Cableoperadores afirman que habilitación del MEC no fue correcta; la entidad de gestión de derechos prefirió no responder y aseguró que "confía plenamente en la Justicia"
La decisión de la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) de salir a cobrar a los comercios que tengan TV en sus locales disparó la polémica sobre el control que existe de los derechos de autor.
El abogado Alejandro Sciarra, que asesora a las empresas de televisión por cable del interior, aseguró que los derechos que defiende Egeda son válidos siempre y cuando pueda demostrar la representación de los productores audiovisuales.
Egeda recibió la autorización para operar en Uruguay en 2007, a través de una resolución que firmó el entonces ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, y el vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa.
El texto asegura que la asociación "cumple con los requisitos legales y reglamentarios" para operar. Previo a ser aprobadas, las entidades de gestión colectiva deben acreditar que representan "a un número suficiente" de socios, así como también contratos que avalen la representación recíproca con sociedades extranjeras, según se desprende del decreto reglamentario de la ley de derechos de autor.
Sciarra indicó que la autorización emitida por el MEC "no es correcta". "Tengo una copia del expediente y no se acreditó la representación de casi ninguna entidad extranjera o de productores uruguayos", agregó. Otro abogado -que defiende a una de las empresas en Montevideo y prefirió no ser identificado- usó el mismo argumento para mostrarse en contra de la asociación.
Las cámaras empresariales también desconfiaron sobre a quiénes incluye la representación de Egeda y por eso se niegan a pagar.
Por otro lado, el abogado señaló que, si bien la norma les da autorización para defender los derechos de comunicación pública, de exhibición y de retransmisión de sus representados, habría que ver caso a casi si no existen contratos en los cuales los productores ya hubiesen cedido esos derechos. "He visto contratos en los que se detalla qué es lo que queda por fuera", señaló.
Egeda Uruguay se encuentra en litigio con varias empresas de cable de Montevideo debido a que se niegan a pagar por el derecho de retransmisión de los contenidos audiovisuales. La directora de la entidad, Helena Nosei, dijo a El Observador que sus abogados no quieren "entrar en la polémica" y que Egeda "confía plenamente en la Justicia".
La asociación informó días atrás a El Observador que a principios de mes empezará una campaña para empezar a cobrar licencias a los comerciantes que tengan TV a la vista del público, debido a que entienden que están realizando comunicación pública sin la autorización de los productores.
Una ley mal hecha
El movimiento Derecho a la Cultura, que surgió en 2013, también se mostró disconforme con la decisión de Egeda de salir a cobrar a las empresas por los derechos de comunicación pública de las producciones audiovisuales.
El grupo, formado por artistas, estudiantes, docentes, y asesorado por abogados, asegura que la ley está mal hecha y que tiene "demasiados agujeros" que pueden dar lugar a abusos, dijo a El Observador la vocera de Derecho a la Cultura, Mariana Fossatti.
Luego de que se conociera la decisión de la gestora de empezar a fiscalizar que los comercios tengan licencias de comunicación pública, el colectivo se reunió para analizar el hecho. "Es muy grave que quieran cobrar un canon que ya está pago de forma redundante. Porque la producción audiovisual ya fue remunerada cuando el producto fue adquirido por las canales, y se volvió a pagar cuando las cableoperadoras compraron los derechos", agregó Fossatti.
En este sentido, la vocera de la organización expresó que, al cobrarle la licencia a las empresas, se estaría recibiendo dinero por tercera vez sobre la misma cosa, algo que además afecta a las "pequeñas empresas".
Otro argumento que presenta Derecho a la Cultura para estar en contra de Egeda es que la mayoría de los contenidos audiovisuales que se divulgan en Uruguay son extranjeros, por lo que en realidad tampoco beneficia en gran medida a la producción local.
"Y lo más preocupante es que la ley habilita a que cualquier asociación pueda aparecer mañana, y pedir licencias por el uso de libros en las bibliotecas o en cualquier lugar donde se dé la comunicación al público", advirtió la vocera de la agrupación.
Derecho a la Cultura pretende presentar en este período de gobierno un proyecto para reformar la ley 17.616 de derechos de autor, para que en la nueva norma se incorporen los derechos de los autores y de los usuarios de las obras.
