Cientos de personas en la ciudad de Filadelfia, en la costa oeste de los Estados Unidos, saquearon diversos comercios de tecnología y ropa, lo que produjo algunas detenciones por parte de la policía local.
Los hechos sacuden el país y podrían tener vinculación con un polémico fallo que favoreció a un policía que mató a un hombre afrodescendiente. En efecto, estos desbordes se produjeron después de una protesta pacífica contra la decisión del pasado martes por parte de un juez que desestimó cargos de homicidio y otras acusaciones contra el oficial de la policía de Filadelfia Mark Dial que baleó de muerte a Eddie Irizarry, un ciudadano afrodescendiente que estaba en su auto y el agente lo mató a través de la ventanilla.
Tras la manifestación y la decisión judicial, grupos de jóvenes entraron en varias tiendas del área central de la ciudad, como Footlocker, Apple Store y Lululemon y cagaron mercadería de modo violento.
La Policía emprendió una persecución contra varios jóvenes logrando recuperar teléfonos móviles y otros productos. En videos difundidos en redes sociales, se ve a adolescentes corriendo para salir de la tienda de indumentaria deportiva Lululemon, mientras agentes detienen y derriban a varios de ellos en la vereda. Hasta el momento no se informó que haya heridos.
El comisionado interino de policía, John Stanford, aseguró a NBC Philadelphia que se habían realizado entre 15 y 20 detenciones y se habían recuperado dos armas de fuego, pero no estaba seguro de si estaban relacionadas con el saqueo.
Los disturbios coincidieron con el anuncio de la empresa Target de que cerraría nueve de sus tiendas en cuatro estados, incluyendo una ubicada en el vecindario de East Harlem de la ciudad de Nueva York y otras tres en el área de la Bahía de San Francisco.
La empresa argumentó que la decisión se debe a la creciente incidencia de robos y “actividades del crimen organizado” en tiendas minoristas, lo que había puesto en riesgo la seguridad de sus empleados y clientes.
El alcalde de Filadelfia estimó que aproximadamente mil personas estuvieron involucradas en los saqueos y actos de violencia. En la zona norte de la ciudad se registraron daños significativos en varios comercios y cajeros automáticos.
Incidentes similares se repitieron en algunas grandes ciudades de Estados Unidos en los últimos meses. Se acuñó el nombre smash and grab -rompe y agarra- para proceder a estos robos por parte de jóvenes, en su mayoría afros, en su mayoría de barriadas pobres.
Los asaltos se realizan a plena luz del día, con las tiendas abiertas y en general sin que la policía llegue a tiempo de intervenir. El martes, la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos había alertado del auge de estos desbordes y cifraba las pérdidas de los comercios en U$S 112.000 millones a lo largo de2022.
Las redes sociales muestran videos de estos saqueos. En uno, del mes de agosto, un grupo de entre 30 y 50 encapuchados irrumpieron en la tienda Nordstrom de Topanga, al noreste de Los Ángeles, y se llevaron productos de lujo como bolsos de diseño. Los saqueadores utilizaron un espray repelente para neutralizar a los empleados de seguridad de la tienda.
Las agencias de noticias y la prensa de Estados Unidos exhiben el desborde y las violaciones a las leyes. Pocos refieren a la violencia contenida por los recurrentes hechos violentos de la policía contra personas afro, ni tampoco a las profundas diferencias sociales de la primera potencia mundial, cuya distribución del ingreso fue muy regresiva en las últimas décadas y se profundizó en el mandato de Donald Trump.
Los empresarios deciden cerrar negocios o fortalecer las medidas de seguridad. Brian Cornell, presidente del grupo Target, había denunciado “una cantidad inaceptable de hurtos y delincuencia organizada en el comercio minorista. Por desgracia, los incidentes de seguridad asociados al hurto van en la dirección equivocada. En los cinco primeros meses de este año, nuestras tiendas registraron un aumento del 120% en los incidentes de hurto con violencia o amenazas de violencia”, dijo a la prensa.
Ese tipo de saqueos violentos aumentan las tensiones sociales. No son del todo nuevos y hay antecedentes en varios lugares del país. California sufrió una intensa oleada hacia las navidades de 2021, lo que llevó al gobernador demócrata Gavin Newsom aumentar la inversión pública en seguridad en unos U$S 300 millones en tres años. Las autoridades se enfocaron en elevar la presencia de policías en centros comerciales y negocios saqueados.
Las cinco ciudades o áreas metropolitanas más afectadas por los episodios de crimen organizado son Los Ángeles, San Francisco/Oakland, Houston, Nueva York y Seattle, según la patronal del sector. Las dos primeras están en California. A mediados de setiembre, el gobernador Newsom recordó que aún dispone de cerca de U$S 267 millones que dará a 55 departamentos de policía.
Los sectores conservadores sostienen que la proliferación de los asaltos en California es el resultado de la aprobación en 2014 de la Propuesta 47, que hizo menos graves algunos delitos contra la propiedad si quien los cometía no tenía antecedentes penales, con el fin de desahogar las saturadas prisiones del Estado, el más poblado del país.
Los activistas en favor de la reforma penal, como la Unión de Libertades Civiles (ACLU), defienden que la propuesta no es responsable del incremento de este tipo de robos. De acuerdo con las leyes de California, cualquiera que robe objetos cuyo valor supere los U$S 950 comete un delito grave.
En el estado de Washington, donde también se han registrado episodios similares, el tope es incluso más bajo, U$S 750. Texas tiene un techo de hasta U$S 2.500, para clasificar los crímenes de baja cuantía.
Las autoridades demócratas de California argumentan que nadie que cometa este tipo de delitos queda impune, como afirman los republicanos al señalar que la región es blanda en su trato con el crimen.
El 2022, hubo un incremento de 6,2% respecto a 2021, según datos brindados por la gobernación de California. Rob Bonta, el fiscal estatal, intentó verlo con optimismo asegurando este verano que la cifra estaba lejos del máximo histórico de 6.800 delitos de este tipo ocurridos en 1980.
