marzo, la Justicia condenó a lo dos hombres –también a través de un proceso abreviado– a 10 meses de prisión, aunque solo estuvieron en la cárcel durante dos meses y 15 días, porque como parte del pacto se acordó que el resto de la pena –siete meses y 15 días– fuera cumplida bajo régimen de libertad vigilada, con la "suspensión de derechos políticos y de cargo u oficio público", de acuerdo al fallo al que también accedió El Observador.
El operativo histórico
El 27 de diciembre, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas llevó adelante una serie de allanamientos en la chacra de los imputados –localizada en el kilómetro 292 de la ruta 21– en donde fueron encontrados cerca de 1.400 kilos de cocaína –distribuidos en 1.300 ladrillos–, que se sumaban a los 4.418 kilos que las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) confiscaron en dos contenedores en el puerto.
Según las estimaciones realizadas por la Brigada Antidrogas, el valor de toda la cocaína incautada ronda los US$ 230 millones en el mercado europeo, y unos US$ 40 millones valuados en el mercado local. Aunque para el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, la suma supera los US$ 1.000 millones.
Los contenedores fueron abiertos, porque en la DNA se sospechaba desde hacía meses de Camelia Sociedad Agraria, una compañía que había sido abierta aproximadamente seis meses antes de las incautaciones con el objetivo de realizar principalmente exportaciones de soja a Togo, un país africano ubicado al norte del Golfo de Guinea que es destino poco usual para productores uruguayos.
De acuerdo a los datos aduaneros a los que accedió El Observador por esos días, Murialdo había hecho tres exportaciones en diciembre –los días 11, 12 y 20–, y la sociedad era la única que exportó esa mercadería a Togo en 2019. Llevó a ese país un total de 239 mil kilos de “residuos sólidos de la extracción de aceite de soja harina y pellets”, como consta en la documentación.
Por esos motivos, en algunas de las exportaciones de Murialdo, la mercadería había sido evaluada como de riesgo por la DNA; o sea, exportada bajo el denominado canal rojo, lo que quiere decir que los contenedores de envíos anteriores durante el año pasado debieron pasar por el escáner del puerto.
“Le realizamos un seguimiento. Nos consta que nos tantearon, porque el primer envío lo controlamos y no tuvo efecto positivo; al segundo envío también le realizamos controles y no tuvimos resultados: fueron escaneados seis contenedores en esa oportunidad”, había declarado en una conferencia de prensa el 28 de diciembre el director de la DNA.
