Defensa debe pagar US$ 200 mil por muerte de alférez
En 2009 un hombre murió durante un curso; la cartera debe pagar por los daños ocasionados a la familia
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28 de julio de 2016 a las 09:57
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El Ministerio de Defensa deberá pagar al menos US$ 200 mil a los familiares de un alférez de 25 años que en 2009 falleció durante un curso de comando en la Escuela Militar de Toledo. Sus instructores no le permitieron salir a la superficie en varias ocasiones, por lo que el joven murió ahogado en una piscina.
Según el relato de los testigos, el hombre ya había sufrido cansancio y hostigamientos anteriores que determinaron que tuviera que descansar al borde de la escalera por 10 minutos escupiendo agua en varias oportunidades hasta que murió.
Ante la noticia, el presidente Tabaré Vázquez ordenó al Ministerio de Defensa eliminar los actos violentos durante los cursos del Ejército, según informó El País.
Los familiares de la víctima iniciaron una demanda al Estado por daños y prejuicios tres años después de la muerte, en julio de 2013. Reclamaron daño moral, lucro cesante y premuerte sufrida por la víctima. En total, pedían una indemnización de US$ 733 mil.
El Ministerio de Defensa alegó que el alférez estaba en un curso de comando y tenía plena conciencia de los riesgos propios de esta actividad. Pese a eso, la Justicia destituyó a los instructores y los procesó por homicidio, dictaminando para ambos la prisión domiciliaria.
De acuerdo con la sentencia del 16 de junio, el juez Letrado en lo Contencioso Administrativo de 3º Turno, Pablo Eguren, estimó que a la esposa del fallecido le corresponde una suma de US$ 500 mil por el daño moral padecido.
Además, Eguren recibió el reclamo de vivienda y daño emergente que presentó la viuda, por lo que sumó otros US$ 7 mil que deberá pagar el ministerio. En total, la viuda del alférez recibirá $ 1.710.00 (US$ 57.000), más intereses legales.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa también deberá pagar US$ 80 mil a los padres del muerto y US$ 45 mil a las tres hermanas. Esto suma US$ 182.000, a lo que se agregan los intereses y el valor de la vivienda, que operadores judiciales estiman llevará la cifra a pagar a más de US$ 200.000.
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